Los socios de Sánchez rebajan el ‘caso Ábalos’ mientras no haya pruebas de financiación ilegal

El PP quiere un pleno monográfico en el Congreso sobre lo que generaliza como “la corrupción del PSOE”, tras las revelaciones del reciente informe de la UCO acerca del “papel relevante” del exministro socialista José Luis Ábalos en el caso Koldo, y reclama a los aliados de investidura de Pedro Sánchez que lo apoyen para que el Gobierno “dé la cara”. Pero los socios habituales del Ejecutivo no están por la labor de colaborar ahora con esa estrategia de los populares. Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG asumen que el Ejecutivo tiene que ofrecer explicaciones, pero de momento no exigen ni responsabilidades políticas. El PNV, que fue clave para que prosperara la moción de censura contra el expresidente popular Mariano Rajoy por el caso de corrupción de Gürtel, argumenta que ahora no hay pruebas de financiación irregular del PSOE. Podemos y Coalición Canaria sí piden que se depuren responsabilidades políticas.

El equipo de Feijóo pretende convertir la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso, este miércoles, en un combate dialéctico sobre el que denominan “caso PSOE o caso Sánchez”. Su propósito es usar las novedades aportadas por el informe de la UCO de la Guardia Civil que implica de lleno a Ábalos en prácticas supuestamente corruptas para apuntar más arriba que al exministro. Es una táctica para concentrar su acoso político utilizada a menudo por los populares, que disponen de nueve de las 26 preguntas al Gobierno. En esas sesiones, el líder, Alberto Núñez Feijóo, marca el tono a seguir con una cuestión genérica que le sirve en realidad para suscitar cualquier asunto. En este caso la pregunta registrada plantea a Sánchez: “¿Va a ofrecer a los españoles la información que le demandan?”.

Los populares, como está avanzando Feijóo desde la semana pasada, querrían que más formaciones políticas, al margen de Vox, entrasen en el asunto. Para este miércoles, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, tiene previsto atacar al presidente con lo que considera nulas diferencias entre sus políticas y las del PP, mientras Aitor Esteban, del PNV, se preocupará por los escasos efectos de la Ley de Vivienda tras año y medio de su aprobación. En el Gobierno siempre prestan especial atención a esas intervenciones del portavoz del PNV. Son un termómetro de cómo va la relación con uno de sus apoyos esenciales. Ya lo fue en el pasado de otros ejecutivos como el de Rajoy, que cayó en mayo de 2018 al sumarse los nacionalistas vascos a la moción de censura de Sánchez tras la condena por el caso Gürtel. El PNV, por ahora, no está en esa posición.

Esteban recordó este lunes en Onda Vasca que el Gobierno y el PSOE “apartaron” en su día a Ábalos, aunque añadió que las explicaciones que se ofrecieron sobre la escala en el aeropuerto de Madrid de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, no le llegaron a convencer. “Sonaba todo muy estrambótico”, comentó. El dirigente vasco concedió también que este tipo de asuntos “sin aclarar” no son “agradables” y “nunca se sabe hasta dónde puede salpicar al Gobierno”. Pese a todo, subrayó que “por el momento” el caso “acaba ahí” y avisó de que su formación no contribuirá a “sentenciar por algo que todavía no es precisamente una sentencia judicial”. Esteban desdeñó la querella presentada por el PP contra el PSOE, que atribuyó a la “urgencia” de Feijóo tras “una semana que empezó bastante mal” para los populares por el asunto de la normativa europea que puede acortar la estancia en prisión de terroristas de ETA. También argumentó que la acusación de financiación ilegal del PP contra el PSOE no aparece en los informes de la Guardia Civil

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se desmarcó totalmente, en declaraciones a EL PAÍS, de las acusaciones del PP: “Estamos en 5º de campañas mediáticas de la derecha y sabemos perfectamente distinguir entre intoxicación e información real. Si de entre toda esta maraña acaba surgiendo un caso de corrupción, claro que ERC actuará en consecuencia. Dicho esto, tampoco vamos a aceptar presiones ni vamos a bailar al son de un partido que ha delinquido, delinque y delinquirá como el PP”.

EH Bildu precisó en esa línea: “Pedimos que se investigue hasta el fondo todo indicio de corrupción, sea en el PSOE, en el PP o cualquier otro partido, con los procesos judiciales que corresponde y la asunción de responsabilidades”. Bildu denuncia, en cualquier caso, que el nuevo “intento del PP por utilizar políticamente el caso, recurriendo para ello a la justicia y utilizando a los jueces a su servicio, es obvio y notorio una vez más”. Pero remacha que su “tolerancia es cero hacia cualquier atisbo de corrupción” y presumen de ser “la única fuerza política con cero casos”.

En Podemos fueron más duros con sus advertencias. “Si al final es cierto que Ábalos estaba vinculado a un caso de corrupción, tienen que depurarse responsabilidades más allá de su figura. Estamos hablando del que fue el secretario de Organización del PSOE, mano derecha e íntimo colaborador de Sánchez. Si se acaba demostrando su vinculación, tendrían que depurarse responsabilidades al máximo nivel”, expresó el coportavoz de la formación, Pablo Fernández. En rueda de prensa, el dirigente reclamó “muchas más explicaciones” al presidente, porque consideró que, “aunque ahora el PSOE intente quemar a Ábalos en la plaza pública”, “no es creíble” que la formación y su propio secretario general “no supieran nada”. La formación de Ione Belarra presenta el caso Koldo como una muestra de la “corrupción sistémica” del bipartidismo, según insisten desde hace días sus actuales dirigentes y el exlíder Pablo Iglesias.

Sumar se mueve en el complicado equilibrio entre defender la coalición de la que forma parte y tratar, a la vez, de ser contundente sobre la necesidad de llegar hasta el fondo de lo ocurrido. “Todas las prácticas irregulares que están apareciendo se tienen que investigar hasta el final. Son completamente incompatibles con el espíritu y lo que está haciendo el Gobierno”, afirmó el portavoz del partido y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien salvaguardó a Sánchez. “El presidente ha dado las explicaciones que se le han requerido”, respondió escuetamente en rueda de prensa. Sus críticas se centraron en el PP: “No tiene ninguna legitimidad para hablar de lucha contra la corrupción, teniendo a más de 600 personas que han enfrentado causas judiciales y que hay más de 30 casos que siguen todavía abiertos. Es el único partido condenado por corrupción”.

El presidente canario y líder de CC, Fernando Clavijo, se confesó “cada vez más preocupado” por las explicaciones contradictorias y escasas de algunos responsables gubernamentales, en concreto sobre la presencia de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Clavijo avanzó que, a la espera de lo que resuelvan los jueces, ya deberían depurarse responsabilidades políticas, aunque no señaló cuáles. El BNG también enfatizó que debe investigarse cualquier posible corrupción y, llegado el caso, depurar responsabilidades. Pero a la vez cargó contra el PP, “el primer partido condenado por corrupción a nivel europeo y que sigue sin haber encontrado aún a M. Rajoy”.