Un juzgado de Madrid rechaza la querella de Vox contra Begoña Gómez por tráfico de influencias

El Juzgado de Instrucción 34 de Madrid ha rechazado la querella presentada en julio pasado por Vox contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un auto al que ha tenido acceso este periódico, la jueza Coro Monreal concluye que no existen indicios del delito de tráfico de influencias que el partido de Santiago Abascal atribuyó a Gómez por la creación y desarrollo de la cátedra que la esposa del presidente codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, y que, según Vox había aprovechado para sus fines personales a través de la empresa Transforma TSC. Esta querella contra Gómez va al margen de la instrucción de Juan Carlos Peinado en el juzgado 41 de Madrid, que sí ha visto indicios de delito por los mismos hechos. En esa causa, la Audiencia de Madrid acaba de solicitar al juzgado que le remita toda todo el expediente para poder resolver sobre los recursos interpuestos por la esposa del presidente y la Fiscalía para que se archive o acote la investigación.

La jueza recuerda que la jurisprudencia del Supremo para admitir a trámite una querella “exige disponer de una base indiciaria que supere la mera apariencia”, algo que, no se da en este caso. La instructora rechaza que, como sostenía Vox, Gómez se beneficiara de su posición como esposa del presidente para conseguir la cátedra de la Universidad Complutense. “Cabe presumirle cierta experiencia profesional desarrollada en al propia UCM, antes incluso de que su esposo fuera Presidente del Gobierno de la Nación, relación de parentesco que, por si sola, no justificaría al existencia de prevalimiento conforme a la doctrina jurisprudencial”, advierte la jueza.

Vox apuntaba a la utilización de fondos públicos para el desarrollo de una plataforma de gestión y medición del impacto para la pequeña y mediana empresa en la UCM, que posteriormente, Gómez habría utilizado para una sociedad a su nombre. Tampoco hay indicios de irregularidades en la adjudicación de ese software. Según la jueza, “no consta” ninguna influencia que haya podido ejercer Gómez sobre los miembros de la mesa de contratación que adjudicó el contrato. La titular del juzgado de Instrucción 34 concluye, además, que “no se aprecia en el expediente de contratación que se haya desarrollado fuera de las normas que regulan la contratación del sector público”.

La querella de Vox se centraba en el expediente de contratación por la Universidad Complutense para el desarrollo de un software para la cátedra que codirige Gómez. El importe del contrato ascendía a 60.000 euros más 12.000 de IVA. Según el partido ultra, el expediente de licitación llevaba la firma de Gómez “pese a no tener la cualificación técnica necesaria”. La adjudicataria del contrato fue la empresa Deloitte Consulting SLU. Unos meses más tarde, recogía la querella, Gómez habría presentado una solicitud ante la Oficina de Patentes, dependiente del Ministerio de Industria, para registrar ese software con el mismo nombre que su sociedad.

La jueza, que advierte que Vox confunde fechas en su querella, señala que no consta ningún indicio sobre la supuesta influencia que hubiera podido ejercer Gómez sobre el vicegerente de la universidad, que fue quien resolvió aprobar el inicio de la tramitación del expediente de contratación, “ni sobre los miembros de la mesa de contratación” aunque ella hubiera firmado el pliego de prescripciones técnicas. Respecto a la supuesta falta de cualificación de Gómez, la instructora recuerda que la esposa del presidente inició su relación con la Complutense, como codirectora de estudios de Formación continua de técnico de Fundraising durante los cursos 2012/2013 y 2013/14, es decir, seis años antes de que Sánchez llegara a La Moncloa.