Última hora de la actualidad política, en directo | El PP pide el despliegue de las Fuerzas Armadas para contener la llegada de inmigrantes
El Congreso vota el inicio de la tramitación de la renovación del CGPJ pactada entre PP y PSOE | Rodríguez apela a la “conciencia social”: “Cuando se daña el derecho al acceso a la vivienda, se hace un daño colectivo”
El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha reclamado este jueves al Gobierno que active al Ejército para contener la inmigración en las fronteras españolas. Tras instar al Ejecutivo a “pedir ayuda a la UE”, como hizo el miércoles su jefe, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que buques españoles pueden patrullar las costas de los países de origen para impedir que las embarcaciones con inmigrantes se echen al mar y lleguen a las costas españolas. Además, el Congreso celebra un pleno extraordinario para aprobar la toma en consideración de la proposición pactada por el PP y el PSOE para reformar la ley orgánica del Poder Judicial, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada. Es el primer paso en la Cámara para poner fin a cinco años de bloqueo del PP al órgano de gobierno de los jueces. PP y PSOE votarán a favor, mientras que Sumar anunció que se abstendría y otros socios habituales del Gobierno se pronunciarán en contra. Mientras, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha apelado a la “conciencia social” de empresas y particulares, además de las medidas que plantea el Gobierno, para atajar el alza de los precios del alquiler de vivienda. “Cuando se daña el derecho al acceso a la vivienda, se hace un daño colectivo”, ha dicho en una entrevista.
El PP pide el despliegue de las Fuerzas Armadas para contener la llegada de cayucos a las costas españolas
El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha reclamado este jueves al Gobierno que active al Ejército para contener la inmigración en las fronteras españolas. El dirigente popular ha instado al Ejecutivo “en primer lugar, a apoyarse en la Unión Europea y pedirle ayuda, que hasta ahora no lo ha hecho, y en segundo lugar, tratar el problema de la inmigración irregular en origen, para que esas pateras no salgan y, por lo tanto, finalmente no lleguen”, ha afirmado en Espejo Público.
Y, para eso, ha añadido, “el Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, esas embarcaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer la intervención de la Unión Europea, pero no llegó tan lejos como para hablar de la activación del Ejército.
Marlaska reprocha a Feijóo su “ignorancia” sobre migración y le advierte de su “irresponsabilidad” si rechaza la reforma
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de tener “una ignorancia y atrevimiento máximo” por sus declaraciones sobre la política migratoria del Gobierno y le ha advertido de que no apoyar la reforma del Reglamento de Extranjería sería “una irresponsabilidad absoluta y falta de solidaridad”.
“Sería muy difícil comprender que España pida solidaridad a los 26 países restantes de la UE y que no seamos solidarios dentro de nuestro propio país”, ha argumentado Marlaska en una entrevista en RNE en la que ha acusado al líder de la oposición de difundir “bulos que le acercan mucho a la extrema derecha” y, en su opinión, “demuestran una ignorancia y atrevimiento máximo”.
El ministro ha puesto como ejemplo el caso de Italia, donde el Gobierno se comprometió a “solucionar la migración en su primer mes” y “el año pasado tuvieron récord de llegadas con más de 170.000”. “Ahora han mirado a la gestión española y la han reconocido públicamente”, ha argumentado el ministro. Ha descartado, no obstante, recurrir a centros de migrantes en Albania como ha hecho el Gobierno de Giorgia Meloni. “Hay diferencias en las sensibilidades de los gobiernos, pero lo que han reconocido es que la cooperación y la colaboración con los países de origen y de tránsito es esencial”, ha argumentado Marlaska.
Ha precisado, no obstante, la importancia de ver la migración “no como un problema, sino como un desafío”. “África va a duplicar su población para 2050 y en 2030 van a ser ya 1.750 millones de personas, ahora ya son 1.350 con un producto interior mucho más bajo, ¿qué queremos pensar al respecto?”, se ha preguntado el titular de la cartera de Interior. (EP)
Si se celebrasen elecciones generales ahora, los votantes de la derecha de entre 18 y 24 años se repartirían así: un 17% del total de electores elegiría a Vox; un 15%, al PP, y un 8%, a Se Acabó la Fiesta (SALF), según la última encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la SER. Desde que Alberto Núñez Feijóo dio el salto a la política nacional, hace algo más de dos años, su equipo ha tratado de transformar su estrategia comunicativa para llegar a un “público más diverso” al que aspiraba como presidente de la Xunta, indican fuentes autorizadas de su gabinete, pero con el foco puesto en los últimos meses especialmente en los jóvenes. De ahí que el perfil en redes sociales del líder del Partido Popular haya evolucionado hacia un contenido de vídeos cortos grabados ex profeso, alejados de los convencionales cortes para informativos de televisión o radio. Un plan mediático que ha dado un paso más este jueves, cuando se publica una entrevista de Feijóo concedida a Worldcast, el canal del influencer Pedro Buerbaum, y grabada el martes. Un pódcast audiovisual en el que se da pábulo a teorías de la conspiración; se ataca la Agenda 2030, el feminismo y los migrantes o se desdeñan por completo los impuestos. Y por el que ya han desfilado tanto Santiago Abascal, líder de Vox, como Alvise Pérez, presidente de SALF.
Rodríguez apela a la “conciencia social”: “Cuando se daña el derecho al acceso a la vivienda, se hace un daño colectivo”
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha llamado a empresas y particulares a contribuir a forjar una “conciencia social” para garantizar el derecho a la vivienda, porque “cuando se daña el derecho al acceso a la vivienda, se hace un daño colectivo”. “Si un trabajador no tiene un techo en la ciudad en la que tiene que trabajar, no habrá trabajadores que den servicio a las empresas”, ha puesto como ejemplo para justificar las medidas que planea el Gobierno para intentar reducir el precio del alquiler, como el registro de viviendas turísticas o la introducción del permiso de los vecinos para convertir un piso en turístico.
