No era tan difícil, carajo

La cosa comenzó a cambiar el mismo día que el Presidente del Gobierno anunció en televisión que habría renovación del Consejo General del Poder Judicial con o sin el acuerdo del PP. Ni siquiera hizo falta explicitar las fórmulas jurídicas que se estaban considerando. La determinación de Pedro Sánchez ha contribuido, sin duda, a que el PP pusiera fin a una posición de desacato constitucional difícil de sostener por más tiempo, pero no solo. Dicho de otra manera, la convicción de llevar a término tal amenaza se ha forjado gracias a un cúmulo de circunstancias que han debilitado la posición de bloqueo del PP dentro y fuera de España.

Desde dentro, el propio Tribunal Supremo recordó el lunes en un comunicado lo obvio: la situación crítica en la que se encuentran algunos órganos jurisdiccionales. Una circunstancia que, a su entender, suponía “el menoscabo del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”. Baste recordar ahora que hay más de 94 vacantes por cubrir en órganos jurisdiccionales como el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, entre otros. Pero también desde fuera de España la posición del PP ya no resultaba creíble. De hecho, la mediación que ha ejercido la Comisión Europea, y ante la que ahora se ha presentado el acuerdo, ha permitido tomar nota de la colección de excusas utilizadas para retrasar el necesario pacto. Bien está lo que bien acaba.

El acuerdo logrado recoge lo urgente: renovar el Consejo General del Poder Judicial con una lista de personas de trayectorias profesionales diversas. También contempla una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal que tiene como propósito afianzar las garantías de independencia de jueces y magistrados, así como del Ministerio Fiscal, algo que, más allá de cómo se concrete, merece ser celebrado a modo de bálsamo frente a la desconfianza en el poder judicial que se ha instalado entre la ciudadanía por errores propios y ajenos. La propia desconfianza que se tienen las partes firmantes exige que la tramitación de la reforma legislativa y la materialización de la renovación de cargos, incluida una vacante en el Tribunal Constitucional, se realicen de manera síncrona. El texto final ofrece al PP la condición que siempre exigió: una reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que aprobará el propio Consejo y que será trasladada a las Cortes para su aprobación.

No es fácil conocer los detalles que han permitido avanzar hasta llegar al acuerdo, pero quizás Isabel Díaz Ayuso haya contribuido a ello sin quererlo. Mientras distraía, jugaba a la política exterior y atraía para sí la atención mediática, el líder de su partido ahormaba un acuerdo sobre política de verdad, alejando al PP de ese espacio rocoso que coloniza sin complejos la ultraderecha. Han pasado ya unas horas del pacto entre el PP y el PSOE y Alberto Núñez Feijóo sigue siendo todavía el presidente del PP. Quizás es que no era tan difícil, ¡carajo!