El Constitucional dictó 12.621 resoluciones en 2023, un 74% más que el año anterior
La Memoria del tribunal, entregada hoy al Rey, destaca la puesta al día del órgano de garantías al haber resuelto los recursos más antiguos, entre ellos el de la ley del Aborto
![Cándido Conde-Pumpido, entregando la memoria anual del tribunal al rey Felipe VI este miércoles en Zarzuela.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/KXI3EH2TOM5ZHH3SDJEK4YC2FA.jpg?auth=407cb9688d6a03b10f29f9ec0ea143af72f5882a1ebfe4b64990fe963e85507b&width=414)
![José María Brunet](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F8aa2434e-79c0-415a-9ed9-23cee4279efe.png?auth=30f05afc515c65c63b044056d058fad0bdeba439d2e686d2f3d95165afccfb09&width=100&height=100&smart=true)
El Constitucional dictó 12.621 resoluciones en 2023, de las que 11.849 fueron definitivas. Esa cifra supone un aumento considerable con respecto a las 7.247 resoluciones de 2022. Así se destaca en la Memoria del órgano de garantías del año pasado, que su presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha entregado este miércoles al rey Felipe VI. El balance correspondiente a 2023 subraya la puesta al día de la institución, gracias al plan de trabajo elaborado para agilizar la labor del tribunal. En este sentido se destaca también que el Constitucional decidió en el citado ejercicio sobre la admisión de 11.503 recursos de amparo, es decir, 3.444 más de los que ingresaron ese año, lo que supone una importante reducción del número de asuntos pendientes. De este modo, al finalizar 2023, los recursos de amparo pendientes de resolver acerca de su admisibilidad eran 2.661, frente a los 6.312 en 2022.
La Memoria recoge asimismo que la mayor parte de asuntos de nuevo ingreso son demandas de amparo, por supuesta vulneración de derechos fundamentales. Se presentaron 8.059, el 99,25% de los que se registraron en el Tribunal. No obstante, sólo se admitieron a trámite 87 de estos recursos. “Estas cifras se han logrado gracias al acuerdo del pleno gubernativo del 15 de febrero de 2023 de regular la presentación de los recursos de amparo a través de la sede electrónica”, expone. El objetivo de este procedimiento era “simplificar el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los solicitantes”. Se ha tratado, en suma, de reducir el tiempo en resolver sobre la admisión de las impugnaciones. El Constitucional explica que, por otra parte, se ha pretendido “repercutir en una mayor dedicación del tribunal a la creación de doctrina sobre aspectos novedosos en materia de derechos fundamentales actualmente carentes de jurisprudencia”.
La Memoria expone asimismo que en 2023 se produjo un relevante incremento del número de sentencias. Se dictaron 190, frente a las 151 de 2022. Se destaca que estas sentencias supusieron “la resolución de los ocho procesos constitucionales de más larga pendencia en el pleno” del órgano de garantías. Algunas de estas resoluciones fueron la que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el decreto ley de medidas urgentes dictadas para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación; la que avaló la ley del Aborto o la que admitió la utilización de diferentes fórmulas para el cumplimiento del requisito de promesa o jura de la Constitución en el pleno constitutivo del Congreso celebrado en mayo de 2019.
El Constitucional también pone el acento en las sentencias dictadas en asuntos de especial relevancia y trascendencia social. En este capítulo destaca las resoluciones por las que se desestimaron recursos como el presentado contra la ley de Eutanasia, o contra la reforma educativa de la ley Celáa. También se menciona en este capítulo la desestimación del recurso contra la ley que prohibió al Consejo General del Poder Judicial efectuar nombramientos de altos cargos de la justicia mientras estuviera en funciones. En materia tributaria, diversas sentencias desestimaron sendos recursos de inconstitucionalidad en los que se cuestionaba la regulación legal del impuesto temporal de solidaridad sobre grandes fortunas.
Finalmente, los recursos de inconstitucionalidad se redujeron con respecto al año anterior. En 2023, fueron 26 frente a los 36 de 2022. La mayoría, 10, se plantearon por diputados o senadores (9 con respecto a leyes estatales y uno en relación a ley autonómica), mientras que el presidente del Gobierno interpuso siete frente a leyes autonómicas. Las asambleas legislativas y gobiernos autonómicos recurrieron 9 leyes estatales. Las cuestiones de inconstitucionalidad fueron 29 en 2023 frente a las 27 de 2022.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.