Vox oculta qué banco le ha prestado 9,2 millones de euros e incumple la ley de financiación de partidos

Vox oculta la identidad del banco que le prestó más de nueve millones de euros para financiar su campaña electoral en las elecciones municipales y generales del año pasado, lo que supone incumplir la legislación vigente. El partido de Santiago Abascal alega que no hace pública esta información “para no contribuir a la demonización de bancos concretos por haber prestado dinero a Vox”. Sin embargo, el artículo 14.8 de la ley de financiación de los partidos políticos es taxativo: “Los partidos políticos deberán publicar en su web, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de envío al Tribunal de Cuentas [30 de junio de cada año], el balance, la cuenta de resultados y en particular: la cuantía de los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de interés y el plazo de amortización”. Se trata así de evitar que los bancos, mediante la condonación de deuda o la concesión de créditos por debajo del interés de mercado, subvencionen a los partidos políticos; lo que está legalmente prohibido. Fuentes del entorno de Vox apuntan a que una entidad financiera húngara, próxima al primer ministro Víktor Orbán, fue la que concedió los créditos, pero la opacidad del partido impide comprobarlo.

Las Cuentas Anuales del Ejercicio 2023, colgadas en la web de Vox, explican que, por primera vez en sus 10 años de historia, Vox recurrió a dos préstamos bancarios para financiar sus campañas electorales del año pasado. En concreto, un crédito de 6,5 millones para las elecciones generales, que luego se amplió con 192.082 euros más; y otro de 2,6 millones para las municipales; en total, 9.229.444,35 euros. En el momento en que se elaboró la memoria, en junio pasado, ya se habían devuelto 1,8 millones (la mayor parte correspondientes al crédito para las elecciones municipales), pero aún quedaban pendientes de pago otros 7,386.574,43 euros.

Las cuentas anuales reflejan la situación económica del partido a 31 de diciembre de cada año, por lo que, si en esa fecha se hubieran devuelto la totalidad de los créditos, estos nunca hubieran salido a la luz. Sin embargo, los firmantes de la memoria —el tesorero y el gerente del partido— se quejan de que “el retraso en el cobro de la subvención por las elecciones generales ha obligado a ampliar uno de los préstamos que se pidieron para sufragar los gastos electorales”. El informe agrega que en junio se recibió el 81% de la subvención por las elecciones municipales, un dinero que se destinó a amortizar parte de los créditos, mientras que solo se había cobrado el 41% de la ayuda pública por las autonómicas y nada por las generales. El documento omite cualquier información sobre quién concedió esos préstamos y en qué condiciones.

Un portavoz de Vox ha asegurado a EL PAÍS que “la información publicada en la web es la que corresponde hacer pública. Toda la restante, en manos del Tribunal de Cuentas, no se va a hacer pública. Y en este caso porque no queremos contribuir a la demonización de bancos concretos por haber prestado dinero a Vox”.

La memoria que figura en la web es la que misma que se aprobó en la asamblea general de Vox celebrada el 28 de junio pasado, 48 horas antes de que se cerrara el plazo para presentarla ante el Tribunal de Cuentas, por lo que también los afiliados y no solo el público en general ignoran qué entidades financiaron las campañas electorales de su propio partido. Ni siquiera en la carta personal que el tesorero Pablo Sáez remitió a la militancia de Vox el pasado 25 de junio, para tranquilizar los temores sobre los resultados económicos negativos del partido en el anterior ejercicio (2,6 millones) se revela esta información.

En el caso de que Vox remita al Tribunal de Cuentas información complementaria a la facilitada a los afiliados y al público, ello no le salvaría de haber incumplido la ley de financiación de partidos, que obliga a publicar todos los datos relativos a los créditos bancarios en su página web. Así lo hace el PSOE, que incluye en su memoria 2023 una relación de préstamos y créditos especificando la entidad concesionaria, el importe, vencimiento, tipo de interés, periodo de amortización y capital pendiente a 31 de diciembre pasado. O el PP, que publica tres listados: uno de deuda a largo, otro a corto plazo; y otro de avales.

La exigencia de que toda esta información se haga pública se incluyó en una reforma de la ley de financiación de partidos tras conocerse que varios bancos habían condonado o renegociado la deuda de formaciones políticas como el PSOE, tras clasificarla como impagable. La ley vigente considera infracción muy grave la concesión de créditos por debajo del interés de mercado e infracción grave el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contables previstas.

Fuentes del entorno de la formación señalan a una entidad financiera húngara próxima al primer ministro Viktor Orbán como concesionaria de los créditos a Vox. Las mismas fuentes recuerdan que en 2022 se supo que la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, había recibido un préstamo de 10,6 millones de euros de un banco húngaro propiedad de un magnate próximo a Orbán, para financiar su campaña electoral. Le Pen, que ya en 2014 habría recurrido a un crédito de la banca rusa, alegó que la banca francesa no le prestaba dinero.

Se da la circunstancia de que Vox abandonó en julio pasado el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), comandado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, en el que se había sentado en la anterior legislatura en la Eurocámara, para pasarse al nuevo grupo Patriotas por Europa promovido por Orbán, al que se sumó el Reagrupamiento Nacional de Le Pen. La decisión causó sorpresa porque ya se había constituido el grupo ECR, e incluso se había adjudicado a Vox una vicepresidencia, y porque entre sus nuevos compañeros de bancada figuraban fuerzas afines a Putin o con las que Abascal ha chocado en el pasado por su apoyo a Puigdemont, como la Liga del italiano Mateo Salvini o los nacionalistas flamencos de Vlaams Belang. El líder de Vox alegó que su objetivo era unir a todas las fuerzas patrióticas de Europa, pero el efecto que ha tenido el cambio de Vox ha sido convertir al grupo de Orbán en el tercero del Parlamento Europeo, en perjuicio del ECR. De no haberse producido esa mudanza, el grupo de Meloni sería el tercero de la Cámara en vez del cuarto.