Huir de la guerra y enfrentarse al rechazo: el periplo de los refugiados palestinos en España

Ahmed D.W., palestino de 28 años, decidió abandonar su casa cuando sintió que su vida corría peligro. Su situación llegó a un punto de “inestabilidad e inseguridad” insoportable por la guerra en Gaza, desatada el 7 de octubre de 2023 y que ha dejado más de 43.000 palestinos muertos, y por la represión de Israel en Cisjordania, donde vivía. Algunos amigos suyos fueron detenidos. Otros, asesinados. Vivía entre “controles arbitrarios e indiscriminados” del ejército israelí. El incidente definitivo fue la paliza que recibió por parte de los militares en uno de esos controles. Preparó la documentación, solicitó un visado de turista y cuatro meses después, el pasado 22 de octubre, aterrizó en Barcelona. Nada ha sido fácil desde entonces. Aunque España reconoce el asilo al 91% de los palestinos que piden protección, llegar a formalizar la solicitud es un calvario. Ahmed, sin conocidos en la ciudad, sin hablar el idioma y con los pocos ahorros de toda su vida, se vio viviendo en la calle y en casas de desconocidos a la espera de conseguir una de las preciadas citas para tramitar su solicitud.

El joven palestino eligió España porque había oído hablar de la solidaridad de los ciudadanos con la causa palestina. Le llegaba información sobre las numerosísimas protestas que ha habido en distintas ciudades españolas contra los ataques de Israel. Sintió “cercanía con el pueblo español”, algo que le daba una seguridad que, en otros países, no habría sentido. Además, explica que el consulado facilita los trámites para el visado siempre y cuando se cumplan los requisitos —vuelos, seguro médico y de viaje, últimos extractos bancarios…—. “Otros países no te aceptan ni cumpliendo los requisitos”, expone.

Los 300 euros que le quedaron después de costearse el viaje se esfumaron rápidamente en comida y viajes de metro. Cuando le sorprendía la noche, dormía donde podía. Ni hablar de pagar un hostal o un hotel. Tuvo la fortuna de dar por casualidad con la comunidad palestina barcelonesa, que le buscó una familia que le acogió y le ayudó a lidiar con todos los trámites burocráticos por los que tuvo que pasar. Ahmed aún no está en situación irregular, porque formalmente es un turista con un visado en vigor. Pero en su situación no puede optar a una tarjeta sanitaria, ni al abono de transporte, ni a clases de español para inmigrantes. Se le complica acceder a recursos básicos como conseguir unas medicinas y, obviamente, encontrar un trabajo. Tiene titulación en administración de hospitales y ha trabajado de cocinero, pero por el momento tiene que vivir de lo que aportan las personas de la comunidad. Gracias a la ayuda recibida, consiguió una cita con la Policía casi dos meses después de aterrizar en Barcelona y se encuentra a la espera de que Cruz Roja le derive a un centro de acogida para solicitantes de asilo y liberar así el sofá de su familia de acogida.

Saif Abukeshek, también palestino residente en Barcelona, es uno de los encargados de acompañar a sus compatriotas en la odisea burocrática. Tiene 44 años y llegó a los 23 para estudiar. Desde el 7 de octubre de 2023, ha tenido que ejercer de traductor decenas de veces entre solicitantes de asilo con policías y funcionarios. Abukeshek explica indignado que, en una ocasión, un funcionario cuestionó que un palestino necesitase dinero para la tarjeta del metro porque llevaba una gorra. “Como trabajador social, no tienes que preguntar por qué tienes una gorra. Es una manera de hablar acusativa, como un interrogatorio”, manifiesta.

Ahmed explica con resignación que no es una cuestión que afecte solo a los palestinos, sino que todos los refugiados se enfrentan a los mismos problemas. España alcanzó en 2023 un récord histórico en peticiones de protección internacional: más de 163.000 solicitudes, en su gran mayoría de ciudadanos de países latinoamericanos. Este año está a punto de superar ese récord: hasta noviembre, la cifra ya superaba las 155.000. El enorme caudal de peticiones lleva años poniendo contra las cuerdas al sistema. Según el Ministerio del Interior, la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) creó en 2023 “un grupo de trabajo” para mejorar el servicio de Cita Previa en la Administración.

El principal problema con el que se encuentran es que no hay citas para formalizar las solicitudes de asilo. Si bien “intentan que en el caso de Palestina se tramiten más rápidamente”, las líneas telefónicas de la Policía están saturadas, indica Elena Muñoz, coordinadora estatal del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Los palestinos no son un colectivo muy numeroso entre los solicitantes que llegan a España (más del 80% vienen de Latinoamérica), algo que se explica por las dificultades que tienen para huir. Desde el 31 de octubre de 2023 al mismo día de 2024 se aprobó el asilo de 374 de los 704 solicitantes, se han archivado 77 casos y solo ha habido uno denegado. La tasa de reconocimiento de los palestinos es de las más altas (91%, según Acnur). Esto no quita que, al igual que los refugiados de otras nacionalidades, día tras día, llamen cientos de veces para concertar una cita mientras sobreviven sin apenas recursos ni documentación.

“Protección retórica”

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado su compromiso humanitario con Palestina, ha impulsado su reconocimiento como estado independiente y ha pedido un alto el fuego inmediato. “La protección de los palestinos no puede ser retórica, tiene que ser una medida para oponerse de forma efectiva a un genocidio, porque los Gobiernos occidentales tienen medios sobrados para hacerlo”, apunta el fiscal César Estirado, que denunció la extradición de un palestino el pasado que pidió asilo en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) el pasado 27 de noviembre.

En el comunicado, difundido en redes por la Asociación Progresista de Fiscales, Estirado exigía que, “ante la situación de genocidio y la persecución que pueden sufrir en su territorio”, se agilicen los trámites de asilo para los palestinos. También alude a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y a Yoav Gallant, su exministro de Defensa. Por ello, Estirado argumenta que “se deberían poner en marcha medidas automáticas de protección colectiva”, como tienen los ucranios o los venezolanos. Además, pide dar a los refugiados los medios materiales necesarios para que puedan vivir dignamente hasta la resolución de sus solicitudes.

Sin estos medios, algunos palestinos se ven obligados a tomar decisiones desesperadas para solucionar su situación. Salah Shelbaya, palestino en Madrid y vicepresidente de la Asociación Hispanopalestina, también ayuda a los refugiados que llegan huyendo de la guerra y recuerda la historia de uno de ellos que, como tantos otros, acabó dependiendo del mercado negro de las citas. Este palestino, que esperaba el ansiado trámite con la Policía para tramitar su solicitud de asilo, estuvo a punto de pagar 350 euros a un estafador que le prometió una cita. También hizo un viaje de ida y vuelta a Alemania para entrar otra vez por la sala de migraciones del aeropuerto en Madrid y pedir el asilo allí. Pero al formar parte del espacio Schengen, entró directamente a territorio español sin pasar por la policía migratoria. Después de siete meses en Madrid, ha tenido que regresar a Palestina, con la esperanza de volver a conseguir un visado y, esta vez, hacer la solicitud de asilo en el aeropuerto.

Los palestinos que, en mejores o peores condiciones, consiguen estabilizarse en España saben de compatriotas que se han enfrentado a esto. Ahmed los conoce. Cuando no tienen la “suerte de encontrar una familia que les facilite las cosas, se vuelven a su casa”, poniendo su vida en riesgo. Saif puntualiza: “Que estén en su casa no significa que estén seguros”.