Seis cazadores españoles retenidos un mes en Turquía regresan a casa tras retirarse los cargos contra ellos

Ha sido un mes de nervios, angustia e incertidumbre para seis cazadores españoles retenidos en Turquía y acusados —según ellos, injustamente— de haber herido a un aldeano durante una montería organizada en la provincia turca de Malatya (Anatolia Oriental). Un mes de gestiones de sus abogados, de la Embajada de España en Ankara, de negociaciones, de tira y afloja, del desembolso de miles de euros, para poder, finalmente, lograr que se retirasen los cargos contra ellos y regresar este lunes a España. Eso sí, con la sensación de que algo se les escapa, aseguran, y de que han sido víctimas de, como mínimo, una historia muy extraña. “Es kafkiano, y cuantas más vueltas le das, menos sentido le encuentras y más te enfadas”, resume Enrique de la Riva, uno de los afectados.

Los seis españoles —Enrique de la Riva, Carlos Soto Linares, Francisco José López Rodríguez, Francisco Javier Soto García, Juan Claudio Jarillo Gómez y Luis Matías García Casero—, todos ellos con años de experiencia en la práctica de la caza, participaban en un viaje cinegético organizado por la empresa turca Wildhunting in Turkey. “Todo iba muy bien, y en los pueblos por los que pasábamos nos recibían encantados, nos ofrecían té, consideran que les hacemos un favor al cazar jabalíes porque les dañan los sembrados y los frutales, pero ellos no los tocan ni los comen”, explica De la Riva. El jabalí (al que los turcos denominan “cerdo salvaje”) no es de consumo habitual en Turquía, porque, como el cerdo, es considerado un animal impuro por los musulmanes, así que es habitual que empresas locales y foráneas organicen viajes para cazadores extranjeros.

Tras varios días de batidas, en los que participaban junto a personal de la empresa organizadora y a un traductor local, el 3 de febrero, cuando regresaban a sus vehículos al terminar la jornada, se encontraron con que los esperaban unos gendarmes que les comunicaron que había ocurrido un accidente en una zona cercana y que debían acudir a declarar. “Hasta aquí todo fue normal y el trato correcto. Nosotros pensábamos que se nos tomaría declaración y luego podríamos continuar el viaje, porque regresábamos a España al día siguiente”, afirma De la Riva. Esas expectativas no se cumplieron: a partir de ahí, todo se empezó a torcer.

Aquella primera noche, los españoles la pasaron detenidos en un cuartel de la Gendarmería, y al día siguiente fueron puestos a disposición judicial. Entonces el juez y el fiscal hablaron —según confirmaron a EL PAÍS varias fuentes que han seguido el juicio— que un aldeano había resultado gravemente herido y que se debatía entre la vida y la muerte, aunque finalmente resultó ser una persona que había sufrido una herida leve, por una razón que, según el informe médico, no podía ser determinada. El atestado policial también indicaba que era materialmente imposible que la víctima hubiera sido alcanzada por los españoles, que disparaban en dirección contraria y se hallaban a más de un kilómetro del lugar donde resultó herido. “Ese día había también otros cazadores locales por la zona, pero solo nos acusaron a nosotros”, se queja De la Riva. El juez decidió dejarlos en libertad con cargos e imponer medidas cautelares: la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada semana en comisaría.

Después de unos días en Malatya y otros tantos en Ankara, finalmente se establecieron en un hotel en Estambul, pensando que el proceso tendría una rápida resolución. Pero los plazos se fueron alargando. “Nuestra abogada presentó un recurso contra la decisión de retenernos en Turquía, dado que los informes policiales no apuntaban a nosotros, e incluso propusimos depositar una fianza, pero el fiscal se opuso. Decía que seguía habiendo dudas”, añade: “Estábamos moralmente hundidos por no poder ver a nuestras familias, no saber cuándo íbamos a regresar, el coste de la estancia, incluso uno de nuestros compañeros ha perdido su empleo... Al final, nos recomendaron que lo suyo era negociar con la familia del herido para que retirase la denuncia”.

La familia les pidió 75.000 euros, una cantidad que los españoles consideraron “desorbitada” pero, tras una semana de negociaciones, “el asunto se estaba poniendo tan feo” que pagaron, aunque “no todo lo que había pedido, pero sí una cifra muy alta”, asegura De la Riva. El herido retiró la denuncia particular y, tras una reunión de los abogados con el juez y el fiscal, se esperaba que el caso se cerrase rápidamente. Sin embargo, el fiscal se ha tomado su tiempo: no ha sido hasta casi una semana después, este lunes, cuando, tras intensas gestiones por parte de la Embajada de España ante el Ministerio de Justicia turco, ha accedido a retirar su acusación y levantar la prohibición de que los españoles abandonen el país.

“Hemos tenido que pagar por una cosa que no hemos hecho y nos han retenido aquí pese a que no solo no había pruebas contra nosotros, sino que las pruebas indicaban que no habíamos sido nosotros. Lo que está claro es que detrás hay algo que desconocemos, no sé si son cuestiones políticas o que nos han querido sacar el dinero”, concluye el cazador español.