Vox pide al Supremo que reactive las órdenes europeas de detención contra Puigdemont

Vox ha pedido al Tribunal Supremo que, una vez que ha asumido el caso Tsunami, reactive las medidas que en otro momento se adoptaron en la causa del procés para poder someter a juicio en España a Carles Puigdemont, empezando por dictar nuevas órdenes europeas de detención del líder de Junts y expresident de la Generalitat. Así lo expuso este martes el vicepresidente de acción política de Vox, Jorge Buxadé, quien confirmó la presentación de un recurso de amparo de los 33 diputados de su partido ante la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía. A esta impugnación se ha añadido una petición de medidas cautelarísimas solicitando al órgano de garantías que suspenda la reunión que la Comisión de Justicia del Congreso tiene previsto celebrar este jueves para tratar cerrar un acuerdo sobre el texto definitivo de la proposición de ley.

Hay muy pocas posibilidades que el Constitucional adopte la medida cautelarísima, por no decir que ninguna, dados los precedentes ante este tipo de peticiones. En realidad, solo se adoptan cautelarísimas cuando existe riesgo de causar un daño grave e irreversible en caso de no actuar con urgencia. Fuentes del propio tribunal estiman altamente improbable que pueda considerarse que la continuación del trámite parlamentario de la ley de amnistía provoque una situación de estas características.

Vox, en todo caso, no se ha limitado a dirigirse al Constitucional en su ofensiva contra la citada proposición de ley y los beneficios que reportaría a dirigentes y militantes del ámbito independentista cuando llegase a entrar en vigor, por lo que también ha pedido actuar como parte en el procedimiento asumido por el Supremo sobre el caso Tsunami. Una vez que este proceso ha quedado en manos de la Sala Penal, Vox solicitará —si es aceptada su personación en el caso, como el partido ha pedido— que tanto Puigdemont como Sergio Wagenberg, ambos aforados, declaren como investigados.

Buxadé explicó que la solicitud de una nueva orden europea de detención contra Puigdemont y la petición de que se interese la extradición de Wagenberg se deben a que “es lógico esperar la no comparecencia voluntaria de ambos” ante el Supremo. Añadió que Vox se dirigirá asimismo a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la presidenta del Parlament catalán, Anna Erra, para darles cuenta de sus iniciativas. Buxadé se expresó además en términos críticos con respecto al dictamen provisional de la Comisión de Venecia que avaló los argumentos de la ley de amnistía pero criticó que se tramitase de urgencia, y consideró una equivocación que el PP lo hubiera solicitado. En este sentido, explicó que su partido rechazó desde el principio que “el PP, desde la presidencia del Senado y desde su influencia en la presidencia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, demandara la elaboración de un informe”, y añadió que “sólo una visión política de sumisión a las organizaciones internacionales como la que caracteriza al PP puede llevar a tamaño error”.

En cuanto a la petición de amparo, por una supuesta vulneración de los derechos de representación política de los diputados de Vox, este partido alega ante el Constitucional que “sin ninguna duda, por su notoriedad, el tribunal conoce las importantes controversias suscitadas en cuanto a la evidente inconstitucionalidad del texto de la iniciativa”, lo que la formación entiende que ha sido puesto de manifiesto “por una gran e importante mayoría de instituciones y organismos especialmente cualificados”. Vox, en suma, habría presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía de haber dispuesto, como en la legislatura pasada, de 50 diputados, que son el mínimo exigido para este tipo de iniciativas cuando las adopta un grupo parlamentario. La petición de amparo, en cambio, es a título individual de cada diputado, y ya no persigue la anulación de la ley tras ser declarada como contraria a la Constitución, sino la paralización de su trámite parlamentario por entender que vulnera los derechos de los parlamentarios.