Barones del PP ven imposible pactar el reparto de menores migrantes pese a que Feijóo garantizó la “solidaridad” de sus autonomías

El PP afronta una patata caliente con el reparto de menores migrantes que el Gobierno central y el canario quieren convertir en obligatorio por ley. El cambio legislativo, que debe ser votado en el Congreso, tensiona al PP con su socio, Vox, y divide a sus Gobiernos autonómicos, sin que de momento el partido haya logrado alcanzar una posición común. Pese a que Alberto Núñez Feijóo abrió la puerta el pasado viernes a que los populares pacten, con condiciones, con el Gobierno la reforma de la ley de Extranjería para imponer el reparto de menores por todo el territorio, varios de sus barones siguen muy reticentes ante la modificación de la ley. En privado, presidentes autonómicos del PP sostienen que “no habrá acuerdo” entre las comunidades para aceptar la distribución de los menores, mientras rebajan la importancia de las palabras del líder del PP y reconocen que las autonomías populares todavía no han alcanzado un criterio compartido.

El pasado viernes, Feijóo ignoró la amenaza de Vox ante la posibilidad de que los populares acepten un acuerdo con el que se activaría un reparto cada vez que Ceuta, Melilla y Canarias vean sus centros de menores ocupados por al 150%. Aunque los ultras presionan en las cinco comunidades donde gobiernan con el PP para que lo rechacen, Feijóo aseguró que “la solidaridad” de esas regiones, gobernadas en solitario o con el partido de extrema derecha, “está garantizada”. Canarias, donde los populares comparten el Gobierno con Coalición Canaria, “está en una situación excepcional”, admitió el presidente del PP, mientras abría la puerta a un pacto con el Ejecutivo en esta materia. “Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y vamos a seguir poniendo a disposición toda la capacidad instalada en centros de menores para acoger cualquier necesidad y cualquier contingente”, dijo.

En privado, no obstante, varios de sus barones populares son muy reacios a este acuerdo, y llegan a expresar que lo ven imposible. Estos presidentes del PP sostienen que el pacto no se producirá por las reticencias de varias autonomías, entre ellas también otras no gobernadas por el PP, como Cataluña y el País Vasco, y aventuran que el Gobierno se verá obligado a seguir derivando a los menores de Canarias como hasta ahora, con pequeños cupos de unos 400 menores al año y con la aceptación de las autonomías. Las palabras de Feijóo del viernes abriendo la puerta a un pacto, aseguran, no estaban consensuadas de antemano con los barones y se debieron a que el líder del PP “no esperaba la pregunta” e improvisó la respuesta.

Tanto el PSOE como Coalición Canaria, que pactaron las bases de la reforma bilateralmente, buscan el sí del PP en el Congreso, no solo porque no está claro que logre la mayoría simple necesaria (Junts se ha mostrado reacio a apoyarla), sino porque consideran que el apoyo de los populares es fundamental porque gobiernan en la mayoría de las comunidades autónomas. Pero aunque el reparto beneficiaría a tres territorios en los que gobierna el PP, son también varias las autonomías populares que son muy reacias a acoger a más menores inmigrantes con el argumento de que sus sistemas están colapsados.

“No tengo margen, ya hemos sobrepasado el límite de nuestros recursos”, defiende en privado otro presidente autonómico del PP de una de las autonomías con mayor presión migratoria. Este barón popular advierte de que este asunto es “todavía más importante que el de la financiación autonómica”, porque corre el riesgo de “que se vaya de las manos” la situación humanitaria, mientras al mismo tiempo se queja del posible “efecto llamada para las mafias” en el caso de un gran pacto para reformar la Ley de Extranjería e imponer por ley el reparto de menores.

Otros barones del PP se muestran más abiertos al acuerdo, pero siempre condicionado a la “transparencia, la equidad de acogida y una financiación suficiente”, algo que no ven que se cumpla en el texto que se ha hecho público en el que se establecen unos criterios que ya han sido acordados por todas las autonomías para los repartos voluntarios. Algunos presidentes autonómicos populares entienden que las autonomías del PP tendrán que llegar a una posición común para afrontar la conferencia sectorial para el reparto de menores que ha convocado el Ejecutivo de Sánchez el próximo 18 de julio en Tenerife, pero reconocen que todavía están lejos de tenerla.

Los populares desconfían de la amenaza de Vox y no creen que el partido de Santiago Abascal vaya a llevarla a término. Tampoco hay excesiva preocupación entre los barones populares ante la posibilidad de que los ultras rompan con sus Gobiernos. “Nos hacen un favor”, afirma un presidente que gobierna con Vox.

A pesar de las reticencias entre sus líderes autonómicos a aceptar el pacto migratorio, Feijóo insistió este lunes en lanzar un mensaje sobre la importancia de la solidaridad entre comunidades, en lo que parecía un mensaje entre líneas a la interna. De forma genérica, sin referirse a esta materia concreta y en un acto en Salamanca con varios de los principales presidentes autonómicos del PP para presentar una EVAU común, el líder del PP insistió en que el Estado autonómico requiere de la solidaridad entre territorios, lo que podía aplicarse al caso de Canarias. “Los problemas de un territorio son problemas de todos los españoles”, subrayó, antes de reivindicar al PP como el “único partido de Estado que queda en España”. “Y lo seremos siempre”, concluyó.