Carmen Martínez Aguayo: “Al final se está viendo la magnitud de la mentira del PP sobre los ERE”

Carmen Martínez Aguayo (Madrid, 71 años), exconsejera andaluza de Hacienda (PSOE) condenada por prevaricación y malversación en el caso de los ERE, pasó año y medio en prisión antes de obtener el tercer grado el pasado junio. Desde entonces dormía en un centro de reinserción en Sevilla. La Audiencia Provincial, en 2019, y el Tribunal Supremo, en 2022, la habían condenado a seis años de cárcel por considerar que los presupuestos que elaboró como viceconsejera —cargo que ocupó entre 2004 y 2009— eran ilegales y sirvieron deliberadamente al fraude de ayudas sociolaborales de la Consejería de Empleo. Ambas sentencias establecían que Aguayo, mano derecha de José Antonio Griñán, supo que había un menoscabo de fondos públicos, pudo actuar para frenarlo y no lo hizo.

El Tribunal Constitucional ha obligado ahora a revisar esas sentencias al considerar que fueron vulnerados los derechos de Aguayo a la legalidad penal y a la presunción de inocencia. El tribunal establece que las leyes de presupuestos no pueden ser ilegales, solo el reparto de los fondos, al que Aguayo fue ajena. Además, señala que su implicación en la malversación no está argumentada. Así que la noche del 2 de julio fue la última que Aguayo tuvo que dormir fuera de casa. El caso vuelve ahora a la Audiencia, que deberá dictar otro fallo. Aguayo es optimista y confía en su completa absolución. Mientras se recupera de un “profundísimo cansancio”, la exconsejera se acaba de abrir una cuenta en X, una “red del demonio” de la que ya está pensando en quitarse. Planea volver a militar en el PSOE, del que se dio de baja “para no dañar a la organización” tras estallar el caso. En la sede andaluza del partido, en Sevilla, tiene lugar la entrevista.

Pregunta. Durante su estancia en prisión, ¿se esforzaba en defender su inocencia ante sus compañeras?

Respuesta. No. En la cárcel estamos todos por lo mismo, porque la justicia lo ha decidido. Aunque yo me sabía inocente, nunca he dejado de respetar a la justicia.

P. ¿Qué aprendió de su paso por prisión?

R. Que no se puede juzgar tan fácilmente a la gente como solemos. También que existen ciertas maldades, pero sobre todo he aprendido lo difícil que tienen la vida muchas personas de familias desestructuradas. Mujeres abusadas, maltratadas, que pese a todo salen adelante. Me han dado una lección de vida.

P. ¿Qué maldades?

R. Hay personas a las que, cuando van a dar la libertad a alguien, les da un poco de rabia y chinchan para ver si la otra cae [en la provocación] y así no recibe el alta... Algún comportamiento poco elogiable. Pero la mayoría han sido buenas personas con vidas difíciles y mucha superación.

P. ¿Le ha llegado tras la sentencia algún mensaje de alguien del PP? ¿Algún ‘me equivoqué contigo’?

R. Ninguno. En absoluto. Lo que he oído son sus declaraciones: que esto es un indulto encubierto. A mí no me han indultado. Me han dado la razón.

P. Su partido sí la recibe con calidez. Juan Espadas la presenta como un ejemplo de “rectitud”. ¿Ha echado de menos un apoyo así antes?

R. Entiendo los contextos. Siempre he sentido el calor del PSOE hasta donde ha sido razonable en cada momento. Nunca me he sentido abandonada.

P. Usted carga contra el PP, pero no critica ni a la jueza Mercedes Alaya, que instruyó el caso, ni tampoco a la Audiencia o al Supremo, que la condenaron. ¿Por qué?

R. Respeto a la justicia, me dé la razón o no. El PP también tiene que ser respetuoso, y aquí más porque es parte en el proceso: firmó la acusación que me llevó a la cárcel. Yo soy víctima de la manipulación del PP. La palabra “víctima” no creo que sea correcta... Me siento atacada por el PP, que ha mentido para instrumentalizar a la prensa y la justicia. De una violación de la ley que sin duda se ha producido en una parte de la tramitación de las ayudas, porque ha habido personas que se han saltado la ley y se han extralimitado, el PP ha hecho una causa general contra todos los políticos. Es un bulo. Todavía hoy siguen diciendo que hemos robado 680 millones y se quedan tan anchos. Hay una gran distancia entre lo que haya pasado en una unidad [Empleo] y el conjunto de servidores públicos, que actuamos con honradez.

