Conde-Pumpido pide “máximo respeto” para el Constitucional a las puertas de debatir sobre la amnistía

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha reclamado este viernes “el máximo respeto político e institucional” para el órgano de garantías, “sus decisiones y su independencia”, en vísperas de los debates sobre la ley de amnistía, que comenzarán el martes. Conde-Pumpido se expresó en estos términos en el acto de toma de posesión de José María Macías como nuevo magistrado del Constitucional. El presidente del tribunal centró su mensaje en una cerrada defensa de “la legitimación democrática de los nombramientos de los magistrados y magistradas” de esta institución, que garantiza su “composición democrática y plural”. El Constitucional ―añadió su presidente― “se dedica en cuerpo y alma a asegurar que la Constitución presida la vida nacional y es el guardián de la libertad, al tiempo que asegura una convivencia civilizada mediante el ejercicio de sus funciones, con independencia y sometimiento pleno a la Constitución”.

Conde-Pumpido no citó en momento alguno la ley de amnistía, pero claramente se estaba refiriendo con su discurso a la voluntad del tribunal de afrontar sin presiones el debate que va a abrir sobre dicha norma a partir de los recursos e impugnaciones ya presentados o anunciados. La intervención del presidente del Constitucional enfatizó la necesidad del respeto al tribunal con la misma contundencia que el día anterior empleó la nueva presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, para defender la de la judicatura. “La independencia en el ejercicio de nuestras funciones constituye un fundamento básico de nuestro Estado social y democrático de derecho y obliga a todos los poderes públicos”, afirmó Conde-Pumpido.

El presidente del Constitucional también aludió en su discurso a la reciente renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) para “celebrar que España comienza una nueva etapa de normalidad democrática en el ámbito de la justicia”. Conde-Pumpido subrayó que ello ha sido posible “dejando atrás los bloqueos y las anomalías institucionales, que tanto han perjudicado la imagen de nuestro Poder Judicial”. En este sentido citó la intervención del primer presidente del tribunal, Manuel García-Pelayo, quien en el discurso inaugural de su mandato abogó por la “sumisión de la política al derecho”, para añadir que “asegurar esa sumisión y no producir decisiones políticas es nuestra delicada y alta tarea, y unos y otros hemos de renunciar a la tentación de hacer del tribunal un órgano político”.

Abstenciones y recusaciones

El ambiente previo al inicio de las deliberaciones de la ley de amnistía es, en todo caso, de cierta preocupación por las nuevas controversias que sin duda acarreará para el tribunal. Empezando por el paso previo sobre posibles abstenciones o recusaciones. El tribunal llevará a cabo su primer debate sobre la citada norma para decidir sobre la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo, que sostiene que la legislación aprobada lesiona el derecho a la igualdad. Pero antes ello tendrá que deliberar en primera instancia sobre la abstención del magistrado Juan Carlos Campo, que como exministro de Justicia informó a favor de los indultos a los condenados en el juicio del procés.

Fuentes del Constitucional indican que posiblemente se trate también sobre el caso del propio Macías, quien en su anterior cargo de vocal del CGPJ fue abiertamente crítico con la ley de amnistía. En todo caso, tras su toma de posesión, el propio Macías manifestó a los periodistas que ha tomado la decisión de no abstenerse por considerar que le es de aplicación la doctrina establecida por el propio tribunal en 2021 y 2022 para rechazar las recusaciones contra varios magistrados en función de su adscripción ideológica y las manifestaciones realizadas durante su trayectoria como juristas. El Constitucional dictó entonces varias resoluciones en las que estableció el principio de que “la imparcialidad (…) no equivale a un mandato de neutralidad general”, añadiendo que “las diversas circunstancias que definen la personalidad de cada uno de los magistrados y conforman su trayectoria personal no pueden considerarse sin más condicionamientos negativos que afecten a su imparcialidad”.

Esta doctrina ha sido invocada como posible blindaje ante el anuncio del PP de que ―como ha hecho― recusaría en su impugnación de la ley de amnistía al presidente del tribunal y a los magistrados Campo ―que ya se ha abstenido―, y Laura Díaz, todos ellos del sector progresista. El caso de José Mario Macías, al que ha correspondido la ponencia sobre el recurso del PP contra la ley de amnistía, estará en todo caso sobre la mesa y fuentes del propio tribunal no descartan que sea finalmente recusado si no se abstiene.