El Partido Popular está en la tarea de “evidenciar la debilidad parlamentaria del Gobierno”, con la parte socialista en jaque después de que el Congreso tumbase este martes su propuesta contra el proxenetismo en una derrota sin precedentes. Bajo esa premisa, fuentes de la dirección del PP reconocen que la Ley del Suelo, que se debate este jueves en la Cámara baja, pende de un hilo. El PSOE se enfrenta a la votación de las enmiendas a la totalidad de la norma promovidas por Podemos, ERC y Junts, y cuyo rechazo al texto apoya también su socio de coalición, Sumar, que por primera vez prevé dejar caer una ley salida del Consejo de Ministros, donde ya presentaron una observación formal. Por lo que Pedro Sánchez necesita irremediablemente de los diputados de la bancada popular para que el proyecto de ley salga adelante. Pero la formación de Alberto Núñez Feijóo quiere aprovechar la coyuntura para abocar al presidente a un nuevo fiasco. “¿Por qué vamos a salvar mañana al Gobierno? ¿Por qué vamos a proteger al sanchismo de una derrota parlamentaria? Que consiga el apoyo de sus socios”, afirman fuentes de Génova, que amenazan ya con dejar caer la Ley del Suelo, pese a haberse abierto a negociar la norma con anterioridad.

Después de que tanto los socios del PSOE como el PP tumbasen este martes la proposición de ley del PSOE contra el proxenetismo, la votación de la enmienda a la totalidad de la Ley del Suelo de este jueves se presenta para los socialistas como un examen de segunda vuelta a su capacidad de aglutinar o no mayorías parlamentarias para avanzar en su capacidad legislativa. Un segundo fracaso en la misma semana y en la antesala de la campaña europea supondría un duro varapalo para Sánchez, que este miércoles se ha enfrentado además un superpleno en el que también ha recibido estopa por parte de algunos de sus socios, después de haber jarreado contra el PSOE en la sesión sobre prostitución. A esos ataques se suman las advertencias de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que ha deslizado sobre la tribuna que la gobernabilidad de España depende de que Carles Puigdemont sea investido president.

Fuentes de la parte socialista del Gobierno no ocultaban este miércoles su enfado por el voto favorable de Sumar a las enmiendas a la totalidad del texto. El PSOE admite que se habló en su día del proxenetismo y de la posición contraria de la coalición que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz (quien reveló el martes que la discrepancia “estaba pactada”), pero aseguran que este asunto no se había vuelto a abordar recientemente, tampoco en la reunión de seguimiento del pacto de coalición que se celebró la semana pasada en el Congreso, y que en ningún caso sabían que votarían en contra de la Ley del Suelo, lo que ha supuesto para ellos una “sorpresa”.

Sumar sí presentó una serie de alegaciones cuando el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la norma a finales de marzo y advirtió en su momento de que no podían apoyarla así y de que buscarían modificarla en su tramitación parlamentaria. Lo cierto es que a las puertas del arranque de la campaña electoral de las europeas, el socio minoritario ha endurecido algo su postura, porque se niega ahora a que el texto avance en esa tramitación. En Sumar afirman que el PSOE no creyó que se atreverían a llegar tan lejos. Ni siquiera Podemos, beligerante siempre en sus posicionamientos, tumbó nunca una ley salida del Gobierno —sí lo hizo con la proposición de ley de los socialistas para modificar la parte penal del solo sí es sí, pero esa partía del grupo parlamentario, no del Consejo de Ministros—. “Si Sumar quiere ocupar un espacio de izquierda verde no puede aceptar esta ley”, defendía este miércoles un diputado, que reconoce que “no hay posibilidad de acuerdo” en un texto que no pueden respaldar “conceptualmente”. La formación de Díaz critica que dificulta la acción de la sociedad civil para parar planes urbanísticos en favor de las promotoras y afirma que abre la puerta a la cultura del pelotazo.

En ese escenario, el PP encuentra en la votación de la enmienda a la totalidad de la Ley del Suelo una nueva ventana de oportunidad, aunque dicho movimiento suponga apoyar una iniciativa impulsada por Podemos, ERC y Junts. “Es secundario. Aquí la cuestión es si Sánchez gana o pierde. No nos han elegido para proteger a Sánchez”, apostillan las mismas fuentes del PP al más alto nivel, que celebran “la posibilidad de que el Gobierno siga perdiendo elecciones” en el Congreso independientemente del “contenido” de la norma impulsada por el Ministerio de Vivienda. “En la gobernabilidad de España se ha convocado a muchos partidos, pero no a PP”, subrayan. “No hay incentivos para apoyarla”, añaden otras fuentes de la dirección. Del otro lado, fuentes gubernamentales socialistas aspiran a convencer a los populares in extremis en las últimas horas.

Si culmina su amenaza, el PP ha de sortear algunos obstáculos, como desdecirse de sus propias palabras. El pasado abril, el Partido Popular se abría a negociar la Ley del Suelo con el Gobierno admitiendo que en realidad la norma “toma como base una ley del PP” —dijo entonces la vicesecretaria Paloma Martín, encargada del área de Vivienda, en rueda de prensa en la sede del partido en la calle Génova—. Eso sí, Martín también criticó que la norma nacía “coja”, aunque no negó la posibilidad de emprender una negociación con el Gobierno si la voz del PP se escuchaba. Los populares estaban dispuestos entonces a hablar y sostenían que en este tema el partido “ejercerá sus competencias de forma responsable”.

El Partido Popular ya volvió sobre sus propios pasos este martes, cuando votaron en contra de la propuesta que pretendía perseguir con más dureza el proxenetismo, pues habían apoyado la misma iniciativa hace dos años. Un giro de guion que no todos los diputados del PP vieron con buenos ojos. “Lo difícil es explicarlo”, admitían fuentes parlamentarias populares este martes.

Un anteproyecto sin los apoyos necesarios

La Ley del Suelo ya había recibido el visto bueno del Gobierno en diciembre de 2022, pero decayó antes de que pudiera avanzar en las Cortes por el adelanto electoral. El PSOE la llevó al Consejo de Ministros el pasado 26 de marzo, impulsada por el Ministerio de Vivienda, que pretende con la norma limitar el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación urbanística, según el departamento que dirige la ministra Isabel Rodríguez. El texto cuenta, sin embargo, con el rechazo de Sumar al considerar el socio minoritario que el anteproyecto limita de manera “innecesaria” la capacidad de intervención de la administración pública en materia urbanística y critica el recorte de los motivos de nulidad total de los proyectos. Podemos sostiene que el texto daba “vía libre a la cultura del pelotazo”, mientras que Junts y ERC centran sus quejas en cuestiones competenciales.