El presidente del Poder Judicial envía a las Cortes su propuesta para limitar las “injerencias” políticas

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha remitido al Congreso y al Senado su propuesta para intentar desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Un plan que avanzó el pasado diciembre, en una tribuna en EL PAÍS, y que pasa por una reforma legal que reste atractivo al CGPJ como instrumento político de los partidos. Guilarte está convencido de que la fórmula actual facilita las “injerencias” de los grandes partidos en el órgano, lo que acaba lastrando su independencia y dificultando la renovación.

El mandato del CGPJ expiró en diciembre de 2018 y desde entonces sigue en funciones, ante la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE para elegir a los nuevos vocales. Los populares han ido encadenando argumentos para frenar la negociación, que ha encallado varias veces cuando ya estaba casi cerrada. El modelo que propone ahora el presidente interino del CGPJ implica retirar al órgano su principal competencia, que son los nombramientos discrecionales de la cúpula judicial; de esta forma, augura, los partidos tendrían menos interés en controlar el CGPJ y no pondrían tantos problemas para su renovación.

El escrito de Guilarte a las Cortes, de 17 páginas, llega tras la marcha del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, que estaba ejerciendo de mediador entre el PSOE y el PP para intentar ponerlos de acuerdo. Esa marcha de Reynders ha enfriado, de nuevo, la posibilidad de renovación a corto plazo. El presidente del CGPJ, que ha anunciado que renunciará al cargo en julio si para esa fecha no hay pacto entre los dos grandes partidos, remite su escrito al Congreso y al Senado porque es a ellos a quien la Constitución encomienda formalmente la tarea de renovar el gobierno de los jueces cada cinco años. “No somos nosotros, el actual CGPJ, los culpables de la situación. Y por ello no cabe exigirnos conducta alguna encaminada a suplir la incapacidad de quienes sin duda resultan constitucionalmente responsables de la falta de renovación”, escribe Guilarte, para quien “el fondo del desencuentro” radica en “el afán de los grandes partidos por apropiarse de una mayor cuota de poder, de este Poder”. El judicial.

El texto de Guilarte está redactado en tono directo y sin ahorrar reproches a los políticos ni al propio Poder Judicial, como acostumbra a hacer en sus comparecencias públicas, pero la carta está también plagada de referencias jurídicas y jurisprudencia en las que apoya su propuesta, que requeriría reformas legales. “A mi juicio [...] lo que mueve a los grandes partidos para persistir de manera inamovible en sus respectivas fórmulas es la disimulada pretensión, proscrita en su expresión, de captación de los vocales de cara a poder influir, piensan equivocadamente, en futuros enjuiciamientos ante los órdenes jurisdiccionales con mayor relevancia política”, advierte el presidente del Consejo, para quien la actual fórmula de renovación, que requiere el acuerdo del PSOE y el PP, “se ha convertido en su gran obstáculo”.

En la carta, Guilarte explica su idea: que los presidentes de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de justicia y de sus salas no sean elegidos directamente por el CGPJ, como hasta ahora, sino por los propios miembros de esas salas o tribunales (como se elige ya a los jueces decanos de cada partido judicial); a los del Supremo, por su parte, los elegiría un tribunal, dependiente del CGPJ, integrado por magistrados de la sala a la que aspire el candidato, vocales del Consejo y “profesionales cualificados” de la especialidad de la que se trate. La idea, según el presidente, es “objetivar” la designación de estos puestos para “disipar” la “eventual contaminación política derivada de la que se pueda atribuir a quienes hasta ahora los designaban”. “Ello refuerza sin duda la constitucionalidad de la fórmula”, sostiene.

El presidente interino señala que con su propuesta no pretende tanto “sustraer” competencias al CGPJ como “dar más protagonismo a la carrera judicial allí donde resulta lógico que lo tenga, es decir, en lo que afecta al ejercicio de las tareas gubernativas”. Por otro lado, añade, “no se priva al Consejo de competencia para el nombramiento de los altos cargos jurisdiccionales, sino que se trata de limitar la inevitable discrecionalidad actual, reenviando de manera efectiva las designaciones a llevar a cabo por el CGPJ a los principios constitucionales de mérito y capacidad”.

Guilarte ha insistido en los últimos meses en la necesidad de cambiar tanto la fórmula de elección del Consejo como las competencias de este, y en esa defensa ha hecho autocrítica del funcionamiento del órgano que él preside. También lo hace en el escrito dirigido a las Cortes, en el que recuerda la guerra abierta entre vocales progresistas y conservadores en votaciones recientes, como la del informe sobre la proposición de ley de amnistía o sobre la renovación del fiscal general del Estado.

“Incluso se explicitó mediante la conformación y exteriorización de dos bloques, conservador y progresista, designando a sus respectivos comisarios negociadores, con ocasión de la última propuesta para la renovación del Tribunal Constitucional”, admite, y añade: “El CGPJ necesita urgentemente nuevos aires que le permitan desvincularse de esta fatal percepción, en gran medida propiciada por la actual polaridad política que miméticamente, queramos o no, nos afecta”. “Apuntaré también que la necesidad de renovar el CGPJ surge de que seguimos actuando internamente con una subliminal tendencia a la continuidad, desprovista frecuentemente de toda legitimación”, censura el presidente, que apunta a la polémica reciente sobre la elección de una letrada del CGPJ para dirigir desde Madrid la Escuela Judicial, con sede en Barcelona, como un precedente en el que, a su juicio, se ha manifestado esta realidad “en términos irresponsables”.