El Gobierno defiende el acuerdo con ERC como el final del ‘procés’ pero evita explicar los detalles

El pacto es tan complejo y el riesgo de que salte por los aires en cualquier momento es tan alto que cada palabra está medida. Y nadie quiere decir una que no esté pactada. Hasta el sábado, una vez concluida la votación de las bases de ERC, el Gobierno y el PSOE han optado por renunciar a la batalla del relato político. No habrá explicaciones, que se han dejado en manos de los republicanos para intentar convencer a sus bases. Pedro Sánchez ha pedido a los suyos tiempo, les ha garantizado que el pacto no pondrá en riesgo la solidaridad del sistema de financiación español y ha ordenado silencio para no entrar en un choque de interpretaciones del documento pactado que pueda derivar en un fiasco en la votación de las bases de ERC. “La igualdad de los españoles está garantizada. El PSOE mantiene su compromiso con la solidaridad interterritorial, con la cohesión, con la igualdad entre españoles, se viva donde se viva”, aseguró el propio Sánchez desde Palma de Mallorca tras su audiencia veraniega habitual con el rey, informa Lucía Bohórquez.

El Gobierno se aferra al gran valor político que tiene que un grupo independentista como ERC vaya a votar la investidura de un socialista como Salvador Illa, una ruptura de bloques que para La Moncloa es la prueba definitiva de que el procés se ha acabado. “Es un triunfo de la política, de la negociación, del diálogo. Cuando uno echa la vista atrás, España está mucho más unida y es mucho más próspera que cuando nosotros llegamos al Gobierno”, resumió la portavoz, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros. Pero de ahí no salió. A pesar de que ya se conocía el documento del pacto, no quiso entrar a ningún detalle. Nadie del Gobierno ni del PSOE lo hizo en todo el día. La Ejecutiva se limitó a trasladar que el acuerdo tiene el aval del PSOE, algo que también estaba pactado con ERC, como todos los demás pasos. Sánchez reivindicó que se había respaldado “casi por unanimidad, con una sola abstención”, la del representante de Castilla-La Mancha, Álvaro Martínez Chana, presidente de la Diputación de Cuenca.

Mientras, Salvador Illa, principal artífice de este pacto, hizo una ronda de llamadas a los dirigentes autonómicos socialistas para pedirles apoyo y calma hasta el sábado, cuando él dará explicaciones en un discurso en la Ejecutiva del PSC. En una nueva exhibición del control que Sánchez tiene del PSOE, y pese a que en privado algunos dirigentes admitían cierto desconcierto ante un salto que casi nadie esperaba ―una especie de nuevo concierto en el que Cataluña saldría del régimen común, en el que están todas las autonomías salvo el País Vasco y Navarra― solo saltaron contra el acuerdo los que estaban previstos: Emiliano García-Page y Javier Lambán.

Fueron durísimos, eso sí. Para el presidente de Castilla-La Mancha, es “un grave atentado a la igualdad”. “El PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa. El acuerdo con ERC es una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles”, remató el líder de los socialistas de Aragón. También salieron en tromba a criticarlo casi todos los presidentes autonómicos del PP. Sánchez salió también en tromba contra ellos. “Es un acuerdo muy positivo para Cataluña y para el conjunto de España. Se abre una etapa nueva en la política catalana. No voy a aceptar lecciones sobre igualdad y defensa de los servicios públicos de un partido que donde gobierna debilita el Estado del bienestar y privatiza la sanidad, la educación, las universidades”, dijo en referencia a las últimas noticias de universidades privadas autorizadas en Andalucía y Madrid. “Con este sistema de financiación, los españoles han sufrido los mayores recortes al estado del bienestar a manos del PP. Y con el mismo sistema los mayores avances con el Gobierno progresista. Lo importante es contar con gobiernos que crean en la fortaleza de los servicios públicos”, remató el presidente.

