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La Guardia Civil señala a 20 sospechosos de lucrarse con la identificación de cadáveres de inmigrantes

La investigación, coordinada por un juzgado de Murcia, indaga sobre irregularidades en trámites forenses y administrativos

Inmigrantes patera Murcia
Llegada de una patera en la que hubo dos fallecidos a Mazarrón (Murcia), en 2021.DIMA (Europa Press)

Una investigación de la Guardia Civil ha puesto en el punto de mira a una trama que supuestamente hacía negocio con los muertos de la emigración argelina hacia costas españolas. Según ha publicado este lunes el diario La Verdad, los agentes han realizado cuatro detenciones este fin de semana y hay al menos 20 personas investigadas en Murcia, Alicante, Almería y Madrid; entre ellas, empleados de funerarias, auxiliares forenses y personal de la Administración de Justicia adscritos al Instituto de Medicina Legal de Cartagena. Algunos integrantes de la red son sospechosos de cobrar a familiares de los fallecidos para facilitar de manera fraudulenta la identificación y los trámites de la repatriación de los cadáveres, según el diario murciano.

El juzgado de Instrucción 4 de Cartagena está coordinando las actuaciones, que están bajo secreto de sumario. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha informado que el juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para dos de los cuatro detenidos. “A estos detenidos se les investiga por pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad en documento público y delitos contra el respeto a los difuntos”, afirma la nota enviada a los medios de comunicación. Este lunes, el juez instructor ha tomado declaración a cuatro de los investigados, entre los que había do funcionarios de la Administración de Justicia con destino al Instituto de Medicina Legal.

La investigación comenzó hace unos meses a raíz de una denuncia sobre la publicación de fotografías de cadáveres de inmigrantes argelinos que murieron en su intento de llegar a España. Las fotografías habían sido tomadas en salas de autopsia y su filtración solo sería posible con la connivencia de empleados del Instituto de Medicina Legal. Las imágenes suponían información muy valiosa para intermediarios con los que contactan las familias de los emigrantes fallecidos en su travesía en patera y que buscan confirmar la muerte, identificar a sus seres queridos y repatriarlos a Argelia. La investigación se centra en la conexión con Argelia porque es de este país de donde salen los emigrantes clandestinos que llegan a las costas de Almería, Murcia, Alicante y Baleares, focos de actuación de la red.

La red, según cuenta La Verdad, cobró a los familiares de las víctimas distintas cantidades, cuya cuantía no trascendió, por conseguir de manera fraudulenta la identificación de los cuerpos. No queda claro, sin embargo, si se trataba de una identificación informal con la que confirmar a las familias —a través de fotografías, por ejemplo— que el fallecido era quién buscaban o si, además, hay de por medio falsificación de documentos con los que se forzaba una identificación formal pero fraudulenta para llevar a cabo la repatriación.

En España faltan protocolos claros y homogéneos para proceder a la búsqueda de desaparecidos y la identificación de fallecidos de la emigración irregular. La falta de información y de un cauce accesible lleva años promoviendo la aparición de personas que median entre las autoridades españolas y los familiares. La mayoría lo hace de forma altruista, por convencimiento y sin cobrarlas, pero también han surgido aprovechadores que han hecho negocio con el dolor de cientos de familias que no saben adónde acudir.

La investigación llevó a los agentes a practicar este sábado 13 entradas y registros, tres en la Región de Murcia (en Murcia capital, Molina de Segura y Cartagena), cuatro en Almería y una en Jaén.

La investigación pretende aclarar si las actividades de esta supuesta trama incurrieron en delitos contra la libertad de conciencia, contra los sentiminetos religiosos y el respeto a los difuntos, y por pertenencia a organización criminal, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, estafa y cohecho.

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