Un modelo de financiación progresista: solidaridad y equidad

El debate sobre el modelo con el que financiamos las competencias autonómicas (que sustentan en esencia los pilares del estado del bienestar) esconde tras de sí una vertiente ideológica, una económica, y una sobre el modelo de país que lo convierte en uno de los asuntos más trascendentales y complejos de todos los temas pendientes.

Un debate enrevesado pero necesario que puede y debe producirse pese a la coyuntura tan fragmentada de la política actual. Numerosos informes públicos y privados advierten que Castilla-La Mancha es una de las regiones españolas peor financiadas (es decir, que menos recursos recibe del Estado para cubrir los costes del mantenimiento de los servicios públicos esenciales). La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) cifra en torno a los 400 millones de euros anuales ese déficit.

Soy consciente de que no somos la única región en esta situación, incluso que hay autonomías que, aun partiendo con mejores cifras de financiación, reivindican tener más recursos. Pero siendo legítimo que cada uno parta de un punto de vista diferente, tenemos que ser conscientes de que el debate solo puede discurrir por el camino del diálogo multilateral, el único que garantiza que todas las regiones negociamos de igual a igual, sin diferencias. Un diálogo capaz de vertebrar el país en torno a una conversación sobre el fondo.

Hay que evitar alimentar los discursos interesados de los que desean alentar una España de ciudadanos de primera y de segunda, que engordan al populismo y a los extremos. En un momento de alta sensibilidad, donde prenden fácilmente los argumentos simplistas, hay que tener especial cuidado con no introducir sentimientos de agravios territoriales, no solo en los acuerdos finales, incluso en el método con el que se buscan esos acuerdos. Porque si hace unos años un cierto sentimiento de agravio territorial impulsó los movimientos localistas —que incluso consiguieron escaño en las Cortes Generales— en el día de hoy podrían derivar hacia movimientos extremistas.

Defiendo un buen acuerdo para Castilla-La Mancha desde una doble visión progresista: aquella que mejor redistribuya la riqueza nacional entre todos los españoles y la que garantice la financiación adecuada de los servicios públicos para que el acceso a la sanidad, la dependencia o a la educación no dependa de lugares de residencia, ni de posibilidades económicas. Y desde esa perspectiva, un buen acuerdo para Castilla-La Mancha tiene que ser un buen acuerdo para el conjunto, un acuerdo que supla deficiencias, no que genere carencias nuevas.

Y en ese sentido la financiación autonómica puede cubrir singularidades, por ejemplo, la singular situación de provincias como Cuenca que, con los mismos habitantes de Móstoles pero con 17.000 kilómetros cuadrados más de superficie, requieren 32 centros de salud y más de 200 consultorios locales para garantizar el derecho a la sanidad en las zonas rurales, en vez de los 9 centros de salud con los que se nutre el municipio madrileño.

Es por ello que, para un socialista, la singularidad solo puede ser sinónimo de equidad. Es decir, facilitar a cada autonomía los recursos necesarios para construir una sociedad de igualdad de oportunidades. Y la equidad solo puede conseguirse como consecuencia de la progresividad —pedir más a los que más tienen, para dar más a los que más lo necesitan— que, a su vez, es una virtud que se produce entre ciudadanos y empresas, no entre territorios.

Si los territorios tuvieran que recibir lo que aportan, y ese fuera el criterio, no hubiera sido posible la política de cohesión de la Unión Europea, lo urbano absorbería los recursos de lo rural, los municipios con más renta dejarían sin inversiones a los barrios de clase media y trabajadora. Un criterio justo y equitativo de reparto solo puede estar basado en la progresividad tanto en lo que se pide, como en lo que se ofrece.

He defendido siempre la descentralización política en España como un acelerador de la redistribución de la riqueza que, al acercar la gestión al ciudadano y a sus realidades sociales, facilita la tarea de combatir cualquier tipo de desigualdad.

La descentralización ha ido pareja con la máxima expansión del Estado del bienestar y, con ello, también del aumento de la cohesión social y territorial de nuestro país. Cualquier propuesta que reduzca la capacidad redistributiva del Estado como las que se justifican en balanzas fiscales neutras de los territorios (tienen que recibir tanto como aportan) será legítima, pero estaré en contra tanto por la defensa del interés de mi tierra, como por mi vocación progresista.

No hay política que vertebre más el país que el Estado del bienestar, y no hay instrumento más poderoso para ello que una correcta financiación autonómica progresiva, suficiente y equitativa para el conjunto de las autonomías. También desde una política fiscal responsable por parte de las autonomías, porque no es comprensible realizar competencias fiscales a la baja mientras que se lideran las reivindicaciones sobre la necesidad, de esas mismas autonomías, a recibir más recursos por parte del Estado.

Confío en que podamos hacer en España un debate serio, constructivo y profundo con el conjunto de las comunidades autónomas y con el Gobierno de España. Y espero poder hacerlo con Salvador Illa como presidente de Cataluña, no sólo por la relevancia de que alguien no independentista hable desde Cataluña con perspectiva del conjunto, también porque aunque mantengamos diferencias legítimas en la defensa de lo que consideramos lo mejor para nuestra tierra, ambos compartimos valores progresistas. Y dentro de esos principios siempre será posible el acuerdo.