No solo hubo críticas del PP. Incluso aliados del Gobierno como Compromís o Chunta mostraron su inquietud, aunque Illa tiene casi cerrado un acuerdo de gobernabilidad con los Comunes, incluidos también en Sumar. Pero ni el asturiano Adrián Barbón ni la navarra María Chivite, los otros presidentes socialistas, mostraron rechazo. Esta última gestiona un concierto que está en la Constitución y el PSN siempre ha defendido, y también siempre ha apoyado los gestos políticos de Sánchez con Cataluña. Las llamadas de Illa para darles garantías, además, pudieron hacer su efecto.

Otros dirigentes socialistas que pueden sufrir un gran coste político en sus comunidades por este acuerdo, pero están mucho más cercanos a la dirección, como el andaluz Juan Espadas, fueron mucho más prudentes. “No voy a permitir ni agravios ni privilegios que perjudiquen a Andalucía”, dijo, informa Lourdes Lucio, pero enseguida aclaró que se sentía “satisfecho” de que el acuerdo sirva para hacer presidente a Illa. Ese es el mensaje más extendido y el que trasladó en privado la cúpula y el propio Sánchez a los suyos: vale la pena este salto para lograr que un socialista presida la Generalitat, y será él quien gestione todos estos pasos hacia una nueva fiscalidad en Cataluña. Varios barones socialistas están preocupados por la ruptura del principio de solidaridad, como planteó el secretario general de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. En el PSOE, el líder catalán tiene una imagen muy clara de seriedad y de pedigrí socialista, de alguien que no aceptará algo que suponga romper un modelo de solidaridad entre todas las autonomías.

Una cuestión decisiva para el futuro del modelo es saber si esta nueva fórmula que se está pactando, como ha sucedido con las anteriores, será extensible a todas las autonomías, el llamado “café para todos”. Así fue cuando José María Aznar pactó con Jordi Pujol ceder a Cataluña el 30% del IRPF y cuando José Luis Rodríguez Zapatero acordó con Artur Mas pasar al 50%. Si se hiciera para todos, se pasaría a un modelo federal de fiscalidad muy distinto al actual. El PSOE no quiere profundizar ahora en esta cuestión, y menos antes de que voten las bases de ERC, pero es un escenario no descartable. Cuando se pactó la quita de la deuda del FLA a Cataluña, en las negociaciones de la investidura de Sánchez, fue muy polémica, pero enseguida se aclaró que sería extensible a todas las autonomías.

El PP saltó con dureza pero con una estrategia diferente a la habitual. Los populares quieren dinamitar el acuerdo, como Junts. Y la mejor manera de lograrlo es que las bases de ERC voten en contra. Así que el portavoz del PP, Miguel Tellado, intentó atacar ese flanco: “Sánchez ha engañado a Puigdemont y pretende engañar a ERC con un acuerdo que es imposible de cumplir”. Esta es otra de las cuestiones que está en duda: ¿se aplicará en algún momento este pacto? Sin los votos de Junts, y con la oposición segura del PP, es muy difícil sacar adelante las reformas legales para cumplirlo.

Pero de momento el PSOE y ERC están acordando un gran salto político, al margen de su aplicación técnica, que llevará meses y mucha discusión. Los socialistas aceptan por primera vez que Cataluña salga del régimen común, como el País Vasco y Navarra, y eso es algo que genera muchas dudas en sectores importantes del PSOE. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aún no ha hablado, dijo claramente que ella no estaba de acuerdo con un concierto catalán. Sánchez e Illa parecen tener clarísimo que vale la pena por un objetivo político más de fondo, que es el gesto definitivo de la normalización política en Cataluña: los independentistas votando a favor de un presidente socialista. Como ha sucedido con todos los saltos que ha hecho Sánchez en estos años —mesa de diálogo, indultos, amnistía— el primer golpe genera un gran shock y un rechazo profundo, que además el Gobierno casi nunca gestiona con explicaciones detalladas y concretas. Pero en La Moncloa creen que el tiempo juega a su favor, porque tienen una legislatura entera por delante y confían en que la figura de Illa como president calmará definitivamente las aguas. Es una apuesta a medio plazo, como siempre sucede con Sánchez. Pero los cálculos de La Moncloa no siempre salen bien.