La fiscal superior de Madrid apoyó rebatir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre el novio de Ayuso: “Es falso, hay que desmentirlo”

Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que cuando conoció las informaciones difundidas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso denunciando que los máximos responsables de la Fiscalía impedían el acuerdo de conformidad con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidente madrileña, e imputado por dos fraudes fiscales, le dijo a su jefe de prensa: “Es falso, hay que desmentirlo”.

En su testimonio ante el juez instructor, Lastra explicó que a última hora del pasado 13 de junio su jefe de prensa le comunicó que varios periodistas habían recibido información de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, sobre supuestas maniobras de la fiscalía para perjudicar a González Amador, pareja de Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros en sus declaraciones de 2021 y 2022. A esas horas, El Mundo ya publicaba en su página web la información facilitada por Rodríguez sin ningún contraste con la Fiscalía de Madrid, a la que se acusaba de actuar por motivos políticos para impedir el acuerdo con el defraudador fiscal confeso.

Lastra contestó a su jefe de prensa que esa información era falsa y coincidió con él en que había que desmentirla, según explican a este periódico fuentes jurídicas conocedoras de la declaración de la fiscal superior de Madrid. A continuación, se puso en contacto con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para informarle sobre esta cuestión, según su propio relato en el Tribunal Superior de Justicia. Tanto Lastra como García Ortiz coincidieron en que nunca se había dado una orden para evitar el acuerdo de conformidad con González Amador y en que había que desmentir la información.

La declaración de Lastra, de la que se hicieron eco varios medios el mismo 13 de junio cuando compareció ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, detalló que ese día también hablaron García Ortiz y ella con la fiscal jefa provincial de Madrid y con el fiscal que llevaba la causa de González Amador. Este fiscal les envió los correos del procedimiento judicial, entre los que se encontraba el mensaje que ocultó Miguel Ángel Rodríguez donde era el abogado de la pareja de Ayuso quien proponía un acuerdo de conformidad para que su cliente evitara el ingreso en prisión mediante el reconocimiento del delito y el pago de lo defraudado más una multa.

A la mañana siguiente, según el testimonio de Lastra, su jefe de prensa le contó que había recibido una nota de prensa desde su homóloga en la Fiscalía General del Estado con la orden de difundirla. Esa nota de prensa era una cronología con los principales hitos del procedimiento, entre ellos el correo electrónico que el abogado de González Amador, remitió a la fiscalía de delitos económicos de Madrid proponiendo el 2 de febrero un acuerdo de conformidad consistente en la confesión del delito, y el pago de una multa para reducir la pena de cárcel.

Lastra declaró que su jefe de prensa le había dicho que no estaba de acuerdo con difundir esa nota y le amenazó con dimitir si tenía que darla. En ese momento, la fiscal superior de Madrid comunica al fiscal general del Estado que no le gusta la nota. Recibió varias llamadas de García Ortiz, pero no las atendió y entonces el fiscal general del Estado le envió varios mensajes por WhatsApp, que ayer publicó el diario El Mundo con el siguiente contenido: “Ya tenemos la nota. Consensuada con Pilar y con Virna. Que Íñigo la dé cuanto antes / Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo / Es imperativo sacarla / Nos están dejando como mentirosos / Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y la fiscalía es impecable y hay que defenderla”.

Estos mensajes, sin respuesta por parte de Lastra, fueron remitidos al Tribunal Superior de Justicia por la propia fiscal superior de Madrid. En su declaración ante el juez instructor, Lastra aseguró que no estaba de acuerdo con la nota, ya que creía que no eran necesarios tantos datos para desmentir una información falsa. Datos innecesarios, según la fiscal superior de Madrid, como incluir los correos o el reconocimiento del delito por parte de la pareja de Ayuso. La nota explicaba que “el 2 de febrero de 2024 el abogado de González Amador remitió un correo a la fiscalía provincial de Madrid para proponer un acuerdo tras reconocer dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 y conformarse con una determinada pena”.

Los documentos aportados de momento por Lastra a la causa no acreditan que advirtiera al fiscal general del Estado de que la nota para desmentir el bulo del Gobierno de Ayuso no debería incluir determinados datos. Ni los WhatsApp ni el correo electrónico que envió para dar cuenta de que había cumplido con la orden del fiscal general del Estado acreditan que Lastra avisara sobre no facilitar información supuestamente confidencial dentro de los acuerdos de conformidad de los abogados de defraudadores fiscales con la Fiscalía.

EL PAÍS preguntó este jueves a Lastra si tiene alguna prueba de que advirtió al fiscal general del Estado sobre esa supuesta revelación de secretos que ahora investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La fiscal superior de Madrid no contestó. Su declaración ante el juez instructor, de la que han informado varios medios en los últimos días, era materia reservada, según indicaron sus servicios de prensa.

Tras la declaración de Almudena Lastra, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tomará declaración al fiscal encargado del caso, Julián Salto, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, contra quienes iba la querella de González Amador, antes de decidir si, como parece, envía una exposición razonada al Tribunal Supremo para que asuma la causa e impute, si procede, al fiscal general del Estado.