La última defensa del acusado por enviar cartas pirotécnicas al Gobierno: “Uno busca ‘bengalas’ en internet y salen paquetes bomba”

Pompeyo González, de 75 años, se ha presentado este jueves en la Audiencia Nacional como un jubilado aficionado al bricolaje y a la “marquetería”. “Sí, suelo hacer cosas en casa para mí y para algún conocido”. “También me gusta la aviación: tengo un dron, y hago fotos y vídeos”, ha asegurado ante el tribunal que lo juzga desde el lunes por el envío de seis cartas incendiarias en 2022 a, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las embajadas de Ucrania y EE UU en Madrid. La Fiscalía (que pide 22 años de cárcel para él por delitos de terrorismo) y la Policía lo señalan sin paliativos ante el reguero de pruebas acumuladas en su contra —como el material incautado en su domicilio, las consultas de información que hizo en la web y los vestigios de ADN hallados en los paquetes—, pero él niega la tesis de la acusación. Según ha argüido, él no fabricó los artefactos: alguien debió rebuscar en su basura, recoger los sobres y otros restos, y usarlos para confeccionar los dispositivos pirotécnicos enviados.

“Yo echo la culpa a que yo lo tiré... Y hay gente que va a los contenedores a recogerlo... En mi buzón aparecen [sobres] abiertos de vez en cuando. Desde entonces, tengo los recibos por internet. Me vienen, incluso, paquetes de Amazon vacíos”, ha narrado González durante su interrogatorio como acusado. Ha sido entonces cuando la fiscal le ha pedido una explicación por las búsquedas que hacía en internet sobre, entre otros asuntos, “paquetes bomba”; “cuánto pesa un litro de uranio”; “si la pólvora se envuelve con clavos puede explotar”; “aprender ruso en 10 días” y “dónde se fabrican tanques en España”. “¡Es que te salen muchas cosas! Cuando uno busca ‘bengalas’, pues te salen muchas cosas... Uno busca ‘bengalas’ y te salen paquetes bomba, y hasta cómo se hace la bomba atómica. Uno pide: ‘Quiero aprender como hacer una bengala’; y después salen enlaces... y termina uno en ‘misiles’ o yo que sé. No es que lo haya buscado yo a propósito”.

La Fiscalía sostiene que Pompeyo González, funcionario retirado del Ayuntamiento de Vitoria y residente en Miranda de Ebro (Burgos), preparó y envió estos paquetes con material pirotécnico como muestra de rechazo al apoyo que España prestó a Ucrania tras la invasión lanzada por el Kremlin. “El objetivo era influir en la postura que España tenía sobre Ucrania”, apunta la Policía, que lo detuvo el 25 de enero de 2023, tras seguirle la pista durante dos meses. Las pesquisas habían comenzado el 30 de noviembre de 2022, cuando estalló en la embajada de Ucrania uno de los artefactos incendiarios, que causó heridas al vigilante de seguridad. Solo unos días antes se había recibido en La Moncloa otro paquete dirigido al presidente del Gobierno. Y otros similares —que contenían “cajas de madera manufacturadas a mano” con un “artefacto casero” pirotécnico en su interior, según el sumario— llegaron también al Ministerio de Defensa, a la embajada de EE UU, a la empresa de armamento Instalaza —fabricante de los lanzagranadas C-90 que España envió como parte de la ayuda militar a Ucrania— y al Centro de Satélites de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

—¿Ha tenido algún interés en alterar la paz publica en España? —le ha preguntado al jubilado su abogada.

—Eso ni se me ocurre. Eso se lo ha inventado la prensa —ha esquivado él.

—¿Ha tenido la intención de desestabilizar el sistema democrático?

—Ni se me ha ocurrido semejante tontería.

González ya avanzó el martes cuál sería su línea de defensa: negar las acusaciones. “Soy inocente. Esperemos que se haga justicia”, dijo a la salida del tribunal a los periodistas apostados ante la Audiencia Nacional. Desde su arresto el 25 de enero de 2023, el jubilado ha repetido siempre que él no tiene nada que ver con el envío de las cartas incendiarias. De hecho, uno de los policías relató a los jueces que, al detenerlo y reducirlo en plena calle, se mostró muy tranquilo y le comentó: “Os habéis confundido, yo soy una persona a la que le gusta la marquetería”.

Esas palabras no resultan baladíes. Entre las pruebas recabadas contra él destaca todo el material incautado durante el registro de su vivienda, que incluye “varias varillas cilíndricas que pueden corresponder con el mismo tipo de cilindros que alojaban en su interior el pistón incendiario de los artefactos caseros; diferentes tornillos junto con muelles, similares al percutor que se utilizó en los artefactos; y taladros con brocas de precisión similares a las empleadas para su elaboración”, según el juez instructor José Luis Calama. “Su domicilio parecía prácticamente un taller”, resumió un agente de la Policía que participó en las indagaciones.

No son los únicos indicios. “Me llamó la atención la moldeadora que tenía, en la que los Tedax (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) encontraron una sustancia marrón que coincidía con lo encontrado en los dispositivos”, especificó un investigador el pasado lunes, cuando declaró ante el tribunal para explicar cómo se desarrollaron las pesquisas. Durante los seguimientos que hicieron a González antes de su arresto (que incluyeron la búsqueda de pruebas entre la basura que tiraba), hallaron también “256 cerillas raspadas”: “Y la cabeza de cerilla, según los Tedax, es de lo que estaba formado el artefacto”, subrayó un policía.

Este jueves, al declarar ante el tribunal, el septuagenario ha restado valor a todo el material interceptado, y ha alegado que lo adquirió para otros fines. ¿Compró los sobres? “Sí, para empaquetar unas postales, pero al final los tiré todos a un contenedor que había cerca de mi casa”. ¿Y las bisagras? “Eran para unos armarios”. ¿Y las brocas? “También. Yo hago cosas para mí en casa y estaba haciendo un helipuerto para el dron”. ¿Y las cerillas? “Yo estaba preparando una bengala para el dron, para subirlo 500 metros y bajarlo [con ellas encendidas]”. ¿Y los tubos dorados de cobre? “Eso era para el helipuerto para el dron. Para las patas [del helipuerto]”. ¿Y los clavos de grandes dimensiones? “Los tenía para ir al pueblo para clavarlos porque hay unas vigas que están mal”, se ha defendido.

Antonio Guerrero, abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), personada como acusación popular, le ha rebatido: “Existe una abundante prueba indiciaria que acreditaría la participación en los hechos. Los indicios que existen dan por probado sin ningún género de dudas que el acusado es el autor de los hechos. Las pruebas de ADN acreditan que es el autor: existen restos genéticos en los sellos de los paquetes enviados, y en la superficie de los artefactos”. “No solo es que intentara alterar la paz publica, es que lo consiguió”, ha remachado la fiscal.