La Fiscalía pide que los líderes del ‘procés’ paguen 3,1 millones por los fondos malversados

La Fiscalía ha pedido que los principales líderes del procés —entre ellos, los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras— y otros exaltos cargos de la Generalitat sean condenados al pago de 3,1 millones de euros como responsables del uso irregular de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y para la promoción exterior del proyecto independentista. Así figura en el escrito de conclusiones entregado por el ministerio público a la magistrada instructora del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso EL PAÍS. La magistrada dará ahora un plazo a las defensas para registrar su informe y dictará sentencia en el plazo aproximado de un mes. En la causa hay en total 35 investigados. La petición fiscal —3,1 millones de euros— supone una ligera rebaja de lo que inicialmente reclamaba (3,4 millones).

El Tribunal Supremo ya condenó en 2019 por malversación a varios de los acusados, pero es el Tribunal de Cuentas —el máximo órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica de las administraciones— el que tiene que contabilizar ese desvío de fondos. En todo caso, esta es una de las causas que serán previsiblemente amnistiadas cuando entre en vigor la ley de amnistía pactada por el PSOE con ERC y Junts a cambio del apoyo de ambos partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez.

El escrito del fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas, Manuel Martín Granizo, explica que “los pagos relacionados en la demanda se han realizado sin la adecuada justificación, al no responder a la consecución de objetivos y fines legales y legítimos, sino a la organización del referéndum de autodeterminación que tendría lugar el 1 de octubre de 2017, convocado por la totalidad de los integrantes del Gobierno de la Generalitat″. El ministerio público señala que el acuerdo del Govern de la Generalitat de fecha 7 de septiembre de 2017 autorizaba “la utilización, en general, de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la celebración del referéndum, estableciendo la forma colectiva, colegiada y solidaria de adoptar dichas decisiones por parte de los miembros del Gobierno”.

En virtud de dicho acuerdo, “de evidente trascendencia económico-financiera”, el entonces president [Puigdemont] y todos los miembros del Govern “disponen que los gastos que han ordenado y autorizado realizar en el ámbito de cada Consejería, en orden a la consecución del referéndum, sean sufragados por el presupuesto de la Generalitat”, prosigue el fiscal. Y añade que, “aunque el Sr. Puigdemont no interviniera en las siguientes fases de la tramitación presupuestaria, le resulta atribuible la presunta responsabilidad contable derivada de ser la autoridad que aprobó la totalidad de los gastos inherentes a la consulta”. A Oriol Junqueras le atribuye también la responsabilidad contable por la totalidad de los gastos, en su condición de consejero de Economía y Hacienda cuando sucedieron los hechos.

La Fiscalía considera igualmente que los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa son “responsables del total de lo malversado, como así expresa el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, que les condena por un delito de malversación agravada por la deslealtad que representa haber puesto la estructura de sus respectivos departamentos al servicio de una estrategia incontrolada de gasto público al servicio del referéndum ilegal”.

El informe subraya que “respeta y aplica también un principio de libertad ideológica respecto a la finalidad de los desplazamientos para impartir conferencias o para asistir a debates, jornadas y presentaciones de libros”. Esos gastos quedan excluidos por tanto de los fondos malversados, porque el ministerio público considera que la mayoría de estas actividades no pueden reputarse dirigidas exclusivamente a publicitar el proceso soberanista en el extranjero, y que, además, “las manifestaciones que se hicieran en el curso de esos debates, conferencias o declaraciones” quedarían amparadas por el derecho fundamental a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones.