Feijóo afirma que el Constitucional incurrirá en una “arbitrariedad extraordinaria” si rechaza los recursos contra la amnistía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este lunes el “derecho legítimo” de las comunidades autónomas a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía a los encausados del procés independentista catalán. Lo ha hecho después de que EL PAÍS adelantara que el órgano de garantías ha dejado en suspenso los 16 recursos presentados contra esa ley por comunidades autónomas (las que gobierna el PP y la de Castilla-La Mancha, del PSOE) mientras estudia si son competentes para impulsarlos. Para Núñez Feijóo, sería “de una arbitrariedad extraordinaria que las comunidades autónomas no puedan presentar un recurso de inconstitucionalidad”.

Feijóo ha sostenido que la amnistía sí afecta a las competencias de las comunidades autónomas —un requisito para poder impugnar una ley ante el Constitucional— porque “atenta contra el derecho a la igualdad de los ciudadanos que viven en el conjunto de la comunidad y del Estado”. Y ha recordado que, además de las autonomías y de su partido, el propio Tribunal Supremo ha interpuesto un recurso contra esa norma al considerarla inconstitucional, lo que el líder popular ha calificado como algo “histórico en la justicia española”.

El líder del PP ha insistido en que los recursos presentados los está analizando una magistrada del Constitucional que los populares han recusado por haber ocupado antes un alto cargo en La Moncloa, en referencia a Laura Díez, que fue directora general de Asuntos Constitucionales en el Ejecutivo hasta seis meses antes de ser propuesta por este para entrar en el tribunal. “Entendemos que no debería pronunciarse”, ha dicho el líder popular, sin mencionar el nombre de Díez. “Espero que no haya censura a las comunidades autónomas”, ha añadido.

También la Junta de Andalucía, una de las comunidades que presentó recurso contra la amnistía, ha cargado con dureza contra el tribunal por dejar en suspenso las impugnaciones. “Estamos ante una nueva barbaridad jurídica”, ha dicho Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Según él, se trata de una “estrategia de dilación” del tribunal.

Sanz ha defendido la viabilidad de su recurso, que según ha dicho fue avalado por el gabinete jurídico de la Junta y por el Consejo Consultivo de Andalucía. Ha dicho que se trata de una decisión contradictoria, que “tiene el tufo de un interés político” y que busca retrasar el posicionamiento del Constitucional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, el único del PSOE que presentó un recurso contra la amnistía, también ha reclamado su derecho a recurrir esa norma, aunque en un tono más mesurado. La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, se ha limitado a subrayar que tanto su gabinete jurídico como el Consejo Consultivo de la comunidad, por unanimidad, “han sido muy contundentes” en su respaldo al recurso. Y ha agregado que lo mismo ha ocurrido en el resto de comunidades autónomas que presentaron recursos. Padilla considera que es normal que el tribunal primero estudie la viabilidad de los recursos de inconstitucionalidad.

Puigdemont pide apartar al magistrado José María Macías

Por otro lado, el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, huido de la justicia en Bruselas, ha solicitado que el magistrado del Constitucional José María Macías se aparte de todas las discusiones relacionadas con el procés, al considerar que no será imparcial.

En el escrito presentado por Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, adelantado por Efe, se pide la abstención del magistrado o, subsidiariamente, la recusación de Macías, alegando que en el pasado hizo declaraciones en contra de la amnistía. Para los tres exdirigentes catalanes, “hay bastantes datos para entender que no será imparcial” y una “sólida base” para recusarle. El magistrado Macías fue uno de los jueces más beligerantes contra la medida de gracia a los involucrados en el procés cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, fue uno de los impulsores del informe en el que el CGPJ se posicionó contra la amnistía.