Albares intenta desescalar la crisis diplomática con Venezuela y califica sus protestas de “decisiones soberanas”

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, intenta desescalar la crisis diplomática con Venezuela, después de que el canciller del Gobierno de Nicolás Maduro, Yván Gil, haya llamado a consultas a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez, y haya convocado al embajador español en Caracas, Ramón Santos. En declaraciones a RNE este viernes, Albares ha calificado de “decisiones soberanas” la medidas adoptadas por su homólogo venezolano y, tras recordar que él mismo las ha tomado en alguna ocasión con otros países, ha agregado que, “por tanto, no hay nada que comentar”. Sí ha asegurado que su intención es mantener “las mejores relaciones posibles con el pueblo hermano de Venezuela”. Fuentes gubernamentales descartan que, en reciprocidad, Exteriores decida llamar a consultas a su embajador en Caracas e insisten en la conveniencia de que España mantenga su presencia diplomática en el país caribeño en estos momentos críticos.

El canciller de Maduro ha anunciado que tomaba estas medidas en protesta por unas declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien calificó de “dictadura” al régimen chavista. Al contrario que Robles, Albares ha evitado utilizar este término, alegando que el ministro de Exteriores “no es un catedrático de Derecho Constitucional ni un politólogo”, sino que “es la última persona que tiene que entrar a poner ningún tipo de calificativo” a un Gobierno.

Gil anunció, a través de su canal de Telegram, la llamada a consultas de su embajadora (lo que supone la retirada temporal de su máxima representante diplomática en Madrid) y la convocatoria al Ministerio de Exteriores venezolano del embajador español en Caracas. Calificó de “insolentes, injerencistas y groseras” las declaraciones de la ministra española. Y advirtió de que “apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países”.

Después de recibir en la sede de su Ministerio al embajador Ramón Santos “para expresar la postura contunden del Gobierno venezolano”, el canciller publicó un comunicado en su canal de Telegram en el que aseguraba que su país “no permitirá ninguna acción injerencista por parte del Gobierno de España en asuntos que son de competencia exclusiva de los venezolanos” y “adoptará las medidas necesarias para proteger su soberanía”. De momento, sin embargo, la nota se limita a una protesta retórica y no incluye ninguna medida práctica.

Preguntado por si el Gobierno español reconocerá a Edmundo González como presidente electo, tal y como ha pedido el Congreso, Albares recordó que solo dos países lo han hecho (Ecuador y Panamá) y subrayó que la exigencia del Gobierno español desde el primer momento ha sido que se difundan las actas de todas las mesas electorales para “que la voluntad expresada por los venezolanos el pasado 28 de julio se conozca y se cumpla”. Insistió en que España trabaja en el marco de la posición común europea y con varios gobiernos latinoamericanos para conseguir, a través del diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición, “una salida soberana, genuinamente venezolana, pacífica y democrática” a la crisis. En palabras de Albares, la proposición aprobada por el Congreso a iniciativa del PP para reconocer “muy alocadamente, irresponsablemente, precipitadamente” a Edmundo González como presidente electo “no era en favor de los venezolanos, sino en contra del Gobierno”.

Las declaraciones que han molestado al régimen venezolano las hizo Margarita Robles el jueves por la noche en el Ateneo de Madrid, donde presentó la obra El niño que perdió la guerra, de Julia Navarro. Tras aludir a los totalitarismos franquista y estalinista que refleja la novela, la ministra de Defensa recordó a los ucranios “masacrados por Putin”, a las mujeres afganas borradas de la vida pública por los talibanes y también “a los hombres y mujeres que han tenido que salir de Venezuela precisamente por la dictadura que viven”; entre ellos citó al candidato opositor Edmundo González, refugiado en España desde el domingo, lo que provocó el aplauso del público. Era la primera vez que un miembro del Gobierno español tachaba de dictadura al régimen de Maduro, aunque Robles se caracteriza por no tener pelos en la lengua y en mayo pasado calificó de “genocidio” la ofensiva militar israelí sobre Gaza.

En la mañana del jueves, el presidente Pedro Sánchez había recibido en La Moncloa a Edmundo González, refugiado desde el pasado domingo en Madrid, adonde llegó en un avión de la Fuerza Aérea española enviado a Caracas a recogerle tras haber pedido él asilo político. El Gobierno español tuvo, sin embargo, especial cuidado en rebajar el perfil institucional de la visita para no enojar al Gobierno de Maduro: no se convocó a los medios de comunicación y solo se difundieron imágenes de Edmundo González y su hija Carolina, residente en España, paseando por los jardines de La Moncloa junto a Pedro Sánchez, vestido informalmente y sin corbata, quien subrayó en un tuit el carácter humanitario y solidario de la entrevista.

El miércoles, el pleno del Congreso aprobó, con la oposición de la izquierda, una proposición del PP que instaba al Gobierno a reconocer a González como presidente electo y legítimo, ante la negativa del Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE), afín a Maduro, a publicar las actas de las mesas electorales, como está previsto legalmente y le ha exigido la comunidad internacional.

Ya antes de las palabras de Robles, el jefe de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, uno de los dirigentes de mayor confianza de Maduro, pidió a los diputados de ese país que instasen al Ejecutivo a romper relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España y a suspender los vuelos comerciales entre Madrid y Caracas. “Que se vayan todos los representantes del Gobierno español”, clamó. Esta iniciativa, aún en tramitación, tiene carácter simbólico, como la del Congreso español, pero supone una espada de Damocles para el caso de que el Gobierno español diese el paso de reconocer la victoria del candidato opositor, lo que no ha descartado hacer en el futuro.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha llamado a la calma ante la amenaza de suspender relaciones comerciales con Venezuela. En el país caribeño operan unas 60 compañías españolas y residen más de 136.000 españoles, mientras que la cifra de venezolanos en España asciende a unos 390.000.