El fiscal general del Estado pide la opinión de toda la carrera sobre las reformas necesarias para asumir la instrucción penal

En medio de la guerra declarada por el sector conservador de la Fiscalía al fiscal general del Estado a cuenta de la ley de amnistía a los encausados del procés, Álvaro García Ortiz pretende aunar a toda la carrera para impulsar una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dote de mayor “autonomía” a esta institución. Se trata de una reforma necesaria, según coinciden todos los sectores de la Fiscalía, para poder asumir las competencias que les otorgará la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), un proyecto estancado desde hace años pero que le Gobierno quiere desatascar en los próximos meses y que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. García Ortiz se reunió este miércoles con las tres asociaciones de fiscales y les encargó que sean ellas las que asuman la elaboración del nuevo Estatuto y que se pida la opinión de toda la carrera, según señalan fuentes de las Fiscalía y de las asociaciones.

La reunión de este miércoles fue propuesta por García Ortiz después de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, confirmara que el Gobierno pretende aprobar en los próximos meses la nueva Lecrim, una de las reformas legales de mayor envergadura diseñadas en los últimos años y que implicará un vuelco en el proceso penal. El proyecto para que los fiscales asumieran la instrucción penal se puso en marcha hace casi 15 años, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el PP también se ha mostrado favorable, pero el proyecto se ha ido retrasando. Ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en noviembre de 2020, y, en febrero de 2021, encargó al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los informes preceptivos para poder seguir tramitando la norma.

El principal órgano asesor del fiscal general aprobó por unanimidad cinco meses después un documento de más de 700 páginas en el que apoyaba la decisión del Gobierno de dejar la instrucción penal en manos de los fiscales, una reivindicación histórica de la carrera, pero cuestionó aspectos clave de la norma que, en opinión de este órgano, pueden hacer fracasar el nuevo modelo de proceso penal. Uno de los reparos que pusieron los fiscales es que las nuevas funciones que la Lecrim atribuirá al ministerio público exigen una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para lograr “un avance en los espacios de autonomía, especialización, transversalidad y descentralización” y promover “la confianza de la ciudadanía en la institución”.

La reforma del Estatuto que regula el funcionamiento de la carrera está previsto en la nueva Lecrim, pero el Gobierno no concreta en qué se traducirán esos cambios. Esta es la tarea que ha encargado García Ortiz a las tres asociaciones, la Asociación de Fiscales (la mayoritaria, de tendencia conservadora), la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Independiente de Fiscales. La intención de la Fiscalía, señalan fuentes de la institución, es que en el proceso de redacción del nuevo Estatuto participen “todos los fiscales”. “Solo desde el profundo conocimiento de la carrera fiscal y de sus estructuras se pueden hacer al legislador propuestas con garantías para un nuevo Estatuto Orgánico que responda a la futura Lecrim”, señalan estas fuentes. Ambas partes volverán a reunirse el próximo 7 de mayo.

El Gobierno sigue a la espera de que el CGPJ le envíe su informe sobre la reforma legal, pendiente desde hace más de tres años. El ministerio que dirige Bolaños pidió por escrito al Consejo el pasado 21 de marzo que le remitiera el texto esa misma semana, un plazo que el órgano de gobierno de los jueces ha incumplido. Ese ultimátum sí ha servido, no obstante, para que el CGPJ retome los trabajos que ya tenía avanzados, pero que estaban aparcados. Fuentes del órgano señalan que el informe definitivo se intentará llevar al pleno del mes de junio, lo que supondría un retraso de tres meses sobre la fecha marcada por el Ejecutivo.

El Consejo cuenta ya con un documento elaborado por un grupo de trabajo integrado por tres jueces (Antonio del Moral, magistrado de la Sala penal del Supremo; Dolores Hernández García; y Juan José López Ortega, uno de los autores del anteproyecto de ley). Ese texto, que los vocales ya conocían pero que se les ha vuelto a enviar ahora para que lo analicen, señala que la nueva Lecrim obedece “a la imperiosa necesidad de articular un instrumento procesal plenamente adaptado a las necesidades de la sociedad actual y de la Administración de Justicia, y de establecer una regulación del procedimiento penal que sirva de referencia normativa básica a las profundas transformaciones que requieren las instituciones procesales penales”.

Los expertos del CGPJ coinciden en que el nuevo modelo debe venir acompañada de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, “reforma que ha de quedar extramuros del texto” de la ley y que deberá abundar “en la autonomía funcional y orgánica de la institución y en la garantía de imparcialidad, dentro del respeto de los principios constitucionales de legalidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica”. El informe del Consejo sugiere algunos de los aspectos que deberían abordarse en esa reforma, entre los que destaca cambios en el régimen del fiscal general del Estado, “en especial en su sistema de nombramiento y en su estatuto de inamovilidad” (”la coincidencia del plazo de duración del mandato y el plazo ordinario de la legislatura, y el cese del Fiscal General del Estado con el Gobierno que lo nombró ensombrecen todavía la garantía de independencia”, señala el texto). El dictamen de los expertos del Poder Judicial considera que las mejoras también deben incidir en “aumentar el espacio de inmunidad frente a la intervención del Gobierno y en el régimen de relaciones entre el Gobierno y el Fiscal General”.

El informe señala también que, en la línea de las recomendaciones del GRECO (el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) el régimen de relaciones entre el ministerio fiscal con los poderes públicos “debería estar encabezado por una prohibición” similar a la que recoge el Reglamento de la Fiscalía Europea respecto a que el Gobierno pueda dirigir al fiscal general del Estado “órdenes, instrucciones o indicaciones de ningún tipo”.