Competencia feroz entre funerarias: mordidas, engaños a las familias y fotos de cadáveres

Una auxiliar del anatómico forense “pidiendo perras” a las funerarias para facilitarles la adjudicación de entierros y repatriaciones. Celadores de los mortuorios de los hospitales que exigen hasta 400 euros para entregarles en bandeja un servicio. Conductores de furgones fúnebres que por 200 euros mercadeando con información confidencial para que las empresas localicen a familiares y se hagan con los contratos. Y, al final de la cadena, funerarias sospechosas de pagar mordidas a diestro y siniestro y que engañan a las familias en una competencia feroz por hacerse con los cadáveres. En disputa, cuerpos de inmigrantes, pero no solo. Y, entre medias, sobres, pagos en efectivo, bizum, decenas de miles de euros sin justificar… y la explotación del duelo.

Una investigación de la Guardia Civil sobre una supuesta organización criminal que vivía de las repatriaciones de cadáveres de inmigrantes llegados a España en patera destapó en marzo la punta del iceberg de un negocio que esconde un submundo con pocos escrúpulos. El sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, muestra cómo entre los investigados y sus conexiones está completamente normalizado el intercambio de fotos de muertos en estado de descomposición y el pago de propinas y comisiones a cualquiera que ayude a hacerse con un nuevo cliente. No importa con qué métodos.

A los 14 investigados por la Guardia Civil en marzo se les presupone la comisión de 14 delitos, dependiendo de su participación: revelación de secretos, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, delitos contra el respeto de los difuntos… Están implicados varios empleados y empresarios de funerarias que trabajan juntas, funcionarios del anatómico forense de Murcia y Cartagena, un chófer de coche fúnebre, intermediarios y el colaborador de una ONG dedicada a identificar a los muertos de las pateras.

“La del Anatómico de Cartagena pidiendo perras, madre mía, qué tía, siempre igual, que tiene la hija estudiando en la universidad, tela marinera”, le dice la pareja de un empresario funerario a su marido, según las intervenciones telefónicas. “Escucha, ¿vais a dejar algo? [...] ¿Sabes qué pasa? Que sois muchos para repartir [...] Podríais tener un detalle con nosotras...”, le insiste esta auxiliar forense al trabajador de una funeraria.

La operación despega en Cartagena en noviembre de 2023, pero los tentáculos se extienden a Alicante, Murcia, Almería y Baleares, regiones a las que llegan los cuerpos de las pateras que parten de Argelia y Marruecos. La Guardia Civil empieza a investigar quién y para qué ha tomado una serie de fotos de cadáveres que se han usado para contactar a las familias, facilitar la identificación de los finados y, a continuación, convencerlas de que contraten con determinadas funerarias. Al tirar del hilo, los investigadores y el juez se encuentran con que el mercadeo de fotos e información confidencial es práctica común entre intermediarios, auxiliares, las ONG e incluso los propios agentes de la Guardia Civil.

“La Guardia Civil mandaba las fotos a mi jefa”, afirmó ante el juez Francisco C., uno de los investigados por colaborar con la red y recibir dinero a cambio de información. Francisco, voluntario de la ONG Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos (CIPIMD), no tuvo dudas al señalar de dónde provenía la información que recibía su jefa: de guardias civiles de Garrucha, Adra y Huércal (Almería), varios puestos en Cartagena, Alicante, Valencia, Ibiza, Menorca, Huelva, Málaga, Cádiz, Ceuta, Melilla y Canarias. “Nos la mandaban para buscar a la familia y luego ellos ya se encargaban de hacer los trámites [de identificación]”, afirmó. Fuentes de la Guardia Civil defendieron ya en marzo la “correcta actuación” de sus agentes sin entrar a valorar las declaraciones de los detenidos en sede judicial.

No es casual que el negocio se cebe con los extranjeros. En España, casi la mitad de la población cuenta con un seguro de decesos, según la patronal Unespa. Este cubre los gastos ante la muerte de un familiar y deja poco margen para que las funerarias metan la cuchara. El seguro es una tradición mucho menos común entre los extranjeros e inexistente cuando se trata inmigrantes a bordo de una patera. Además, en estos casos las familias suelen repatriar los cuerpos a sus países, el servicio más caro del menú, que parte de 2.000 euros y llega incluso a 10.000. Los intermediarios se rifan los contactos de las familias. Solo en 2023, se registraron casi 500 muertes de migrantes en la ruta que lleva a España por el Mediterráneo.

