La Guardia Civil identifica a Alvise por un requerimiento judicial de una causa por calumnias

La Guardia Civil identificó en la noche de este miércoles al eurodiputado de Se Acabó La Fiesta Luis Fernández Pérez, Alvise, por un requerimiento de un juzgado de León relacionado con un presunto delito de calumnias, según ha explicado él mismo en un vídeo publicado en redes sociales y en su canal de Telegram. Cinco agentes acudieron a una casa rural en Madrid en la noche del miércoles al jueves por un señalamiento de un juzgado de León. Alvise, al ser aforado, cuenta con protección judicial, y así lo hizo saber a los agentes, que se marcharon a continuación. El representante de Se Acabó La Fiesta asegura que los agentes se disponían a detenerle.

Fuentes de la Guardia Civil explican que lo ocurrido al eurodiputado forma parte de una práctica habitual. Cuando una persona se aloja en un establecimiento oficial, tiene que registrar sus datos y estos datos se remiten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El sistema recibió una alerta por un señalamiento de un juzgado de León a nombre de Luis Fernández Pérez y fueron a la casa rural a comprobarlo. Una vez allí, el eurodiputado se identificó y les indicó su condición de aforado y se marcharon del lugar. “Se ha hecho lo mismo que se hace en estos casos”, señalan.

El eurodiputado asegura que los guardias civiles le comunicaron que había una orden de detención contra él que partía del Juzgado de Instrucción Número 4 de León, que instruye las Diligencias Previas 396/2024 por un delito de calumnias, recoge un comunicado citado por EP. El juzgado de instrucción citado no ha facilitado información alguna sobre este procedimiento porque considera que los casos en fase de investigación tienen un carácter reservado excepto para las partes.

Alvise ha utilizado lo ocurrido para denunciar una supuesta persecución política. En el vídeo que ha colgado en X (antes Twitter), explica que León, desde donde se mandó el señalamiento, “es una región que, curiosamente, está gobernada por el Partido Socialista”. También ha avanzado que denunciará por prevaricación al juez que ha emitido la orden.

Los hechos ocurren el mismo día que el exministro José Luis Ábalos, investigado por su implicación en el Caso Koldo, ha denunciado a Alvise por haber difundido unos documentos en los que aparecen varios datos personales, entre ellos, su número de teléfono. El eurodiputado acumula otros frentes judiciales, como la admisión de 100.000 euros en efectivo y sin declarar a Hacienda del director de un chiringuito financiero Álvaro Romillo, alias Luis Cryptospain, a cambio de presionar políticamente para conseguir legislar a su favor, que estudia el teniente fiscal del Tribunal Supremo, por ser este órgano el competente para enjuiciarle.