Canarias exige ahora al Gobierno que cumpla a rajatabla los protocolos policiales antes de acoger a menores

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, abrió este lunes una brecha con el Gobierno central ante el creciente número de menores migrantes no acompañados (5.283, según los datos del propio Ejecutivo) que gestiona la comunidad autónoma y que el archipiélago calcula puede ampliarse hasta los 7.000 hasta finales de año. El líder nacionalista ha garantizado este martes que el archipiélago seguirá garantizando la asistencia a los menores no acompañados que lleguen a las islas, aunque considerará a partir de ahora que estos son competencia del Gobierno central, dado que están bajo custodia policial, y no abandonados ni desamparados. Además, reclamará para aceptar a un menor que este venga acompañado de un informe policial completo y no admitirá que las fuerzas de seguridad presionen o interactúen con las organizaciones privadas que gestionan los dispositivos.

“Estamos absolutamente imposibilitados”, ha comentado este martes. “Estamos preocupados por que los protocolos se respeten, los protocolos que el propio Estado en 2014 ha aprobado y las propias circulares de la Fiscalía, porque son los que garantizan la identificación y la transferibilidad del menor”, ha dicho a los medios de comunicación. El líder nacionalista hace referencia al Protocolo Marco sobre Determinadas Actuaciones en Relación con los Menores Extranjeros No Acompañados, un documento firmado hace diez años por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; además del entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Este documento coordina la intervención de todas las instituciones y administraciones, “desde la localización del menor o supuesto menor hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición de la entidad pública de protección de menores y documentación”.

El capítulo VII de este texto legal es la clave que señala Clavijo. Este apartado describe la “Guardia y tutela del MENA” y admite que la entidad pública de protección de menores de la comunidad es la encargada de constatar si el menor migrante se encuentra en una “situación de desamparo” y, en ese caso, “asumir la tutela del mismo”. Es, precisamente, este punto el que denuncia el Ejecutivo canario, dado que, asegura, muchos de los menores son entregados a las organizaciones que gestionan los centros sin pasar por el Gobierno canario y sin que se hayan elaborado los informes preceptivos. “Nos pasan la papa caliente sin más”, según lo describen gráficamente fuentes del Ejecutivo.

Pasos prolijos

La cuestión es que este protocolo establece una serie de prolijos pasos a la hora de tratar con cada menor que llega a las islas, que ha de ser llevada a cabo por la Policía en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). En primer lugar, está la reseña, con una impresión decadactilar y la fotografía del menor; la incorporación de cuantos datos aporte el propio menor sobre su filiación, edad, nacionalidad y última residencia. Después es turno de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional, que tendrá que determinar si el menor estaba ya inscrito. Si no fuese el caso, una vez registrado por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras se procederá a asignarle un Número de Identidad de Extranjero (NIE). Solo entonces se entrega al menor a la comunidad autónoma. Eso, siempre que no pesen dudas sobre la minoría de edad, en cuyo caso entra en juego la Fiscalía para llevar a cabo las pruebas de determinación de edad

La Fiscalía Superior de Canarias, en este sentido, negó este martes que el pasado fin de semana, junto a la Policía Nacional, presionara a la ONG que gestiona la acogida de menores migrantes en El Hierro para que aceptara más personas y reduce ese episodio a una solicitud de información. En un comunicado rechazó que hiciera algún tipo de requerimiento a la ONG —versión que ha defendido estos días el Gobierno de Canarias y que motivó que dejara la acogida en manos del Estado— y se limita a exponer que “en el normal ejercicio de sus funciones”, solamente solicitó información de las medidas que se estaban adoptando por la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias.

La complicación legal a la hora de reseñar a los llegados, diseñada para salvaguardar los derechos del menor, choca con la saturación no solo de los dispositivos de acogida, sino también de los de la Policía para llevar a cabo sus trabajos. El sindicato Jupol, mayoritario en Policía Nacional, denunció a finales de agosto “la grave situación que se vive en las Islas Canarias, y especialmente en la Isla de El Hierro”, que está llevando al límite a los policías nacionales de Tenerife, que ante la crisis migratoria están siendo desplazados de manera obligatoria” para trabajar en operativos que trabajan “de forma precaria y sin previsión alguna”. La portavoz del sindicato, Laura García, resaltó entonces que pese a soportar unas 600 llegadas semanales, apenas trabajan cuatro funcionarios policiales en el turno de mañana y en el turno de tarde y tres de noche. En anteriores repuntes migratorios, estas mismas estrecheces se han vivido en otras islas menores, sobre todo Lanzarote.

El presidente canario ha garantizado, eso sí, que los menores van a seguir teniendo una “atención inmediata” ya sea en carpas, pabellones o recursos de alojamiento. Incidió, en que “esa no es forma de atender a un menor”, dado que hay que escolarizarlo, que aprenda un idioma y tenga un “proyecto de vida”. “No ha habido respuesta ante una situación de la que llevamos advirtiendo hace casi un año y que al final ha llegado”, ha dicho Clavijo, que ha insistido en que le preocupa cómo atender de manera digna a esos menores y “ahora mismo es imposible garantizar sus derechos”, ha esgrimido. Por ello ha defendido la vía jurídica que quiere abrir su Gobierno porque Canarias está “arrimando el hombro” en algo que era “excepcional” y que el Ejecutivo central trata ahora de que sea “normal”. “Nosotros no vamos a ser cómplices de esa situación, de esa situación en la que los menores no tienen garantizado su derecho”, ha agregado.

Trasfondo

El trasfondo de este nuevo encontronazo entre el Ejecutivo canario y el central se encuentra en la ansiada derivación obligatoria de los menores migrantes no acompañados. El equipo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el del presidente Fernando Clavijo elaboraron una propuesta de reforma de la ley de extranjería para posibilitar este reparto. El Partido Popular, socio de Gobierno de Coalición Canaria en el Ejecutivo canario, votó, sin embargo, en contra de su admisión a trámite a finales de julio, conjuntamente con Junts y con Vox. Por ello, el portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, aseguró este martes a EL PAÍS que “en el fondo se ha usado la situación para meter una bronca política al Gobierno, fundamentalmente para cubrir y proteger a su socio de Gobierno, que es el responsable de que no se admitiese a trámite la reforma de la ley”.

Esta reforma constituye una cuestión urgente para Canarias. Hasta 25.524 personas han desembarcado en las islas hasta el 1 de septiembre, el 123% más que en el mismo periodo de año anterior. Solo en julio y agosto fueron 6.267 migrantes, cifra récord para un verano desde que existen registros detallados por meses de los flujos migratorios. , la mitad de ellas en la segunda quincena de agosto, según los datos del balance quincenal hecho público este lunes por el Ministerio del Interior. Lo peor parece estar por llegar, dado que es en otoño cuando las condiciones de navegación son óptimas en el Atlántico occidental.

El encontronazo entre ambas Administraciones amenaza con llegar más lejos, según las advertencias de Coalición Canaria. Clavijo ha admitido este martes que en su formación hay un “debate interno” sobre el apoyo al Gobierno central debido a los “incumplimientos” de la agenda canaria. “Ese es un asunto de partido que tendrá que hablarse y decidirse en función de cómo vayan evolucionando las cosas aquí al final de año”, ha apuntado en declaraciones a los periodistas en las que ha vuelto a insistir en que los menores migrantes no acompañados no quedan en “desamparo”, pese a dejar esa responsabilidad en manos del Estado.