El fiscal del ‘caso Tsunami’, designado jefe del ministerio público en Ciudad Real

El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha sido designado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como nuevo jefe de la Fiscalía de Ciudad Real. Carballo fue durante cinco años, hasta 2022, teniente fiscal de la Audiencia Nacional, es decir, el número dos en ese destino. Como encargado de delitos de terrorismo, ha sido el responsable de los informes de la Fiscalía en el caso Tsunami, la investigación que instruye el juez Manuel García-Castellón sobre los disturbios de 2019 en Cataluña posteriores a la sentencia del procés. Carballo siempre ha sostenido que en este caso no había indicios de un delito de terrorismo, y también se mostró contrario el pasado febrero a que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont fuese imputado. Al criterio de Carballo se opusieron doce de los 15 fiscales de la sección Primera de lo Penal del Supremo. Finalmente, el Tribunal Supremo sí abrió causa penal por terrorismo contra Puigdemont.

Carballo, de 59 años, es un fiscal veterano con casi dos decenios al servicio de la lucha contra el terrorismo. Y es también el fiscal encargado en el caso CDR, en el que han sido procesados por terrorismo 12 miembros de estas “células radicales” surgidas en Cataluña para defender la secesión tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En este caso, que instruye igualmente García-Castellón, Carballo sí ha coincidido con el juez en considerar que hay delito de terrorismo, y de hecho pide para los 12 procesados penas de entre 8 y 27 años de prisión.

La marcha de Carballo de la Audiencia Nacional obliga a cambiar al representante del ministerio público en el caso Tsunami, donde García-Castellón va a continuar la investigación por terrorismo sobre los imputados que no están aforados —entre ellos, Marta Rovira, secretaria general de ERC—, una vez que el Supremo solo ha asumido la investigación sobre Puigdemont y el diputado autonómico de ERC Ruben Wagensberg.

El nuevo fiscal jefe de Ciudad Real —su ciudad natal y donde reside— tenía solicitada esa plaza desde hace tiempo, antes de que el caso Tsunami diera un giro cuando el pasado noviembre, después de cuatro años de investigación, el juez señaló por primera vez a Puigdemont y Rovira.