La ministra ha afirmado que el Gobierno ya ha movilizado unas 80.000 de las 183.000 viviendas para alquileres asequibles a las que se había comprometido el Ejecutivo para la legislatura, además de asegurar que el objetivo es llegar a un parque público de viviendas del 9% sobre el total, en línea con la media europea. “Eso implica movilizar recursos y acciones que han de ser coordinadas por todas las administraciones públicas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está comprometido, y exigimos al resto de administraciones que hagan lo mismo”, ha dicho, apelando al concepto de libertad: “Cuando impedimos el desarrollo del derecho a la vivienda, no queda libertad alguna; cuando uno tiene que vivir consus padres con 30 años, no hay libertad; cuando tienes que compartir pìso con 40 años, no hay libertad; cuando tienes que condicionar tu maternidad por no poder cambiar de casa, no hay libertad”, ha dicho.
La sensación de campaña electoral es permanente en España, incluso cuando no hay unos comicios convocados. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y sus dos principales lugartenientes, Miguel Tellado y Cuca Gamarra, ya identifican la situación de Begoña Gómez, la esposa del presidente, Pedro Sánchez, como un caso para sentarla “en el banquillo de la corrupción” sin que el juez que la ha citado para declarar este viernes le haya expuesto siquiera por qué indicios de delito continua la investigación. Los populares ya la han sentenciado políticamente sobre la base de una serie de informaciones periodísticas más relacionadas con procesos administrativos y de contratos que de ninguna ilegalidad. Tellado quiso caricaturizar a Sánchez y Gómez como “los Kirchner de España”. Gamarra anticipó que Gómez se ha aprovechado en su trabajo “de ser la mujer del presidente” y ha cometido “un claro conflicto de intereses”. Ni la Oficina del Conflicto de Intereses ni la Justicia han fallado nada en ese sentido.
El amparo del Tribunal Constitucional a los condenados por los ERE de Andalucía no es el primer revés que sufre el Tribunal Supremo, que en 2022 confirmó las condenas impuestas por la Audiencia de Sevilla. El máximo órgano intérprete de la Ley Fundamental ya ha dado varios vuelcos a resoluciones del alto tribunal al no estar del todo de acuerdo con los criterios jurídicos aplicados. Así ocurrió en enero, cuando el órgano de garantías dio la razón al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez —entonces aforado en el Supremo—, cuyo escaño en el Congreso de los Diputados fue retirado al ser condenado por un delito de atentado a la autoridad; o cuando anuló la orden de repetir el juicio al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por el caso Bateragune.
La batalla jurídica acaba de empezar, y todo indica que será muy larga. El auto del Tribunal Supremo en el que deja la ley de amnistía en papel mojado con una interpretación de la malversación que deja fuera del perdón a los líderes del procés, incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ha recibido críticas muy duras de varios aliados del Gobierno. El Ejecutivo, con más cautela, también ha insinuado que el Supremo está interpretando mal la ley mientras otros tribunales están amnistiando a otros procesados por los mismos delitos. Pero la verdadera batalla, aunque tenga evidentes consecuencias políticas, es jurídica. Y en estos días va a empezar a darse en el propio Supremo: fuentes jurídicas dan por seguro que la Fiscalía y la Abogacía del Estado preparan ya sendos recursos contra la decisión del alto tribunal con argumentos jurídicos de fondo que también estaban en el voto particular de Ana Ferrer, magistrada de la sala de Lo Penal. Ella recordó en su análisis que la propia doctrina de la sala en el caso del procés contradice absolutamente la decisión de considerar que sí hubo enriquecimiento porque se ahorraron el dinero que tendrían que haber gastado de su bolsillo para hacer el referéndum, una interpretación inédita que está recibiendo fuertes críticas no solo en la política sino también en sectores de la justicia. Los recursos aún no han sido presentados pero se están preparando, según estas fuentes.
Fue un brevísimo instante de sosiego y, ocho días después, la política española ha vuelto donde solía: la bronca incesante. PSOE y PP aprobarán este jueves el primer paso para la reforma de la ley del Poder Judicial, pactada la semana pasada en Bruselas, y más allá de votar juntos, no se espera ningún otro gesto de distensión. Los últimos días han visto rebrotar el enfrentamiento cotidiano, también con cuestiones judiciales de por medio, desde el malestar del Gobierno con el Tribunal Supremo por su frenazo a la ley de amnistía hasta los ataques del PP al Constitucional y la reanudación de su campaña contra la esposa del presidente del Gobierno, que este viernes declarará como investigada en un juzgado de Madrid.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este jueves, marcada por la sesión del Congreso en la que se tomará en consideración la proposición para renovar la ley orgánica del poder judicial. Podría parecer una sesión plácida, habida cuenta que la norma cuenta con el respaldo de PP y PSOE, pero la sesión se presenta áspera, con el PP atacando con dureza al Constitucional, al que acusa de parcial por revisar las sentencias del caso de los ERE de Andalucía, y cargando las tintas de nuevo contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los socialistas sitúan al PP "fuera del sistema" por las críticas al tribunal de garantías.
Además, Sumar, que dio su visto bueno al pacto entre PP y PSOE que puso fin a cinco años y medio de bloqueo constitucional, ahora se desmarca y anuncia su abstención en el Parlamento. Otros socios habituales del Gobierno también criticaron el acuerdo de los socialistas y los populares.
