La Fiscalía del Supremo deriva a la Audiencia Nacional la investigación contra Alvise

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido derivar a la de la Audiencia Nacional la investigación abierta por financiación ilegal contra el eurodiputado Luis Pérez, más conocido como Alvise, presentada el pasado 19 de septiembre por el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo. El Ministerio Público considera que en la denuncia se narran hechos “con posible relevancia penal” que derivan de las actividades desarrolladas por Alvise en las empresas de Romillo y de los 100.000 euros que el empresario asegura haber entregado al líder de la agrupación ultra Se Acabó la Fiesta (SALF) durante la campaña para las elecciones europeas. Pero estos mismos hechos forman parte de una denuncia presentada ante la Audiencia Nacional y ya están siendo investigados por el Juzgado Central de Instrucción 4, por lo que la Fiscalía del Supremo considera que debe apartarse del caso para que sea el juez el que se haga cargo de toda la investigación.

El Ministerio Público inició la investigación contra Alvise porque Romillo, conocido en las redes como Luis Cryptospain, interpuso su denuncia directamente en la Fiscalía General del Estado, y esta lo remitió a la del Supremo dada la condición de aforado del eurodiputado. Para entonces, la Audiencia Nacional tenía ya en marcha una investigación abierta contra Romillo por una presunta estafa piramidal cometida a través de una de sus empresas, Madeira Invest Club (MIC), una oficina de inversión a la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calificó de “chiringuito financiero”. Ese caso no salpicaba inicialmente a Alvise, pero, tras conocerse la denuncia de Romillo ante la Fiscalía, dos acusaciones presentaron ampliaciones de denuncias para pedir que se investigara la participación del eurodiputado, y el juez ha decidido incorporarlas a su causa y ha considerado “prematuro” enviarlas al Supremo, como pidió una de las asociaciones personadas.

Ante esta situación, la Fiscalía del Supremo esgrime el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que establece que el fiscal debe cesar en sus diligencias “tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos”. La decisión implica el archivo de la investigación abierta por el Ministerio Público en el alto tribunal, pero el decreto firmado por el fiscal deja claro que las diligencias solo se cierran porque ya hay un juez investigando, no porque se considere que los hechos denunciados por Romillo no son delito. Al contrario, la Fiscalía resalta la “relevancia penal” del relato del empresario. En el escrito enviado a los fiscales del alto tribunal, la Fiscalía General del Estado señaló que los hechos que se narran “podrían ser constitutivos de un delito de financiación ilegal de partidos políticos”, recogido en el artículo 304 ter. del Código Penal y castigado con entre uno y cinco años de cárcel.

Romillo, según su versión, ofreció a Alvise crear una estructura de financiación opaca para la campaña de las elecciones europeas del pasado 9 de junio, a cambio de que el entonces candidato promocionara sus negocios, presuntamente fraudulentos. El empresario contó en su denuncia que creó una cartera virtual para que Alvise pudiera recibir fondos de sus seguidores, pero, días después, ante la insistencia de este para lograr una suma más elevada de la que se estaba recibiendo, Romillo le ofreció la entrega en metálico de 100.000 euros. Le citó en la sede de una de sus empresas (Sentinel) y a cambio solo le pidió que se grabara un video “o algo así” en la puerta en la que hablara sobre la compañía. “100%. Me posibilitas una parte importante de la campaña. Mil gracias, tío”, le contestó Alvise. La entrega se produjo el 27 de mayo, según la documentación aportada por el empresario, que incorpora numerosos mensajes intercambiados entre él y el ahora eurodiputado a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal. Estos mensajes confirman la recepción del dinero por parte de Alvise.