El PP propone endurecer el requisito de vulnerabilidad para facilitar los desalojos por impago de alquiler

Convertido ya en un asunto central del debate público, el PP ha empezado a desgranar su modelo para afrontar los problemas de acceso de los españoles a la vivienda. Los populares definen su propuesta sobre todo en oposición al modelo del Gobierno de coalición progresista, ya que rechazan de plano la limitación de los precios del alquiler de la nueva Ley de Vivienda, que sus Gobiernos autonómicos están negándose a aplicar. El PP considera que, en cambio, la solución para rebajar los precios es el incremento de la oferta. Para ello, entre otras medidas, los populares han puesto sobre la mesa endurecer el requisito para ser considerado vulnerable a efectos de la Administración, una condición que dificulta ser desahuciado en caso de impago. Según el PP, de esta forma se incentivará a los propietarios a sacar sus casas al alquiler, al rebajar su miedo a no poder desalojar a los inquilinos morosos.

La Ley de Vivienda en vigor establece que la condición de vulnerabilidad se puede adquirir tras estudio de los Servicios Sociales por quienes cobren menos de 1.800 brutos mensuales (tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Y el PP propone que ese umbral se rebaje a quienes cobren menos de 1.050 euros brutos mensuales. La condición de vulnerable sirve para retrasar un desahucio, aunque no lo impide. En caso de demanda, la norma dice que se estudiará si el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad. Y, si los servicios sociales así lo consideran, el juzgado podrá suspender el desalojo dos meses con el fin de que la Administración busque alternativas habitacionales, lo que en la práctica retrasa los desahucios.

Con esta iniciativa, el PP defiende que posibilitará que salgan más casas al mercado del alquiler y que facilitará que los jóvenes accedan a una vivienda, porque los propietarios están exigiendo salarios superiores a esos 1.800 brutos mensuales para no encontrarse con retrasos en caso de tener que desalojarlos por impago. El reverso de esta medida es que menos personas podrán adquirir la condición de vulnerables, lo que podría dejar desprotegidos a algunos colectivos.

El PP insiste, en paralelo, en su negativa tajante a aplicar los límites de precios al alquiler, que asegura que suprimirá de la ley en cuanto gobierne. “Eliminaremos las fracasadas zonas de mercado tensionado. Si hay algo en lo que los expertos económicos coinciden es que intervenir el mercado no resuelve”, ha afirmado este miércoles la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, aunque la discusión está abierta y en Cataluña, única autonomía donde se está aplicando esta iniciativa, el precio de la vivienda ha registrado una caída interanual del 3,1%, según un informe del pasado mes de julio del Colegio Notarial de Cataluña.

En el partido de Feijóo no creen en ninguna intervención del mercado sino en promocionar la construcción de viviendas y en incentivar la compra y el alquiler. Así, el PP plantea la bonificación del 100% en el impuesto de sucesiones y donaciones a familiares para comprar una vivienda y aprobar una deducción en el IRPF a los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles que hayan estado en desuso al menos dos años.

Los populares proponen modificar, además, la ley del suelo “para hacer que la Administración sea eficaz y no un freno para los nuevos desarrollos urbanísticos y la rehabilitación de viviendas”, sostienen, incluyendo medidas para la liberalización del suelo tanto por el Gobierno central como de las comunidades autónomas y ayuntamientos para lograr reducir plazos de construcción, aunque no han detallado cuáles ni de qué forma. El PP prepara una ley de vivienda propia que hará pública en las próximas semanas.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido este miércoles al PP que retorne al consenso para aprobar la ley de suelo y que aplique las medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha antes de plantear nuevas medidas en la materia. “Celebro que hagan propuestas y se dejen de boicotear”, ha afirmado en un acto en la sede de la CEOE en Madrid, informa José Luis Aranda. Ante los representantes de la principal patronal española y de las organizaciones sectoriales relacionadas con la vivienda, que han coincidido en la necesidad de conformar una “alianza de país” en torno a la vivienda, la ministra ha recordado la negativa del principal partido de la oposición a aprobar la norma de suelo, que contaba con amplio respaldo empresarial. Además, ha instado a aplicar disposiciones de la ley estatal de vivienda para reducir el precio de los alquileres, como la posibilidad de que los caseros particulares rebajen un 5% el importe a cambio de recibir una bonificación del 90% en la declaración de renta. Esto implicaría declarar áreas de precios tensionados y aplicar el control de precios, algo que las comunidades del PP rechazan de plano y que de momento solo ha sacado adelante Cataluña. “Nosotros hemos hecho nuestro trabajo”, ha recalcado Rodríguez, quien ha exhibido buena sintonía con los representantes empresariales para aumentar la oferta de vivienda mediante la colaboración público-privada.

Sin embargo, aunque el PP presentó en su momento enmiendas al proyecto de ley del suelo del Gobierno y se abrió a negociarlas, ahora enfría cualquier posibilidad de acuerdo. “Dijimos que [la ley del suelo] era una reforma necesaria y urgente, pero que se quedaba coja”, ha defendido hoy la vicesecretaria Paloma Martín. “El Gobierno por dos ocasiones la ha retirado. No sabemos por qué lo ha hecho. Debe dar explicaciones”, ha instado la dirigente popular. El Ejecutivo retiró la norma ante la falta de apoyos (incluidos los del PP) para aprobarla. La vicesecretaria del PP ha replicado a la ministra, por otro lado, que las comunidades autónomas gobernadas por el PP sí están cumpliendo la ley de vivienda, pero la posibilidad de declarar zonas tensionadas es potestativa y no obligatoria por las autonomías y le ha recordado que tampoco las comunidades gobernadas por el PSOE han promovido el control de precios.