El Gobierno apoya al fiscal general del Estado y cree que el Supremo lo imputa “sin ninguna prueba concreta”

El Gobierno mantiene el apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, y “no comparte” la decisión del Supremo de llamarlo a declarar como imputado. El Ejecutivo, a través de la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha trasladado de nuevo la “confianza y apoyo absoluto al fiscal general” después de su citación como imputado. El Ejecutivo ha cambiado además el tono respecto a las decisiones judiciales que no le gustan, como esta del Supremo. Alegría ha mostrado su respeto, como es habitual para garantizar la separación de poderes, pero se ha metido de lleno a opinar sobre la decisión y ha señalado que “no hay ninguna prueba concreta contra el fiscal”. “No compartimos la decisión [del Supremo] sobre su imputación. El origen del delito está en la pareja de la señora Ayuso, que hace casi un año que conocimos que había cometido dos delitos fiscales y todavía ni ha declarado. Los bulos están donde están, en el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que no ha dudado en utilizar todas la amenazas para proteger a la pareja de Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez explicó en el Supremo sus mentiras y sus bulos. Esa es la realidad en la que estamos”, ha asegurado la ministra. Pilar Alegría además ha rechazado pronunciarse sobre un hipotético juicio oral a García Ortiz. “Este Gobierno siempre va a apoyar a quien persigue el delito y no a quien lo comete. Y las filtraciones y los bulos están donde están, en el equipo de la señora Ayuso”, ha contestado. Alegría también ha reprochado las alusiones del auto del juez del Supremo hacia la posible implicación de Presidencia del Gobierno en la filtración. “No vamos a entrar en elucubraciones, no hay ninguna base documental. No hay indicios”, ha contestado.

La ministra también ha defendido la propuesta del PSOE para limitar la acusación popular, algo que también ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que es juez. Marlaska ha admitido que la acusación popular ha sido importante para impulsar casos relevantes de corrupción en el pasado, pero cree que ahora se ha llegado a excesos evidentes y ha recordado que aunque se eliminara su papel de forma retroactiva, como plantea la proposición de ley, y por tanto, de sacar a las acusaciones populares de investigaciones en curso como las que afectan a la esposa y a la mujer del presidente del Gobierno, seguiría en el proceso la fiscalía. Alegría ha recordado además que la acusación popular tal como la tiene España “es una figura extraordinaria, que tienen solo España y Andorra”. Además ha recordado las frases de varios dirigentes del PP en 2016 y 2017 en las que rechazaban los excesos de las acusaciones populares en el caso Gürtel y otros y pedían una modificación, incluido el líder de ese momento, Pablo Casado. Frente a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, que habla de un Watergate, Alegría le ha pedido que hable del fraude fiscal de su pareja: “menos política hiperventilada y más explicaciones. Desde que nos explicó que Hacienda debía dinero a su pareja, anda que no ha llovido. Lo que sabemos es que hay una persona que ha admitido haber cometido dos delitos y ni siquiera ha declarado aún”.

Citación del novio de Ayuso

Precisamente hoy la Fiscalía de Madrid ha pedido a la jueza que cite ya a declarar a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en su investigación por supuesto fraude a Hacienda, entre otros delitos, para evitar que corran los plazos de instrucción ya que en marzo se cumple un año desde que se abrió el caso. El ministerio público ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en el que solicita que tome declaración al empresario y a los otros cuatro investigados, cuyas comparecencias se han suspendido ya hasta en tres ocasiones. González Amador está siendo investigado desde hace casi un año por presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros entre 2020 y 2021 y falsedad documental, aunque recientemente la jueza amplió su investigación a otros delitos por la presunta utilización de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con la empresa Quirón Prevención. La Fiscalía recuerda que la ley impone un plazo de un año a la instrucción, que vencerá este mes de marzo, y aunque admite que es prorrogable, indica que no se puede valorar la necesidad de prórroga si no se toma declaración a los investigados y se estudia si son necesarias más diligencias.