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La Fiscalía Europea reclama la investigación del núcleo central del ‘caso Begoña Gómez’

El ministerio público de la UE concluye que hay fondos comunitarios afectados en la causa

Begoña Gómez, este domingo en un colegio electoral de Madrid.
Begoña Gómez, este domingo en un colegio electoral de Madrid.Claudio Álvarez

La Fiscalía Europea ha reclamado este lunes la parte central de la investigación judicial en la que está imputada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El organismo de la UE que vigila para evitar que se produzca fraude en la gestión de fondos públicos europeos por parte de los Estados miembros ha remitido un escrito al juez que está instruyendo el caso, Juan Carlos Peinado, para comunicarle que asume las pesquisas, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado EL PAÍS. Si los fiscales de Luxemburgo dan este paso es porque han concluido que en el caso hay afectados fondos procedentes del presupuesto de la UE, pero eso no implica que el organismo haya encontrado hasta el momento indicios de delito. El juez Peinado puede negarse a entregar la causa y, si eso sucede, deberá ser el Tribunal Supremo el que resuelva el conflicto de competencias, como en el caso Koldo.

Al igual que el juzgado madrileño, la Fiscalía Europea recibió un escrito de Manos Limpias a comienzos de año para pedirle que investigase la colaboración de la esposa del presidente del Gobierno con empresarios que han recibido ayudas públicas. Después puso en marcha las averiguaciones preliminares para saber si habría dinero de la UE afectado, y es ahí donde hay que enmarcar la orden dada para acceder a la sede de la empresa Red.es de la Guardia Civil la semana pasada y recabar información.

La Fiscalía Europea tiene competencia para investigar delitos ocurridos en los Estados miembros en los que estén afectados fondos comunitarios. Y, en el caso de la causa abierta sobre Begoña Gómez, las partidas europeas son las afectadas por el núcleo central de la investigación, el relativo a los 10 millones de euros de ayudas recibidas por una Unión Temporal de Empresas (UTE) vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, con quien la esposa del presidente del Gobierno había colaborado profesionalmente. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez Peinado desechar el resto de hechos denunciados por Manos Limpias por considerarlos “inverosímiles”, llenos de “datos erróneos” o fruto de una “simple conjetura”, pero avaló que se investigara sobre las adjudicaciones recibidas por Barrabés.

La Audiencia sostiene que “sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación” en ese punto. La sospecha se basa, principalmente, en una carta de recomendación a favor de Barrabés firmada por la esposa del presidente, que se unió a otra treintena de cartas similares, incluida una del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil entregado al instructor, y que adelantó EL PAÍS, no halló indicios de que esos escritos influyeran en los contratos adjudicados después a este empresario.

Una vez que la Fiscalía Europea ha reclamado asumir la competencia de la investigación, el juez tiene que aparcar sus pesquisas y enviar la causa al órgano comunitario. No obstante, si el instructor discrepa de esta decisión, puede recurrirla ante el Tribunal Supremo español, que tendrá la última palabra. El alto tribunal ha resuelto hasta el momento dos conflictos de competencias entre juzgados españoles y la Fiscalía Europea, creada en 2017.

En el primero de ellos, el ponente del Supremo, el magistrado Antonio del Moral, no dejó claro si en todos los casos en los que la Fiscalía Europea reclame para sí la competencia hay que adjudicársela y quitarle la causa al juzgado instructor. Lo contó así: “La norma comunitaria atribuye a la Fiscalía Europea la posibilidad de ejercer o no ejercer su competencia respecto de algunos ―solo algunos― asuntos. Pero no sería de recibo un sistema en que se atribuyese como regla a la voluntad libérrima de un actor del proceso, por muy razonada y prudentemente que se ejerza, la capacidad de decidir por sí qué órgano va a ser el competente para el enjuiciamiento”, dado que “sería dudosamente compatible con el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley”, y “quién y con arreglo a qué disposiciones va a dirigir la investigación”. “La normativa alumbrada para delimitar esas competencias es especialmente alambicada sinuosa y oscura”, decía el magistrado, que anticipó que es posible que en algún momento haya que consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que resuelva las dudas que vayan surgiendo.

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El caso de Begoña Gómez ha marcado el tramo final de la campaña electoral para las elecciones europeas. Desde que el martes de la semana pasada se supo que el juez Peinado la ha citado para declarar el próximo 5 de julio, el debate político y la campaña discurrieron por ese cauce.

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