P. ¿A quién señala del PP?

R. A nadie en particular. Firmaron la denuncia dos personas, Antonio Sanz y Juan Ignacio Zoido, pero en representación del PP. Mi recriminación es a todo el partido.

P. ¿No se siente víctima de ningún exceso judicial?

R. Yo sé lo que dice mi sentencia [la del Constitucional]. Y respeto siempre a la justicia. Es cierto que he sentido perplejidad. No puedo entender que por proponer una ley haya cometido un delito. Ni que una ley aprobada por un Parlamento pueda ser ilegal. Luego cada consejería es competente para ejecutar los fondos. Pero en esa parte Hacienda no interviene. ¿Cómo voy a ser culpable de una violación de la ley en un punto de una consejería que me pilla tan lejos? No he robado un euro ni se ha beneficiado el partido, eso lo dicen la Audiencia y el Supremo. Y si el dinero no lo tenía que gestionar yo, si no estaba bajo mi custodia, ¿cómo puede ser eso malversar? No soy experta en jurisprudencia y, si las cosas llegaron hasta aquí, algún argumento tienen. ¿Que yo no lo he entendido? Claramente. ¿Que el Constitucional me da la razón? También.

P. El Constitucional dice que ni la Audiencia ni el Supremo justificaron su participación en los hechos por los que se la condenó por malversación, en línea con lo que señalaron los votos particulares del Supremo. ¿Fue condenada por suposiciones?

R. Como dice el Constitucional, se ha hecho una aplicación imprevisible del Derecho, y en el caso de la malversación, no había pruebas de cargo suficientemente...

P. Se la condenó “sin que los órganos judiciales hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por la recurrente”, dice el tribunal.

R. Ahí lo tienes. Me da la razón. Mi extrañeza tenía fundamento.

P. Entonces, según usted, el sistema judicial funciona.

R. Sí, y la sentencia del Constitucional es la prueba.

P. ¿Cómo una cuestión tan técnica como la que se dirime en su caso puede luego decidirse con jueces progresistas y conservadores votando en bloque en el Constitucional [la sentencia salió adelante por 7 a 4]?

R. El Supremo me condenó por tres a dos. No ha habido nunca unanimidad en esto. No es un tema diáfano. Lo que hace el Constitucional es aclarar.

P. Ahora la Audiencia debe dictar otra sentencia. ¿Da por hecha su absolución?

R. La sentencia la están estudiando mis abogados. En cuanto a la malversación, el tribunal me ampara porque se ha vulnerado mi presunción de inocencia. En cuanto a la prevaricación, me ampara porque se ha vulnerado la legalidad penal en todo salvo en una modificación presupuestaria que ni recuerdo de 2004, que además estaba aprobada por la Dirección General de Presupuestos y por el interventor. A mí me cuesta pensar que vayan a condenarme por una modificación con todos los informes preceptivos y que tengo la obligación de tramitar. Si el interventor que la aprobó fue absuelto, no entiendo por qué no se me va a absolver a mí. Igual de inocente que Manolo Gómez [ex interventor general de la Junta] soy yo.

P. Su condena se basaba en que usted era “consciente” de la “palmaria ilegalidad” de sus actos, y en que asumía que el dinero podía acabar en manos indebidas. Usted ha negado haber sido consciente del fraude. Pero ¿nada levantó su sospecha sobre lo que pasaba en Empleo?

R. La Intervención General no habla de intrusos [falsos prejubilados metidos en los ERE], ni de ilegalidad ninguna. Se habla de que hay un procedimiento administrativo incompleto, porque al interventor le parecía que debía haber un procedimiento subvencional [dar el dinero mediante subvenciones, no ayudas]. Y dice que para él [el que se aprobó] es un procedimiento inadecuado. Pero el propio interventor dijo que había dicho “inadecuado” porque sabía que era legal. Es una decisión de técnica contable. No se dice que sea ilegal, ni que se esté llevando nadie dinero. Y digo yo: si ningún interventor vio menoscabo de fondos, ¿qué mayor conocimiento voy a tener yo?, ¿en qué ciencia infusa me amparo para conocer que ahí hay un intruso o un ladrón?, ¿por qué voy a ver yo una ilegalidad si nadie la ha visto?

