Alberto Núñez Feijóo ejerció como anfitrión de un concilio de ocho presidentes autonómicos en Santiago, en noviembre de 2021, cuando aún pilotaba la Xunta. Al foro acudieron cinco presidentes del PSOE, otro del PP y uno del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), además del propio Feijóo, con intereses comunes. “Aquí no se viene a representar ni al Partido Socialista ni al Popular ni al Regionalista, aquí se viene a representar a los ciudadanos que viven en las autonomías”, anticipó Feijóo. El principal asunto sobre la mesa era el de la reforma del sistema de financiación autonómica, ya caducado entonces, y que aún hoy sigue pendiente de renovación por la falta de consenso. El ahora líder del PP reúne el próximo 6 de septiembre a sus 11 presidentes territoriales en otro gran cónclave y de nuevo con la financiación autonómica como telón de fondo. Del encuentro pretende salir con un “frente común” contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el pacto del PSC y ERC. Pero más allá de esa posición a la contra, las disensiones entre las autonomías gobernadas por el PP anticipan dificultades para hacer una propuesta conjunta. No es lo mismo lo que pide Andalucía, Galicia o Baleares. Un atolladero que asumen los territorios, firmes en sus demandas. “Defenderemos lo nuestro”, aseguran fuentes del Ejecutivo de una de las autonomías del PP más pobladas.

Desde que PSC y ERC acordaron una financiación singular para Cataluña como condición para investir president a Salvador Illa, los presidentes autonómicos del PP han salido en tromba a cargar contra la “mutación constitucional” que supone. Así se expresó Feijóo este domingo en una entrevista en Europa Press, en la que adelantó que sus barones tratarán, el próximo 6 de septiembre, de diseñar una estrategia de oposición frontal a la financiación singular. El líder del PP conmina a los suyos a “impedir la desigualdad ante la sanidad, la educación y los servicios públicos” que a su juicio provocará la futura Agencia Tributaria Catalana.

Pero el aprieto para Feijóo está en cómo armar el rompecabezas de todas sus comunidades, con especificidades y exigencias distintas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene entre sus deberes pendientes abordar la reforma de la ley de financiación autonómica (Lofca), con un sistema configurado en 2009 y caducado desde 2014. Montero pretende negociar con el PP cuando plantee una propuesta conjunta. Un escenario que de momento se aventura alejado, pues los territorios se reafirman en sus reclamaciones propias, según distintas fuentes de los Ejecutivos autonómicos. Eso sí, todos se dicen a favor de buscar una entente.

“Evidentemente hay comunidades que tienen más puntos en común, como los que estamos peores financiados. No es una cuestión de colores políticos sino de prestación de servicios”, señalan fuentes de uno de los Gobiernos del PP de las comunidades históricamenre infrafinanciadas: Andalucía, Comunitat Valenciana y Región de Murcia, que piden un rediseño urgente. A estas se suma Castilla-La Mancha, con el socialista Emiliano García-Page, cuyos planteamientos afines se materializaron en la estampa del pasado enero en la Feria de Turismo de Madrid, en una fotografía conjunta con los populares Juan Manuel Moreno, Carlos Mazón y Fernando López Miras. Las mismas fuentes solicitan la revisión del criterio de población ajustada como reivindicación central. Una variable que refleja la necesidad de gasto de cada comunidad ―y en función de ello reparte los recursos del sistema― tras ponderar el número de habitantes según factores demográficos y geográficos.

“O de una vez por todas empezamos la reforma o tendremos un grave problema”, apremian desde otro de los Gobiernos populares de las comunidades golpeadas por la despoblación y el envejecimiento: Galicia, Castilla-León y Extremadura. “Aquí cada uno ve lo suyo. Se ha instalado la idea de que el sureste está infrafinanciado; no estoy de acuerdo, nosotros también lo estamos”, se quejan en otro de esos Ejecutivos. Ambos reclaman coeficientes que primen el coste del servicio por habitante y que se atienda a la “dispersión” poblacional y a su elevada edad media.

En otro flanco se ubican las comunidades del PP consideradas como aportadoras netas, Madrid y Baleares, que junto a Cataluña son las que reciben tradicionalmente menos de lo que aportan a la caja común. “Cada uno defiende lo que considera oportuno o le afecta”, indican fuentes populares de uno de esos Ejecutivos. “Nos parece correcto apoyar a la España que se vacía, pero no hay que olvidar la España que se llena”, agregan las mismas fuentes, que ponen el acento en el principio de ordinalidad. Esa demanda —que es justamente parte de lo pactado entre PSOE y ERC para Cataluña— defiende que los mecanismos de solidaridad y nivelación deben corregir la desigualdad, pero no revertir el ránking de recursos per cápita.

La estrategia de Génova

Consciente de las disparidades, el equipo del vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, lleva meses trabajando con los consejeros de Hacienda de sus comunidades para redactar una hoja de ruta común. Fuentes de Génova aseguran que ese documento cuenta ya con unas “líneas maestras”, pero no anticipan cuándo verá la luz. Y trasladan la pelota al tejado de la ministra de Hacienda. “Si lo tiene todo tan fácil, ¿por qué no aprovechó para hacer la reforma cuando tenía mayoría del PSOE en las comunidades?“, esgrimen en la dirección del PP. “El que gobierna es Sánchez y la que tiene que llevar un plan es Montero, como pidió cuando era consejera de la Junta [andaluza] al ministro [Cristóbal] Montoro”, arguyen, en alusión al anterior titular de Hacienda del PP y a las negociaciones celebradas en 2017. “Planteamos [la reforma] igual a como se hizo entonces: Conferencia de Presidentes, Consejo de Política Fiscal y expertos nombrados por cada comunidad. Fue lo que se hizo con Montoro. Las comunidades de izquierdas y de derechas tuvieron representación”, sentencian las mismas voces.

En cualquier caso, desde la ejecutiva popular admiten el encaje de bolillos que implica aglutinar comunidades con idiosincrasias asimétricas. “Claro que cada uno apunta a sus necesidades. Ninguna va a sacar el 100%, tendrán el 85%”, sostienen. Un razonamiento compartido por los Ejecutivos autonómicos consultados que, pese a no bajarse de sus peticiones, apelan a la necesidad de acercar posturas.

Al respecto del encuentro de barones del próximo 6 de septiembre, desde Génova no se contempla como una prioridad buscar un entendimiento en esa dirección. “Lo que se va a hacer es trabajar por un frente común contra lo que se ha acordado en Cataluña. Ese es el primer objetivo”, explican otras altas fuentes de la ejecutiva del PP, que reconocen los “distintos problemas” de los territorios y los obstáculos para diseñar un marco que contente a todos.

Tanto Génova como los territorios pondrán como condición una negociación “multilateral”. Un requisito que ya plantearon los presidentes de distinto color de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria, en la Declaración de Santiago de 2021. La dirección del PP retoma este lunes su plena actividad reuniendo a su comité de dirección semanal, tras el parón por vacaciones. Feijóo presidirá la reunión una vez recibida el alta de su operación de desprendimiento de retina y de tomarse un descanso.

El líder del PP erigió este domingo a su formación como “la única oportunidad de cambio en España”, en la citada entrevista a Europa Press. “Somos la única alternativa para poner fin a este desafío del señor Sánchez a la igualdad y la solidaridad”, alegó. Feijóo reconoció no haber logrado el “100% de sus objetivos” porque no pudo ser investido presidente. Y ensalzó el músculo territorial de sus Ejecutivos autonómicos. Un músculo que podría perder fuerza de no alcanzarse un arquetipo común entre todas las comunidades del PP para empujar la reforma del sistema de financiación.