La guerra de Gaza, el arma arrojadiza con la que derecha e izquierda libran su batalla interna en España

Con una kufiya (pañuelo palestino) en los hombros, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunciaba hace una semana, en la clausura de la Uni de Otoño de su formación, que sometería a consulta de sus bases poner dos condiciones para apoyar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado: la bajada drástica de los alquileres y la ruptura con Israel. “Hay millones de personas decentes que no pueden entender que el Gobierno nos esté convirtiendo en cómplices de un genocidio y que en un año hayamos sido incapaces de frenar la compraventa y tránsito de armas”, alegó.

La pregunta que los inscritos en la formación de Belarra pueden contestar hasta las 23.59 horas de este domingo dice lo siguiente: “¿Estás de acuerdo en que Podemos pacte con el Gobierno actuar contra el Estado genocida de Israel y frenar a la crisis de la vivienda para dar su voto a favor de los Presupuestos Generales?” Y concreta estas exigencias en la rebaja por ley de los alquileres en un 40%, la prohibición de comprar viviendas que no sean para residir en ellas y el desmantelamiento de “los comandos escuadristas como [la empresa] Desokupa”, de un lado. Del otro, la ruptura inmediata de “relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado genocida de Israel, incluido un embargo total de armas”.

El Gobierno no tiene dudas de que la dirección de Podemos ganará la consulta y tampoco de que, si el voto de los cuatro diputados de la formación a los Presupuestos depende de cumplir esas exigencias, no habrá Presupuestos. Fuentes gubernamentales tachan de inconstitucional bajar por ley el precio de los alquileres —en el caso de que una norma así tuviera mayoría en el Congreso— y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya ha dejado claro que España no romperá relaciones diplomáticas con Israel.

En declaraciones al Canal 24 horas de TVE, Albares abogaba el jueves por “tender puentes, no dinamitarlos”. Tras recordar que Podemos no ha pedido la ruptura de relaciones con Rusia, añadió: “A mí me parece correcto, porque el día que deje de agredir injusta e ilegalmente a Ucrania, Rusia seguirá teniendo frontera con Europa y tendremos que encontrar la forma de convivir”. Fuentes diplomáticas subrayan que romper relaciones con Israel supondría perder la interlocución con la población palestina de los territorios ocupados y recuerdan que, aunque el Gobierno quisiera, no se pueden romper relaciones comerciales, como exige Podemos, porque es competencia exclusiva de la Comisión Europea.

Belarra no es la única que se ha envuelto en la kufiya. El pasado martes era el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien, en nombre de los cinco ministros de Sumar, remitía una carta a su colega de Defensa, Margarita Robles, pidiéndole la “cancelación inmediata” de las compras de armas a Israel y no solo las ventas. Robles le respondía con otra misiva en la que aseguraba que “no se ha vendido ni adquirido armamento al Estado de Israel desde el 7 de octubre” del año pasado, cuando se produjo el ataque de Hamás que desencadenó la actual escalada bélica. “Las licencias de exportación temporal pendientes con Israel no corresponden a armas, sino a repuestos, y en este momento están paralizadas”, añadía.

El Gobierno sostiene que hay un embargo de facto de armamento para Israel, pero las fuerzas a la izquierda del PSOE lo dudan. Y no solo Podemos. El mismo martes, Izquierda Unida, socio de Sumar, denunciaba la escala en Barcelona del carguero Zim Virginia, con bandera de Israel, ante la sospecha de que transportaba explosivos. El Gobierno, que ya denegó en mayo la escala en Cartagena (Murcia) de otro buque con bandera danesa cargado de explosivos con destino Haifa (Israel), insiste en que no se permite el tránsito de armas para Israel por aguas españolas.

Las dudas no se disipan porque, aunque Albares sostiene que no se han autorizado exportaciones de material militar desde el 7 de octubre del año pasado, admite implícitamente que se han seguido enviando las autorizadas con anterioridad. Y no es posible saber el volumen de estos envíos ni hasta cuándo se prolongaron porque el Gobierno aún no ha remitido al Congreso la estadística sobre exportaciones de armas de 2023, que se suelen hacer públicas en mayo de cada año.

El manifiesto suscrito esta semana por decenas de personalidades del mundo de la cultura, del cineasta Pedro Almodóvar a la cantante Rozalén, en el que denuncian “el genocidio del pueblo palestino”, muestra hasta qué punto es un tema sensible para la base social de la izquierda, en el que ninguno de los partidos que aspiran a representarla quiere quedarse atrás.

El PSOE y Sumar, los dos socios del Ejecutivo de coalición, protagonizaron en primavera una pugna por capitalizar el reconocimiento del Estado palestino, que figuraba en su pacto de Gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz pidió el 5 de mayo al presidente del Gobierno que el siguiente Consejo de Ministros reconociera a Palestina. Sánchez lo hizo, pero tres semanas después, dejando claro que era él quien dirigía la política exterior y decidía su rumbo y su ritmo. Tampoco ha podido realizar aún Díaz la visita a Palestina que anunció en febrero pasado, provocando el malestar de Exteriores.

Si en la izquierda hay codazos por ver quién se pone la kufiya, en la derecha se rivaliza por ponerse la kipá (el casquete con el que los judíos se cubren la coronilla), aunque en su caso solo simbólicamente. Aunque el PP apoyó en 2014 en el Congreso el reconocimiento del Estado palestino, cuando la decisión se tomó finalmente su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, la tachó de “terriblemente irresponsable”, acusó al Gobierno de crear un conflicto diplomático con Israel “para tapar sus miserias” y de “dañar de forma irreparable la posición exterior de España”. El propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, que ha condenado “sin matices ni titubeos” los ataques de Irán contra Israel, ha sido mucho más tibio ante las matanzas israelíes en Gaza y se vio obligado a aclarar que sigue apoyando la fórmula de los dos Estados para resolver el conflicto, después de que el expresidente José María Aznar calificase de “absurdo” reconocer a un Estado palestino que “no existe”.

El PP no ha podido competir, sin embargo, con el apoyo incondicional de Vox a Israel. En diciembre pasado, cuando los muertos en la Franja superaban ya los 10.000, Santiago Abascal visitó un kibutz atacado por Hamás y exigió a Sánchez que pidiera “disculpas al pueblo israelí por cuestionar la legítima respuesta” de Israel. El mismo día que España reconocía al Estado palestino, se reunía en Jerusalén con el primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien prometió revertir la decisión si llegaba a gobernar. Vox se ha opuesto al embargo de armas a Israel y ha pedido que se corten los fondos a la Unrwa, la agencia de la ONU que atiende a los refugiados palestinos. Incluso ha reclamado la retirada de la Unifil, la fuerza de Naciones Unidas para Líbano, tal como exige Netanyahu.

Tras calificar de “absurda” la presencia de los cascos azules en Líbano en las actuales circunstancias, el diputado de Vox y general retirado Alberto Asarta aseguró el martes en el Congreso que los 670 soldados españoles desplegados en la frontera con Israel deben volver porque “donde mejor están es en su casa”. Asarta, que mandó la misión en Líbano de 2010 a 2012, evitó condenar los repetidos y deliberados ataques de Israel contra los cascos azules que ha denunciado la ONU y se limitó a señalar que están corriendo “riesgos innecesarios” por “las continuas provocaciones del grupo terrorista Hezbolá y la respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel”. Si hay militares españoles heridos o muertos, sentenció, “el único responsable será el presidente Sánchez y su Gobierno”.