La jueza pide a la Fiscalía del Supremo que denuncie a Alvise Pérez si estima que pudo amenazarla a través de redes sociales

La titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo varios mensajes escritos por Alvise Pérez, eurodiputado por la formación ultraderechista Se Acabó la Fiesta (SALF), para que interponga una denuncia ante la sala de lo Penal de ese alto tribunal en el caso de que considere que pueden constituir “amenazas y represión a la función jurisdiccional”. La jueza realizó esta petición en una providencia fechada el pasado 22 de agosto, la misma en la que citaba a Vito Quiles, colaborador de Pérez, para que declarara el próximo 25 de noviembre como investigado por un presunto delito de injurias y calumnias contra el secretario general de la asociación de consumidores Facua.

Precisamente fue esta causa la que provocó la publicación de los mensajes de Pérez. El pasado 12 de junio este diario adelantaba que la jueza había ordenado “su detención y presentación” ante su juzgado porque no había respondido a los anteriores requerimientos que se le habían realizado en relación con la investigación que pesaba sobre él por las presuntas injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, directivo de Facua. Esa petición provocó de inmediato la reacción en redes sociales de activistas y foros ultras afines a Quiles, entre ellos el propio Alvise Pérez.

En su canal de Telegram —en el que cuenta con más de medio millón de seguidores― el líder de SALF escribía el 12 de junio: “Doy 24 horas a la Juez para que rectifique el auto de detención de Vito Quiles y diga que es un error y que solo pide averiguar su paradero; es una orden criminal e inaceptable. Si la Titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla no rectifica y ordena que únicamente decreta la averiguación de paradero del investigado, publicaré cosas sobre la definición del término ‘soborno”. En otro aseguraba: “TVE reconociendo que Alvise Pérez advirtió a la Juez por teléfono inmediatamente se publicó la orden de detención contra Vito Quiles”.

Todos estos mensajes fueron aportados entonces por el secretario general de Facua a la causa para que la jueza considerara trasladarlas a la Fiscalía, según informó el propio Sánchez en sus redes sociales. La jueza, tal y como ha adelantado ElDiario.es, ha decidido acordar el libre testimonio y remitir al Ministerio Público esos dos mensajes “en tanto que contienen expresiones referidas a la proveyente como magistrada jueza de este juzgado que pueden constituir amenazas y represión de la función jurisdiccional”.

La magistrada traslada esos mensajes a la Fiscalía del Supremo dada la condición de eurodiputado de Pérez. Durante la campaña para las elecciones europeas, el líder de SALF nunca ocultó que uno de sus objetivos al presentarse como candidato al Parlamento Europeo era blindarse frente a los procedimientos que tiene abiertos en los tribunales españoles por informaciones falsas e intromisiones al honor y la intimidad. “[Estoy] absorto por las innumerables muestras de apoyo que estamos recibiendo de cara a lograr el aforamiento en las próximas elecciones europeas del 9 de junio”, publicó en su cuenta de Telegram en febrero del año pasado.

Esa inmunidad, sin embargo, no le protege respecto de procedimientos iniciados antes de obtener su acta de diputado. Pérez fue condenado en firme a finales de junio por la Sala de lo Civil del Supremo a indemnizar a la periodista Ana Pastor por publicar varias fotografías de ellas acompañadas de comentarios despectivos, que carecían de interés informativo, de acuerdo con el fallo. Entre las causas que siguen abiertas, se encuentra la que atañe a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por asegurar que recibió un respirador en su casa en plena pandemia del covid. Carmena ganó el pleito en primera instancia y Pérez fue condenado a pagar 5.000 euros por intromisión ilegítima a su derecho al honor, pero el agitador la ha recurrido.

La jueza de Sevilla ha pedido que, si los fiscales del Supremo entienden que los mensajes de Pérez constituyen un delito de amenazas, lo trasladen a la Sala de lo Penal. Hasta ahora por esa vía, el líder de SALF no ha recibido ninguna condena.