Once horas de registro interrumpidas para avisar a un abogado que asistiera al fiscal general

Sobre las 12.00 del mediodía del miércoles, cuando el país digería sobrecogido la magnitud de la dana en el este peninsular, un grupo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegaba a la Fiscalía General del Estado. Su presencia no llamó la atención a casi nadie en un edificio custodiado por agentes de este cuerpo y donde las visitas de la UCO son relativamente frecuentes para intercambiar datos sobre investigaciones en curso. Pero en esta ocasión los agentes venían a cumplir un mandato judicial sin precedentes: intervenir todos los dispositivos informáticos y telemáticos del fiscal general del Estado. La orden la había dado el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa abierta a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos derivado de la supuesta filtración de un correo electrónico que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, envió a la Fiscalía para intentar alcanzar un pacto que le librara de la cárcel.

El abogado de González Amador había pedido que se intervinieran las comunicaciones del fiscal general, pero la orden de entrada y registro firmada por el juez Hurtado supera las expectativas de la pareja de Díaz Ayuso. Su abogado solo había reclamado el cruce de correos entre García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en el caso, entre el 5 y el 18 de marzo de 2024, y aquellos mensajes que incluyeran el siguiente texto : “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Este era el contenido del correo que el abogado envió a la Fiscalía de delitos económicos el 2 de marzo y cuya filtración a los medios de comunicación considera delictiva el Supremo.

Pero el auto firmado por Hurtado autorizaba a “la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente” de cualquier tipo de material o soporte informático y telemático “que haya podido ser empleado o que pudieran servir como indicios o pruebas de la comisión de los hechos objeto de la investigación”. La orden del instructor era que la UCO se hiciera con el control total de todos los dispositivos informáticos y móviles del fiscal general. El objetivo, según precisaba Hurtado en su auto, era “extraer la mayor información posible de los dispositivos móviles”, incluida la almacenada en las cuentas de correo personales, los servicios de mensajería o las redes sociales que pudiera tener activadas el fiscal.

Los agentes, según fuentes cercanas a la investigación, enseñaron la orden judicial al llegar a la sede del Ministerio Público y fueron dirigidos al despacho de García Ortiz. Allí llegaron también la letrada de la Administración de Justicia del Supremo asignada al caso y la teniente fiscal del alto tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, que representa a la Fiscalía en este procedimiento y que no había sido informada del registro hasta ese momento. El juez, aunque acababa de declarar secreta la causa, estaba obligado a notificar a la Fiscalía la orden que había dado a la Guardia Civil. Hurtado lo había hecho con poca antelación, reduciendo al mínimo el riesgo de que la operación fuera conocida antes de tiempo por el propio fiscal general. La misma fórmula se había empleado para notificar el registro del despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, realizado también por la Guardia Civil de forma simultánea al de García Ortiz.

Aviso a la Abogacía del Estado

Una vez iniciado el registro, la UCO y la letrada de la Administración de Justicia fueron advertidos de que García Ortiz ni siquiera tenía todavía abogado. Hacía menos de dos horas que el juez había notificado un auto en el que requería al fiscal general para que nombrara a un letrado y un procurador que le representaran en la causa, por lo que esta designación todavía no se había producido. Los responsables del operativo argumentaron que la ley no exige que el abogado esté presente en un registro, pero, finalmente, accedieron a suspender la operación para avisar a la Abogacía del Estado, que va a llevar la defensa del jefe del Ministerio Público. La urgencia hizo que se desplazara a la Fiscalía General un abogado que estaba de guardia, que no va a ser el que lleve el caso.

El registro se prolongó durante 11 horas, las que necesitó la UCO para copiar íntegramente el contenido del ordenador de mesa del fiscal general, el portátil, sus dos teléfonos móviles (uno oficial y otro personal), la tableta y varios pendrive. Miembros de las fuerzas de seguridad especializados en este tipo de diligencias (conocida como volcado o, más tecnicamente, clonado) explican que el objetivo es hacer una copia exacta y fidedigna del contenido de un equipo para que los investigadores puedan trabajar con él en busca de indicios del delito que se investiga. Aunque el juez puede delimitar lo que se busca a archivos o carpetas muy concretas ―lo que se conoce como “copia selectiva”―, lo habitual es que reclame a los agentes el denominado “clonado bit a bit”, es decir, copiar toda la memoria del dispositivo, incluida aquella parte que puede estar vacía. “Se copia todo, incluido los gigas que aparentemente no tienen ningún archivo para, precisamente, buscar en ellos el rastro de documentos que pudieran haber sido borrados”, explica uno de estos agentes.

Para ello, los agentes disponen de clonadores, dispositivos que cuentan con una herramienta informática forense ―la más utilizada es una desarrollada por la empresa israelí Cellebrite― que permite trasladar copias exactas de los equipos informáticos a discos duros externos acompañados de un código alfanumérico único que garantice que su contenido no puede ser manipulado. Todo este proceso, individual con cada uno de los dispositivos, puede durar varias hora. En el caso de los teléfonos móviles, se realiza también con este software lo que se conoce como rooteo -el juez del Supremo que ordenó el registro del despacho de García Ortiz lo mencionaba expresamente en su auto- para poder acceder a toda la información del dispositivo, también la que se almacena en aplicaciones de geolocalización como Google Maps o las de mensajería instantánea Whatsapp. “Esto nos permite entrar ‘por la puerta de atrás’ de la carpeta del sistema del teléfono móvil y nos hace visible mucha más información de la que tiene un usuario convencional”, destaca uno de estos agentes especializados. Los agentes fueron devolviendo al fiscal general cada uno de los dispositivos a medida que terminaban de clonarlo.

En el despacho de García Ortiz, la UCO estuvo asistida por informáticos de la Fiscalía, que les guiaron para, por ejemplo, acceder al servidor de correo electrónico corporativo. El juez había reclamado específicamente los enviados y recibidos por el jefe del Ministerio Público desde el 8 de marzo. Esta fecha coincide con el día posterior al que la fiscal jefa provincial se dirigió al fiscal encargado de investigar a González Amador, Julián Salto, para que le enviara una copia de todo el expediente relacionado “con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

Los correos recabados por la Guardia Civil por orden del juez abarcan hasta el mismo día del registro, lo que puede incluir mensajes de García Ortiz relativos a la causa que el Supremo ha abierto contra él. Ahora será la UCO la que tenga que cribar qué información envía al instructor. “En cualquier investigación, solo aquellos archivos que tienen que ver con las pesquisas, se trasladan a la causa. El resto no se utiliza”, aclara el agente. En esta ocasión, el juez autorizó a la Guardia Civil a requisar toda la documentación “en soporte digital o papel” que consideraran relevante para la investigación, pero los agentes no se llevaron ningún documento impreso del despacho de García Ortiz. Del de la fiscal provincial, sí requirieron, en cambio, una copia en papel del correo del abogado de González Amador al fiscal de delitos económicos cuya filtración investiga el Supremo.