P. Si la Intervención insistía en que el procedimiento era inadecuado, ¿no le debió prestar más atención?

R. Se le prestó. En 2004 hicimos una ley para dar más medios a la Intervención. Es más, a lo largo de mi periodo como viceconsejera, las propuestas de los informes se incorporaban a las leyes de presupuestos.

P. Las sentencias condenatorias consideraban “inverosímil” e “impensable” que usted no supiera que había riesgo de que el dinero público acabara en malas manos.

R. Lo que una viceconsejera tiene que hacer es aplicar las propuestas de mejora. Porque irregularidades, o déficit de gestión, hay en todas las administraciones. Lo que se busca es la mejora. Pero ¿la Intervención detectó alguna ilegalidad? Ninguna. E insisto: el interventor está absuelto, y bien absuelto en mi opinión. Si él lo hizo bien, ¿cómo lo voy a hacer yo mal si dependo de su información? La Intervención nunca alertó de fraude. Nunca tuvimos conciencia de que pudiera haber una unidad que se saltaba la ley.

P. ¿Qué falló en el Gobierno andaluz para que se produjera aquel fraude en Empleo?

R. Que en su momento no se vio. Y ahora se le quiere dar una dimensión [al caso] que no es cierta. Porque aquí se habla del gran fraude. No, no ha sido un gran fraude. Ha sido un problema, un incumplimiento de la ley, sin duda, pero aquí no se han defraudado 680 millones. Cuando la Intervención miró, simplemente no lo vio. Si lo hubiera visto, hubiera actuado, sin ningún género de dudas.

P. Por volumen, por el nivel de impunidad con el que actuaba el que fue director general de Trabajo, Javier Guerrero, ¿no considera que hubiera un gran fraude?

R. No, aquí no se han defraudado 680 millones de euros.

P. Está por ver la cantidad final, pero será considerable [la Junta asegura que ha recuperado 27 de los 62 millones que deben ser devueltos a través de distintos procesos en la justicia y el Tribunal de Cuentas].

R. La cantidad no la sé. Pero de 6.400 trabajadores, el informe de la Cámara de Cuentas de 2012 hablaba de 70 intrusos. Hay una diferencia muy notable.

P. ¿Qué pensó cuando afloró el caso, cuando Guerrero declaró a la Policía Nacional que la Junta tenía un “fondo de reptiles” para empresas en crisis?

R. Todos nos pusimos manos a la obra para ponerlo en conocimiento de la justicia.

P. ¿Pensó que podía afectarle?

R. Jamás. Nunca pude pensar que un problema en una unidad de la administración pudiera convertirse en una causa política de esta envergadura. Ha sido una exageración, una mentira fabricada por el PP, que ha vencido con un relato que no es cierto. Tan bien lo han hecho, con tanto arte, que a mí me han tenido un año y medio en la cárcel.

P. ¿Los expresidentes Manuel Chaves y Griñán han contactado con usted a raíz de su sentencia?

R. Nunca he perdido el contacto. Siempre me han apoyado. Me siento orgullosa de haber trabajado con ellos. Creo que merecen todo el respeto y agradecimiento de Andalucía, porque han ayudado a levantar esta tierra.

P. El PP ha roto su consenso con el PSOE para evitar que Chaves y Griñán puedan ser miembros del Consejo Consultivo como otros expresidentes. ¿Qué le parece?

R. Una bajeza más de un político [Juan Manuel Moreno] que no debería estar gobernando. Andalucía merece más.

P. ¿El caso ERE echó al PSOE del poder en Andalucía?

R. Sin duda, porque generó una desconfianza tremenda sobre el PSOE y sobre unos líderes muy queridos. A lomos de esta mentira, de forma innoble, el PP se hizo con el poder. Pero las mentiras al final salen a la luz. En este caso se está viendo la magnitud de la mentira de los ERE.