El Poder Judicial auditará los juzgados de los cinco municipios andaluces más saturados por el narcotráfico

Todavía no ha pasado ni un mes desde que ocho supuestos narcos a bordo de una semirrígida acabasen con la vida de dos guardias civiles en el puerto de Barbate y el titular del juzgado de la localidad que lo instruye ya ha cambiado. El suceso, investigado como asesinato, pilló al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Barbate (Cádiz) con el cambio ya fijado y, desde hace dos semanas, el caso está siendo instruido por un juez novel. Esa alta rotación, tan común en los juzgados de Cádiz, es, previsiblemente una de las conclusiones a las que llegará el Consejo General del Poder Judicial después de que haya decidido analizar la situación de sobrecarga que atraviesan los juzgados gaditanos y de Huelva debido a las causas de narcotráfico.

El Poder Judicial ha encargado un informe a su servicio de inspección sobre la situación en que se encuentran los juzgados de los cinco municipios más afectados por los casos de narcotráfico: Barbate, Sanlúcar de Barrameda y La Línea de la Concepción (en Cádiz) y Ayamonte y Moguer (Huelva). La comisión permanente del CGPJ ha tomado esta decisión tras analizar un informe remitido por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) en el que se subraya la gran sobrecarga de trabajo y los escasos medios de esos órganos, y propone, entre otras medidas, que la Audiencia Nacional asuma las investigaciones a las grandes redes de narcotráfico “independientemente del ámbito en que desplieguen”. Los jueces han enviado al Gobierno las propuestas del citado informe que requieren reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

El informe sobre la situación de los juzgados de instrucción y primera instancia de los citados municipios, puertas de entrada de las narcolanchas del hachís y la cocaína y de los grandes cargamentos de droga por vía marítima, deberá concretar qué medidas pueden adoptarse para rebajar la carga de trabajo. Estos órganos judiciales, especialmente los 19 de las tres ciudades gaditanas citadas, tienen que compaginar la instrucción de complejas causas de narcotráfico con el resto de asuntos civiles, penales y de familia (suele ser juzgados mixtos).

La sobrecarga y saturación de todos estos juzgados es tan evidente que ya, en enero de 2023, la Fiscalía Antidroga de Cádiz asumió la prescripción de un proceso que instruía Juzgado Número 2 de Barbate desde el año 2007 y que se había quedado atorado sin avances. La misma institución tiene en su radar causas de 2012, 2013 o 2014 —años en los que la Guardia Civil hizo más presión en la zona— que están situación similar en juzgados barbateños y que peligran en correr la misma suerte. De ahí que desde la Audiencia Provincial de Cádiz se lleve años alertando de la situación y de la necesidad de más juzgados, medios personales y materiales.

El escrito de la asociación profesional ya anticipa la necesidad de una serie de medidas que implican tanto al Ministerio de Presidencia y Justicia, al Ministerio del Interior —competente en refuerzos de medios policiales— y a la Junta de Andalucía —responsable de las sedes judiciales y del personal administrativo de estas—. La propuesta para el Ministerio de Justicia, que la Comisión Permanente del CGPJ ha acordado ya darle traslado, supondría la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que engloba propuestas como la asunción por parte de la Audiencia Nacional de los delitos de narcotráfico.

A eso, la asociación Francisco de Vitoria suma la propuesta de liberar al juez instructor de la resolución de recursos de reforma, limitar los supuestos en los que quepa interponer recursos de apelación contra decisiones del instructor, establecer un complemento salarial de peligrosidad en las zonas consideradas especialmente conflictivas, la implantación de los Tribunales de Instancia a medio plazo y unificación de los sistemas de gestión procesal. La entidad entra también a pedir otras cuestiones extrajudiciales que son las que se trasladarán a Interior y a la Junta andaluza: el refuerzo de los cuerpos de seguridad y el nombramiento de nuevos letrados de la administración de Justicia y funcionarios, respectivamente.

El Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, implementado en 2018 y ahora en vigor en diversas provincias andaluzas, ya conllevó un refuerzo policial en la zona. Con la idea de evitar el embudo, el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía se coordinaron para crear en 2019 dos juzgados más en Algeciras —uno de instrucción y uno penal—, uno de instrucción en La Línea —el número 5— y otro igual en San Roque —el número 3—, además de una nueva plaza de magistrado en la sección en Algeciras de la Audiencia Provincial.

Pero el cuello de botella siguió estando ahí. El atasco es tan acusado que, al igual que ocurre en otros puestos funcionariales de la zona, muchos jueces optan por marcharse de la zona tan pronto les sea posible. Eso lleva a singularidades como que la titular del Juzgado número 3 de La Línea de la Concepción, Alba Serrano, sea la jueza decana de la localidad, pese a llevar en esa sede desde 2021. Serrano, a su llegada por petición propia, se encontró con macrocausas policiales que llevaban hasta nueve años de instrucción, divorcios que estaban por tramitar desde hace cuatro años o juicios de custodia de menores en los que los niños ya eran mayores de edad, tal y como la jueza contó a EL PAÍS hace un año.

Un año después, poco ha cambiado, como reconoce otra fuente judicial de la zona que pone el acento en la necesidad de realizar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procesos de instrucción en general. Eso, unido a falta de medios personales y materiales, la alta rotación de jueces y funcionarios y las macrocausas de narcotráfico de compleja investigación ha creado una tormenta perfecta que ralentiza juzgados locales, más allá de los reseñados por el CGPJ que pretende investigar. Además de La Línea, Barbate o Sanlúcar, zonas cero del narco en distintas épocas, la dispersión del tráfico de drogas impulsada por el cerco policial ha llevado a complicar la situación en juzgados de Chiclana o El Puerto de Santa María, donde los procesos sin reos y no vinculados al narcotráfico se convierten en víctimas colaterales del colapso provocado por el tráfico de drogas.