El juez militar expedienta al abogado de la familia de uno de los soldados ahogados en Cerro Muriano

En una decisión insólita, de la que no se conocen precedentes en la jurisdicción castrense, el titular del Juzgado Militar Territorial número 21 de Sevilla ha abierto expediente disciplinario al abogado de la familia de uno de los dos militares fallecidos el pasado 21 de diciembre cuando realizaban un ejercicio en el estanque de la base de Cerro Muriano (Córdoba). El juez militar acusa al letrado Luis Romero, que representa a la familia del soldado Carlos León, de informar a los medios de comunicación sobre algunos aspectos del sumario, a pesar de que este no está declarado como secreto.

El expediente responde a la denuncia del abogado de uno de los tres mandos imputados, el teniente Tato Garrido, quien acusó a Romero de haber revelado en rueda de prensa parte de las declaraciones prestadas ante el juzgado por los imputados y de haberse referido en una entrevista radiofónica a una prueba pericial sobre la flotabilidad –en realidad, falta de flotabilidad-- de las mochilas que llevaban los soldados.

El abogado del capitán Ignacio Zúñiga, jefe de la compañía a la que pertenecían los dos militares ahogados, no solo se ha adherido a la solicitud del letrado del teniente sino que ha elevado la petición y ha pedido que se abra una causa penal por revelación de secretos contra su colega de la acusación particular.

El juez ha obviado esta última petición y ha decidido abrir expediente disciplinario al representante de la familia del soldado León basándose en las leyes de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar y Procesal Militar, que datan de los años ochenta del siglo pasado, como presunto autor de una falta consistente en “incumplir las obligaciones que le impone” la legislación castrense, en la que todas las diligencias sumariales son secretas aunque no hayan sido declaradas expresamente como tales.

El expediente disciplinario contra el abogado será resuelto por el propio juez castrense, que puede optar por archivarlo o por imponerle una sanción de apercibimiento o multa. Contra su resolución solo cabe recurso ante el Tribunal Militar Central.

Ante la apertura de este expediente disciplinario, el abogado Luis Romero ha denunciado “estar recibiendo presiones e intimidaciones intolerables por parte de la jurisdicción militar, presionada a su vez por sus jefes y los abogados militares de la defensa”. “A pesar de ello”, añade en un comunicado, “seguiré informando puntualmente a los medios de comunicación sobre este procedimiento, no solamente como abogado de la acusación sino como portavoz de los padres del difunto soldado Carlos León. Tras 33 años de ejercicio de la abogacía y más de 10.000 casos llevados en mi bufete”, concluye, “es la primera vez que un juzgado me advierte y me intimida por informar a la prensa”.

La investigación está pendiente de que el juez decida si la eleva la causa a los juzgados togados centrales, al existir indicios de responsabilidad penal de los superiores de Zúñiga, sobre los que no tiene competencia el juez militar territorial. Hasta ahora, están imputados el capitán jefe de la compañía, el teniente al mando de la sección y un sargento como presuntos responsables de dos delitos contra la eficacia del servicio con resultado de muerte, al no haber tomado las medidas de seguridad necesarias para evitar que dos militares se ahogaran, el soldado Carlos León y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, y varios más estuvieran a punto de hacerlo y sufrieran hipotermia.