El PP fabrica premisas falsas para investigar el ‘caso Koldo’

El juez Javier Gómez Bermúdez detalló en la sentencia sobre los atentados del 11-M cuáles eran los ingredientes básicos de aquella fábrica de las mentiras que acusó en falso a ETA de la matanza de los trenes: “Se aísla un dato, se descontextualiza y se pretende dar la falsa impresión de que cualquier conclusión pende exclusivamente de él, obviando así la obligación de valoración conjunta de la prueba, que permite mediante el razonamiento llegar a una conclusión según las reglas de la lógica y la experiencia”. El Partido Popular, que abrazó esas patrañas, inauguró este lunes la investigación del Senado sobre el escándalo de la compra de mascarillas en pandemia aplicando a rajatabla el manual del bulo que dejó escrito el juez Gómez Bermúdez.

El senador Luis Santamaría, portavoz del PP en la comisión de investigación, se abrazó a un hecho falso para acusar al Gobierno socialista de lucrarse en pandemia contratando la adquisición de mascarillas con dinero público. Santamaría leyó de corrido algo que, supuestamente, había escrito previamente: “El Ministerio de Sanidad prohibió el 10 de marzo de 2020 a las comunidades autónomas comprar material sanitario de protección. [Pedro] Sánchez estaba así sentando las bases de un marco que les iba a permitir a ustedes llenarse los bolsillos con un dinero que debería haber ido destinado a comprar material de protección”.

La realidad, conocida desde hace cuatro años, publicada por todos los medios en España y acreditada por investigaciones judiciales, es muy distinta: las comunidades pudieron comprar desde el primer día material sanitario sin ningún veto ministerial que lo impidiera. Un ejemplo conocido por el propio PP: el Gobierno de la Comunidad de Madrid empezó a recibir ofertas desde el 14 de marzo. Solo unos días después, el 23 de marzo, la empresa Priviet, propiedad de un amigo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, presentó una de esas propuestas: 250.000 mascarillas por 1.5 millones. La Comunidad de Madrid compró y Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, ganó 234.000 euros como comisionista de aquella operación. Ningún reproche penal. La Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia de la oposición.

Santamaría leyó su discurso de 20 minutos contra Koldo García, el asesor del entonces ministro de Transportes que supuestamente se enriqueció tras cobrar comisiones ilegales por facilitar el negocio de las mascarillas a dos empresarios, y le preguntó a sabiendas de que no iba a responderle: “¿No le extrañó a usted que las comunidades autónomas no pudieran contratar y Puertos del Estado sí?”. No solamente podían contratar las comunidades autónomas, sino también lo hicieron los ayuntamientos.

Siguió el senador del PP aislando datos para fabricar más mentiras: “Nunca jamás en España se había visto adjudicar un contrato público a tal velocidad”. Santamaría recordó que un día después de que el Ministerio de Transportes publicara la orden para comprar ocho millones de mascarillas, el contrato fue adjudicado a Soluciones de Gestión, la empresa recomendada por Koldo García. Sin embargo, todas las administraciones adjudicaban con prisas por aquellos días. En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, se hizo un contrato exprés de madrugada el 24 de marzo de 2020 a través de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios: “Hay que cerrar esta noche, tenemos un millón [de mascarillas] a seis euros“, escribió por WhatsApp a los consejeros de la empresa municipal quien era entonces la coordinadora de Presupuestos del Ayuntamiento, Elena Collado. Aquel contrato acabó en los tribunales denunciado por la Fiscalía Anticorrupción, que pide cárcel para los dos intermediarios, Luis Medina y Alberto Luceño, que colaron los productos chinos, muchos defectuosos, al Ayuntamiento de Madrid, y ganaron seis millones de euros en comisiones.

Santamaría mantuvo intacto hasta el final su discurso del bulo fabricado con premisas falsas, no necesitó rigor ni medida en las líneas de su texto dedicadas a las acusaciones más gruesas: el PSOE se repartió el dinero que supuestamente llegó a Barajas en maletas propiedad de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez; los socialistas blanquearon en República Dominicana el capital producto de sus delitos; existe una relación directa entre el caso que se investiga en Canarias de un supuesto cohecho de un exdiputado socialista, Juan Bernardo Fuente, con la corrupción del caso Koldo. El senador del PP coronó su intervención con una traca final de invectivas contra el exasesor del exministro: “Pequeña me parece la calificación de organización criminal para definir lo que ustedes hacían, gente sin alma capaces de todo; dice usted que por las mascarillas no entrará en la cárcel y digo yo que a poca justicia que haya usted no debería salir nunca de la cárcel; no le importó ni la vida de los suyos, no se puede ser más miserable”. Mudo hasta entonces por indicación de su abogado, Koldo García pidió la palabra para contestar a Santamaría: “Cree el ladrón que todos son de su condición”.