El juez que investiga a García Ortiz reclama a la Fiscalía una copia de la normativa interna del uso de teléfonos y ‘mails’

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa contra el Fiscal General del Estado por la supuesta filtración de un correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este miércoles a la Fiscalía una copia de la normativa interna sobre el uso de móviles y mails y pregunta si el anterior terminal de Álvaro García Ortiz fue formateado. El instructor se dirige a la Fiscalía después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyera que no pudo encontrar ningún mensaje enviado ni recibido en el teléfono móvil de García Ortiz de las fechas en las que se centra la investigación porque el fiscal general había cambiado de teléfono recientemente y había borrado los mensajes antiguos. Fuentes fiscales han explicado que el contenido del anterior teléfono se eliminó de acuerdo a una instrucción en materia de protección de datos dictada en 2019 y la guía difundida por el delegado de protección de datos de la Fiscalía en 2022, pero la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal de delitos Económicos Julián Salto, aseguraron en sus declaraciones ante el juez como testigos que desconocían esos documentos y que no seguían ese protocolo.

En un auto dictado este miércoles, Hurtado acepta dos de las diligencias solicitadas en diciembre por las acusaciones personadas en la causa contra el fiscal general. La primera, requerir al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal que aporte una copia de los protocolos o la normativa interna existente en esa institución, y, específicamente, en Fiscalía General del Estado, relacionada con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo (particulares y corporativos) por los miembros de la carrera.

En la segunda, el instructor accede a requerir al departamento de informática de la Fiscalía General que detalle “la relación de ocasiones” en las que el fiscal general ha cambiado de móvil. En ese documento, la Fiscalía tendrá que precisar los datos de referencia de cada terminal; los dispositivos móviles entregados por García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 a la Fiscalía General del Estado; e informar sobre si los anteriores dispositivos móviles han sido formateados; y, en caso afirmativo, la identidad de la persona que haya procedido al formateo, la fecha en la que dichos formateos se hayan producido, y el software utilizado.

En el mismo auto, el juez rechaza otras diligencias que habían pedido las acusaciones, como citar como testigos a los exsecretarios de Estado de Comunicación Ion Antolín y Frances Vallés y a la exjefa de gabinete de Óscar López Pilar Sánchez Acera y a la directora de comunicación del Ministerio de la Vivienda Laura Sánchez Espada, que, según la UCO, tuvieron acceso al correo filtrado antes de que se difundiera en los medios de comunicación. El instructor no ve razones, “por ahora” para citarlos, pero deja la puerta abierta a hacerlo más adelante, en función de cómo avance la instrucción. Hurtado explica que tendrá que valorar “hasta qué punto puede ser relevante su toma de declaración de cara al esclarecimiento de los hechos, que deberá ser ponderado en una resolución aparte”.

Lo que sí descarto del todo el juez es rastrear los teléfonos móviles de varios periodistas, como había reclamado la defensa de la pareja de Ayuso. El instructor lo rechaza “dada su condición de periodistas en activo, y la afectación que la medida pudiera tener para su secreto profesional, y la especial protección que merecen las fuentes de información”. “En ningún caso, y cualquiera que fuere ese resultado, se accederá a diligencia alguna que puede suponer afectación al secreto periodístico”, asegura el juez.