La Fiscalía marroquí archiva la investigación sobre la tragedia en la frontera de Melilla donde murieron 23 migrantes

Cuando se cumplen justo dos años de una de las mayores tragedias migratorias en las fronteras españolas, y después de imponer el silencio durante este tiempo, Marruecos ha dado carpetazo a la investigación por la muerte de al menos 23 ciudadanos subsaharianos en el paso del Barrio Chino, que enlaza Melilla con Nador. Todos fallecieron aplastados el 24 de junio de 2022 en una brutal avalancha al tratar de entrar en la ciudad española. La Fiscalía marroquí ha archivado el caso abierto tras aquel salto a la valla ante “la ausencia de indicios de delito”, según ha informado este lunes la agencia Efe, que cita fuentes del Ministerio Público, y tras constatar que hubo un “uso proporcional de la fuerza” por parte de los agentes marroquíes.

Los testimonios de supervivientes de la tragedia —en la que se vieron involucrados más de 1.700 migrantes irregulares, en su mayoría de origen sudanés— y las indagaciones independientes de ONG y medios informativos, como la elaborada con la participación de EL PAÍS, contradicen la tesis de la justicia marroquí y reflejan que las fuerzas de seguridad del país africano sí emplearon violencia.

La Fiscalía española ya cerró su propia investigación apenas seis meses después de los hechos, al no apreciar indicios de delito por parte de los agentes españoles desplegados. “No puede concluirse que la actuación de los intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes”, rezaba el escrito fiscal de diciembre de 2022, “ni que los actuantes tuvieran conocimiento de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias”. Eso a pesar de que la cámara de un helicóptero grabó la avalancha y el aplastamiento de decenas de migrantes y refugiados.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó el pasado viernes que la Fiscalía General del Estado había llevado a cabo una “amplia y exhaustiva” investigación, “realizada conforme al ordenamiento jurídico y en una democracia plena como es España”, y concluyó que no hubo “ningún tipo de responsabilidad por parte de ninguna autoridad ni ningún funcionario español”. Tras conocerse la decisión de la Fiscalía marroquí, partidos que sostienen al Gobierno, como Izquierda Unida, o que le respaldan habitualmente en el Parlamento, como Podemos y ERC, han reclamado la reapertura de la investigación en España y en la Unión Europea.

La Fiscalía marroquí competente apuntala con estos argumentos su decisión, según informa Efe: “Las investigaciones han demostrado que la intervención de las fuerzas públicas fue para repeler el ataque, el peligro que existía, y mantener el orden con un uso proporcional de la fuerza, pese al carácter agresivo y violento de los emigrantes, su gran número y que poseían armas blancas”. En sus conclusiones, el Ministerio Público asegura que las lesiones mortales que sufrieron los migrantes fueron consecuencia del “intento de atravesar a la fuerza [el puesto fronterizo] en medio de una intensa aglomeración”, de acuerdo con los resultados de las autopsias.

La sección de Nador de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) elevó a 27 la cifra de muertos en el paso del Barrio Chino y denunció la desaparición de al menos 77 personas en la tragedia de Melilla. La AMDH informó la semana pasada de que las autoridades marroquíes habían ordenado dar sepultura a varios de los 22 cadáveres de víctimas del salto a la valla que seguían sin identificar en la morgue de Nador, después de haber recogido muestras de ADN. ONG internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han acusado a Marruecos de haber puesto trabas a los familiares que intentaban acceder a los restos con el fin de identificarlos.

El organismo público marroquí Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe pocos días después de la tragedia de la frontera en el que concluyó que las 23 víctimas fallecieron por “caída de la valla” y “asfixia mecánica”. El CNDH, que se define en sus estatutos como independiente, pero cuya presidenta ha sido designada por el rey Mohamed VI, culpó a las autoridades españolas de no haber facilitado “la asistencia y el socorro necesarios” a las víctimas.

Tras la tragedia de Melilla, que ha sido recordada este lunes y el pasado domingo en la ciudad autónoma con sencillos actos en memoria de las víctimas, las autoridades marroquíes detuvieron a los cerca de 2.000 migrantes involucrados en el intento de atravesar la frontera. La mayoría fueron alejados en autobuses a centenares de kilómetros al interior o sur del país. Este es el caso del refugiado sudanés Basir (nombre ficticio para preservar su identidad), de 25 años, que sobrevivió tras haber atravesado la valla y ser devuelto en caliente por la Guardia Civil a Marruecos. Luego fue trasladado contra su voluntad lejos de la frontera, hasta que, en diciembre de 2022, pidió asilo en la Embajada de España en Rabat. A pesar de las reticencias y la pasividad del Gobierno, consiguió que la Audiencia Nacional le diese la razón y le permitiera viajar hace un mes a Madrid para presentar formalmente su petición de asilo. La justicia marroquí procesó también a centenares de subsaharianos implicados en el salto a la valla y condenó a 61 de ellos a penas de hasta tres años de cárcel.

Una investigación de EL PAÍS junto a Lighthouse Reports, Le Monde, Der Spiegel y el portal digital marroquí Enass reveló a finales de 2022 detalles clave de lo sucedido en el paso del Barrio Chino de Melilla el 24 de junio de ese año. En este informe se utilizó material inédito, junto a los testimonios de 35 supervivientes, así como el análisis de más de 140 vídeos y entrevistas a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Un testigo y agentes marroquíes grabados mientras arrastraban a las víctimas apuntaron entonces a que hubo al menos un muerto en suelo español.

La semana pasada, la ONG Border Forensics y el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Iridia publicaron una nueva investigación en la que se responsabiliza a Marruecos de “haber tendido una trampa” a los migrantes que desencadenó su intento de entrada en Melilla. Este último informe, del que se ha desvinculado la AMDH pese a figurar entre sus firmantes, contiene fotografías tomadas horas antes del salto a la verja del Barrio Chino que muestran camiones militares, autobuses y otros vehículos de las fuerzas de seguridad marroquíes desplegados en esa zona fronteriza de Nador, situada al pie del monte Gurugú. Los agentes marroquíes habían desmantelado en los días anteriores los campamentos de los subsaharianos en las laderas boscosas del cerro, desde donde se divisa Melilla.

Jadiya Inani, responsable del área de inmigración de la AMDH, ya afirmó entonces que, a la vista de las imágenes grabadas por la propia policía marroquí, resultaba “sorprendente” que las fuerzas de seguridad no intervinieran para dispersar a los migrantes sudaneses en su camino hacia la valla. “Nos plantemos la hipótesis de que quisieran rodearles”, advertía, “para cortarles la retirada y dejarles bloqueados entre las verjas del paso y las fuerzas marroquíes y españolas”.