El Gobierno eliminará el delito de ofensas religiosas pero aún discute sobre el de injurias al Rey

El paquete de regeneración democrática que estudiará este martes el Consejo de Ministros es amplio y contiene muchos asuntos delicados que se han discutido internamente en la coalición y con los principales socios durante semanas, pero el plan aún no estaba del todo cerrado este lunes, a pocas horas de la decisión final. Pedro Sánchez confirmó ante los diputados socialistas, como adelantó EL PAÍS, que finalmente el Gobierno lo aprobaría este martes, pero la discusión entre los socios del Ejecutivo seguía abierta acerca de la reforma de varias leyes que afectan a derechos fundamentales. Hay un debate de fondo entre PSOE y Sumar, que a última hora del lunes aún no estaba resuelto sobre la eliminación de algunos polémicos delitos que limitan la libertad de expresión, como las ofensas a los sentimientos religiosos o las injurias a la Corona y las altas instituciones del Estado.

La actual redacción del Código Penal español, muy inusual en el entorno europeo, ha permitido el encarcelamiento de conocidos raperos o procedimientos judiciales muy duros contra publicaciones satíricas que no han existido en otros países y han supuesto sentencias contra España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por limitar la libertad de expresión. Tanto el PSOE como Sumar están de acuerdo en cambiar esta parte del Código Penal, pero discuten el alcance, lo que bloqueaba el plan, según fuentes de la negociación. Los encargados de cerrarlo eran el socialista Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia, y Ernest Urtasun, de Cultura, por Sumar.

El PSOE asume eliminar el delito contra los sentimientos religiosos, que ha supuesto que grupos cristianos persigan todo tipo de sátira relacionada con la religión católica. Pero tiene más dudas con los de injurias a la Corona y a altas instituciones del Estado, que incluye no solo al Gobierno, sino al Tribunal Supremo, al Constitucional o al Consejo General del Poder Judicial.

Sumar insiste en que el compromiso de derogar estos delitos debe estar expresamente mencionado en el plan que salga del Consejo de Ministros, pero los socialistas apostaban por una redacción más genérica para desarrollar los detalles en el futuro. Lo que sí es seguro es que el PSOE rechazará la pretensión de Sumar de suprimir la figura penal de enaltecimiento del terrorismo.

El PSOE ya accedió en dos ocasiones a tomar en consideración en el Congreso las propuestas —antes de Unidas Podemos, ahora de Sumar— para suprimir estos delitos de opinión, pero hasta ahora las había dejado languidecer. Tras el bloqueo sufrido en la anterior legislatura, el socio minoritario del Gobierno volvió a la carga en esta con una de sus primeras propuestas parlamentarias del actual mandato. La proposición para reformar el Código Penal en ese sentido fue tomada en consideración el 19 de diciembre de 2023 por el pleno del Congreso, con el apoyo de todo el bloque de investidura, incluidos los socialistas. Desde entonces, como ya había pasado anteriormente, permanece bloqueada en la Mesa.

Sumar argumenta la “anomalía” de esos delitos dentro de la legislación europea y las condenas a músicos y tuiteros a que han dado pie. Para esta formación, el Rey y las principales instituciones del Estado cuentan con los mismos mecanismos que cualquier ciudadano para defenderse de ataques injuriosos, sin necesidad de brindarles una protección singular con una figura penal específica. Lo mismo alega para el caso del enaltecimiento del terrorismo, que, en opinión de Sumar, ya quedaría cubierto con el delito general de apología de la violencia.

El PSOE y Sumar también han tenido hasta el último momento discusiones sobre el eje central del paquete que anunció Sánchez después de que decidiera paralizar su actividad durante cinco días y reflexionar sobre la posibilidad de abandonar la política cuando un juez inició un procedimiento contra su esposa que La Moncloa considera infundado, El corazón de la norma consiste en la trasposición de una ley europea de libertad de medios que apoyó el PP en Bruselas. Por eso, Sánchez insiste en que la oposición debería respaldar esta iniciativa en el Congreso, aunque el PP lo descarta de plano y acusa al Gobierno de pretender “controlar a los medios de comunicación”. El propósito de la norma europea es salvaguardar a los medios para evitar que se usen con fines políticos.

El Consejo de Ministros aprobará normas para exigir que todos los medios den a conocer su estructura de propiedad y retocará la ley de publicidad institucional para hacerla más transparente y evitar que algunos gobiernos, en especial autonómicos o locales, financien medios muy pequeños que apenas tienen lectores y logran sus principales ingresos de lo público. El presidente también anunció que no recibirán dinero público los medios que difundan bulos, pero esta parte parece muy compleja de plasmar en una ley.

Sobre este punto de la desinformación también hay discusión entre el PSOE y Sumar. El grupo de Yolanda Díaz insiste en instaurar un consejo audiovisual independiente para toda España, similar a los que operan ya en Cataluña y en Andalucía, para denunciar por parte de los propios profesionales las malas prácticas periodísticas. Es algo habitual en la UE y la propia ley europea de libertad de medios apunta a una solución así. Otros grupos que apoyan al Gobierno como ERC lo han propuesto también. Pero en España este asunto es muy polémico y en algunos sectores, especialmente conservadores, lo califican de una nueva forma de censura. Los socialistas prefieren alguna fórmula menos polémica.

PSOE y Sumar también ha debatido internamente sobre la posibilidad de incluir en el paquete la reforma completa de la polémica ley mordaza, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Los socialistas ya han explicado que solo apuestan por incluir partes que tienen que ver con la libertad de expresión, como la prohibición de tomar imágenes a policías durante las manifestaciones. Pero evitan compromisos más delicados como la prohibición de las pelotas de goma o de las devoluciones de migrantes en caliente, dos asuntos que supusieron que ERC y EH Bildu no apoyaran la reforma en 2023 y esta decayera.

Otra cuestión que estaba encima de la mesa era la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, uno de los últimos resquicios de la legislación franquista y un empeño en el que persevera desde hace años el PNV. Tras quedar en el limbo la legislatura pasada, pese a haber sido tomada en consideración por el pleno del Congreso, el grupo vasco volvió a la carga el pasado febrero y logró que se le diese trámite parlamentario por tercera vez en los últimos años. Hasta hoy. Su derogación figura entre las peticiones trasladadas al Gobierno para el plan por otros aliados como ERC o BNG. La Moncloa planteó en julio de 2022 su propio texto de reforma, insuficiente para PNV, Sumar y demás socios, porque no desclasifica algunos documentos automáticamente hasta que no transcurran 50 años. La discusión, como todas las demás, sigue abierta y se resolverá en el Parlamento, donde el Gobierno tendrá que buscar apoyos. Pero en la ronda de reuniones que hicieron Bolaños y Urtasun quedó claro que hay votos suficientes para aprobar el paquete porque los grupos de la mayoría están básicamente de acuerdo en las líneas generales, a falta de entrar en la letra pequeña.