Un “mundo cerrado”

La instrucción asume que hay un cabecilla, Rachid S., que por sus socios en el mundillo y en los consulados de Marruecos y Argelia y por el entramado que ha montado a su alrededor ha logrado una especie de monopolio sobre los cadáveres de magrebíes de la zona, sean inmigrantes irregulares o no. Las pesquisas dejan entrever cómo la mala praxis empaña el negocio. “Es un mundo cerrado que tiene sus contactos tanto en hospitales, anatómicos forenses, ambulancias de emergencia y funcionarios [...]”, explica uno de los testigos del caso, propietario de una empresa de servicios funerarios acostumbrado a oír sobre comisiones y estafas en su gremio. Este testigo declara que “en varias ocasiones”, cuando han recogido el cuerpo de “ciudadanos árabes”, les han llamado a la oficina para advertirles en estos términos: “Hola, soy Rachid, habéis recogido algún marroquí, argelino… Ese es nuestro”.

Los agentes pincharon el teléfono de Rachid y registraron su casa y sus vehículos. Encontraron bolsas con cientos de billetes, que sumaban 68.000 euros, y permisos de residencia de casi una decena de extranjeros. En sus llamadas, transcritas en la causa, los agentes escuchan cómo Rachid miente al familiar de un fallecido diciéndole que le llama desde el consulado de Argelia en Alicante y que mandará a una funeraria para la repatriación: la suya, claro. Le cobrará 6.000 euros. El sospechoso, ya en libertad, cuenta con varios antecedentes penales ya cancelados, entre ellos por hacerse pasar por médico para realizar circuncisiones a niños de forma clandestina. Su abogado Jorge Novella mantiene que su cliente no ha hecho nada ilegal, aunque haya conductas “éticamente reprochables o irregularidades”. También considera “obvio” que Rachid no es jefe de ninguna organización.

Rachid no actuaba solo. Según la instrucción, trabajaba estrechamente con la funeraria Cura Varela en la captación de muertos y el reparto de propinas y su nombre y actividad estaban vinculados a una funeraria llamada Internacional La Paz, con sedes en Almería y Jaén. Su dueña, María José L., era otra de las que se peleaban por conseguir cadáveres de magrebíes. Se vendía como la más barata y la más rápida, aunque la instrucción deja dudas sobre cómo lo lograba. En el registro de su casa se encontraron varias actas de embalsamamiento en blanco, fácilmente falsificables y necesarias para la repatriación, ya firmadas por tanatopractores. María José defiende su inocencia y ve en este caso el intento de la competencia de acabar con su negocio. “Yo nunca me aproveché de las familias, te lo juro”, mantiene.

Dosieres de una ONG con fotos de fallecidos

Parte de la información que necesitaban las funerarias para ampliar su negocio provenía de Francisco, el voluntario de la ONG, muy bien informado sobre la llegada de pateras y los fallecidos que aparecían en las costas. María José y Francisco hablaban a menudo para compartir esa información y la de las familias. Ella, en principio, no le pagaba, pero había otras funerarias, como Cura Varela, que sí. En los registros de Bizum de Clemente hay un ingreso de 150 euros de un responsable de esta empresa, que frecuentaba las morgues y las comandancias en busca de clientes, bajo el concepto “comisión”. Debía ser solo una parte, porque el investigado revela en una llamada que le debían aún 700 euros. Francisco lo llama “regalos”, aunque también reconoció al juez que hubo más pagos con otros conceptos como “gasolina”. En el registro de la casa de Francisco se encontraron dosieres de la ONG con fotos de fallecidos, algunos con anotaciones en las que podía leerse “pendiente de pago” o “pagado”, sobre cantidades de 300 euros. Según le dijo Francisco al juez se trataba de pagos que recibía de la funeraria Cura Varela por facilitarles la adjudicación de ese cadáver.

La directora de la ONG en la que trabajaba Francisco, Mari Ángeles Colsa, no ha negado que reciba donativos por su labor, pero rechazó la recepción de “prebendas”. Según Colsa, el CIPIMD jamás ha aceptado dinero a cambio de información. La ONG, que no está siendo investigada como tal en la causa, se desmarca de las prácticas del resto de sospechosos y Colsa, a quien su colaborar señala como receptora de las imágenes de los muertos que luego se utilizaban para preidentificarlos, sigue asegurando que su ONG nunca compartió fotos de cadáveres con las familias o en redes sociales. La documentación que obra en el sumario y las propias redes la desmienten.