La pareja de Ayuso pide al Supremo que investigue al fiscal general del Estado

Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado que se eleve al Tribunal Supremo la querella por presunta revelación de secretos sobre el fraude fiscal, que el mismo ha reconocido y por el que ha ofrecido un pacto con la fiscalía para evitar ir a la cárcel. La defensa de González Amador cree que hay indicios que apuntan a la responsabilidad del fiscal general, Álvaro García Ortiz y por eso han hecho esta petición ante el juez que investiga la querella el pasado viernes, el mismo día que lo hizo el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

El ICAM justificó su petición“tras la práctica de las diligencias esenciales en la fase de instrucción por parte del juez” del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y “ante los indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado”. Se da la circunstancia de que hace unas semanas, el propio fiscal general presentó un escrito ante el TSJM en el que asumía la responsabilidad “última” de esa nota de prensa y pidió por ello elevar la causa al Supremo, al ser aforado, por lo que la petición del ICAM era algo que ya puso sobre la mesa el propio García Ortiz.

El juez del TSJM Francisco José Goyena investiga en esta causa a la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal Julián Salto por supuesta revelación de secretos. Ambos declararon el pasado jueves ante el magistrado, que investiga si incurrieron en el mencionado delito. García Ortiz ordenó el 14 de marzo pasado difundir esa nota para aclarar el estado del proceso abierto a González Amador. La Fiscalía informó de las circunstancias de ese procedimiento para contestar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quien horas antes había difundido un correo electrónico dirigido por el fiscal encargado del caso al abogado de González Amador invitándole a tramitar el acuerdo de conformidad por el que, confesando el fraude, podría acceder a una rebaja de las penas de cárcel previstas para este tipo de delitos.

El jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, informó a todos los periodistas que por “órdenes de arriba”, en referencia a los jefes de la Fiscalía, se había retirado ese ofrecimiento de un acuerdo. La información del Gobierno de Ayuso, incluyendo la transcripción del correo electrónico del fiscal al abogado y el ataque a la Fiscalía sobre unas órdenes inexistentes, fue publicada por algunos medios de comunicación sin contraste alguno con la institución criticada. García Ortiz ordenó unas horas después a la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, difundir una nota informativa. Con esa información oficial, el fiscal general pretendía aclarar los hechos reales del procedimiento a los medios de comunicación que preguntaron por la denuncia del Gobierno de Ayuso. Esa comunicación, con el membrete de la Fiscalía de Madrid, daba cuenta de que González Amador había ofrecido el 2 de febrero pasado a la Fiscalía de delitos económicos un acuerdo de conformidad para reducir las penas de cárcel que le correspondieran confesando los delitos ―dos fraudes fiscales por 350.000 euros perpetrados en la declaración del Impuesto de Sociedades correspondientes a 2020 y 2021― y devolviendo lo defraudado más una multa.