Una asociación judicial propone que la Audiencia Nacional asuma todas las investigaciones de las redes de ‘narcos’

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que con 930 afiliados es la segunda con más representantes de la carrera, ha elaborado un informe para buscar soluciones a la sobrecarga de trabajo de los jueces de Barbate y otros municipios de la costa andaluza, que tienen que compaginar la instrucción de complejas causas de narcotráfico con el resto de asuntos civiles, penales y de familia. El texto, difundido este martes, se ha realizado hablando con jueces y fiscales de la zona tras la muerte, el pasado 8 de febrero, de dos guardias civiles atropellados por una narcolancha. Tras ese suceso, señala la asociación, se ha constatado una gran sobrecarga de trabajo de esos juzgados, que, con escasos medios, tienen que lidiar con procedimientos con muchos investigados que se acaban eternizando. La asociación propone que la Audiencia Nacional asuma las investigaciones a las grandes redes de narcotráfico “independientemente del ámbito en que desplieguen”, además de incrementos de medios materiales y humanos y reformas legales que liberen a los jueces de parte del trabajo que tienen que asumir ahora. “La ausencia de suficientes medios personales y materiales, por más veces que se repita, constituye una rémora inasumible que impide al Estado, como garante de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, cumplir su función”, señala el texto.

La asunción por parte de la Audiencia Nacional de muchas de las causas por narcotráfico que ahora se instruyen en los juzgados locales es una reivindicación defendida desde distintos ámbitos. Entre ellas, la Fiscalía General del Estado, que reclamó en su última memoria anual que todos los casos de narcotráfico (y el blanqueo de capitales derivados de este delito) “realmente relevantes y complejos” acaben en la Audiencia Nacional. Actualmente, los juzgados centrales investigan los delitos de tráfico de drogas cometidos por grupos organizados, pero solo cuando produzcan efectos en distintas provincias, pero no de aquellos que operen en una sola provincia, ni siquiera cuando la red se extienda en el extranjero.

“Esta regulación creemos que ha sido superada en el siglo XXI”, señala el texto del informe de la AJFV, que advierte de que, si la competencia para la investigación de esta materia se atribuyera a la Audiencia Nacional, se evitaría a los jueces y fiscales destinados en estas poblaciones “padecer el clima de opresión” que aseguran sufrir muchos de ellos. “Ya hemos vivido situaciones parecidas con el terrorismo etarra en el pasado y tal solución se mostró efectiva. Esta distribución competencial evitaría, en definitiva, la tentación de tratar de condicionar a los miembros de la carrera judicial en la investigación y enjuiciamiento de este tipo de delitos”, añade el texto, que ha sido elaborado hablando con jueces y fiscales de la zona.

Otra de las ventajas de este cambio, según la AJFV, es que permitiría un grado de especialización en los delitos de narcotráfico que no es compatible con las funciones de los juzgados de poblaciones como Barbate, que son juzgados mixtos que resuelven tanto asuntos civiles, como penales y de familia. Además, los procedimientos vinculados al narcotráfico implican generalmente un incremento de la carga de trabajo al tratarse de causas con muchos investigados, lo que impide al juez sacar adelante con una celeridad asumible el resto de asuntos. Asimismo, el hecho de que fuera la Audiencia Nacional la competente permitiría una actuación “más directa” sobre entramados más complejos. “Se seguiría una unidad de actuación a lo largo del litoral, imposible de alcanzar en este momento al depender de la línea de investigación individual seguida en el juzgado mixto de que se trate en cada caso”, señala el texto.

El informe aboga también, entre otras medidas, por reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para evitar que la interposición de recursos frente a cualquier decisión adoptada por el instructor retrase la toma de decisiones; establecer un complemento de peligrosidad o de penosidad en las zonas que sean consideradas especialmente conflictivas; e implantar refuerzos materiales y humanos tanto en los juzgados como en los cuerpos policiales de los municipios más afectados.