Multa de dos millones a un policía de Palma por alquilar como vivienda 68 trasteros minúsculos

La Consejería de Vivienda del Gobierno de Baleares ha impuesto una sanción de dos millones de euros a la empresa propiedad de un policía local de Palma que gestiona el alquiler como vivienda de 68 trasteros y habitáculos sin las condiciones mínimas legales de habitabilidad. Se trata de cuartos ubicados en edificios de tres barrios diferentes de la capital balear que cuentan, en algunos casos, con menos de 15 metros cuadrados, sin luz natural, sin ventilación y con un sistema eléctrico deficiente. Es la mayor sanción por explotación de infraviviendas impuesta en las islas y cuadruplica el monto total de todas las sanciones dictadas antes por este tipo de infracciones. El policía fue detenido por la comercialización de estas infraviviendas el pasado mes de noviembre y quedó en libertad, a la espera de juicio, acusado de presuntos delitos de estafa, contra la integridad moral y de favorecer la inmigración irregular.

Uno de los edificios que alberga las infraviviendas está situado en la avenida Joan Miró de Palma, en el barrio de Gomila. Es un inmueble de seis plantas, en cuyos bajos y sótanos el policía local tenía montada una red con más de 30 infraviviendas, apenas cinco de ellas en el exterior y con acceso a ventilación natural. Tras bajar unas escaleras, en los estrechos pasillos salpicados de tendederos con ropa colgada, cada puerta metálica de trastero se identifica con un número pintado a mano. En el 5 vive Pilar, que prefiere no dar su apellido, pero accede a mostrar el interior de su casa. Se trata de una pequeña habitación de unos 15 metros cuadrados a la que ha sacado el máximo provecho, con varias torres de cajas y bolsas con todas sus pertenencias empaquetadas por si se tiene que marchar.

En una esquina, tiene un mueble con dos pequeños fuegos eléctricos y una nevera, que comparten espacio con una mesa, la cama y una lavadora. “En el baño hicieron un desastre, pasaba la humedad desde la ducha por todo el suelo”, cuenta enseñando el minúsculo baño. La habitación no tiene ningún tipo de ventilación natural y solo tiene una pequeña ventana que da al pasillo de trasteros.

Pilar lleva tres años viviendo en este habitáculo y paga una renta de 410 euros al mes, a lo que tiene que sumar los costes de luz. “Hay meses que pagamos 60 o 70 euros de luz, en enero fueron 90. Por cada electrodoméstico que ve en la habitación te sube la luz”, denuncia Pilar, que explica que el modus operandi del propietario para cobrar pasa por quedar con los inquilinos de los trasteros para que entreguen la mensualidad en mano, sin retornar a cambio ningún tipo de recibo “para que no haya pruebas de que estamos pagando esas cantidades de dinero”.

Desde la detención del policía, los vecinos están inquietos porque no saben qué será de su futuro y cuándo tendrán que dejar las habitaciones. Para Pilar, el escenario de marcharse es un problema porque “no hay pisos para alquilar” y cree que ella y otros inquilinos terminarán “viviendo en la calle”. “Es normal que me quiera ir de la habitación, estoy harta de las cucarachas, de todo. Pero nosotros tenemos ahora un problema porque si nos echan no tenemos dónde ir, yo duermo con la intranquilidad de que no se sabe lo que va a pasar aquí”.

Sorteando los tendederos en el serpenteante pasillo de azulejos azules, una de las puertas de trastero está totalmente tapiada. Pilar explica que, hace dos meses, el inquilino que vivía en él desde hace años falleció de muerte natural y fueron los vecinos los que se dieron cuenta por el olor. El juzgado ordenó tapiar la puerta tras el levantamiento del cadáver para evitar problemas. En otra de las zonas del sótano, frente al espacio en el que los vecinos han instalado un par de lavadoras y está la fosa séptica, vive en una habitación minúscula R., una mujer cubana que vive sola y prefiere no ofrecer más datos. Su trastero no mide más de 10 metros cuadrados, en los que tiene la cama, una nevera, una pequeña vitrocerámica enchufable y un baño en el que casi no entra una persona.

Muestra un contrato de arrendamiento en el que figuran anotados, a bolígrafo, el precio mensual de 350 euros, el número de su trastero y el precio de la fianza, de 150 euros. El contrato, en el que está el sello de la empresa propiedad del policía local, se establece que el inquilino se tiene que hacer cargo del mantenimiento y las reparaciones de la habitación, incluidas las bombillas y luces. “La renta pactada incluye 60 kW, siendo a cargo del arrendatario el abono del consumo restante”, reza el documento.

R. explica que cada mes el policía mira el medidor de consumo eléctrico individual que hay instalado en la habitación y le cobra la cantidad que considera oportuna, que va de los 60 euros a los 90 del mes de enero, por sobrepasar ese límite. Los apagones, dice, son continuos. “Entra en la habitación y por cada electrodoméstico que ve, sube el importe”, sostiene R. que asegura que en ningún momento entrega facturas que justifiquen los importes. La mujer también manifiesta su intranquilidad sobre su situación y la de sus vecinos después de la sanción impuesta por la Consejería de Vivienda.

“No hemos recibido ninguna orden de desahucio, pero si nos los dijeran, ¿para dónde vamos? Yo pago 350 euros más la corriente, que es lo que a él le da la gana” dice R. Tanto ella como Pilar y otros vecinos han dejado de pagar al policía desde que trascendió que había sido detenido por estafa, contra la integridad moral y otros delitos por la comercialización de los trasteros. “Desde hace dos meses ha mandado a otra persona a cobrar o ha citado a la gente en un bar para que les pagase”, dice Pilar.

En otro de los habitáculos vive una mujer de origen colombiano, que prefiere mantenerse en el anonimato porque se encuentra en situación irregular, con su marido y sus dos hijos menores, uno de ellos de apenas un año. Su trastero es uno de los más grandes y han podido instalar una cama de matrimonio y una litera, además de una mesa y algunos muebles. El espacio está impoluto y bien iluminado, a pesar de que no tienen ninguna ventana. La mujer cuenta que entraron al trastero hace dos meses y el propietario llegó con la policía cuando apenas llevaban cuatro días instalados.

“Vino con la policía, que lo miró todo, vio la nevera llena y todo ordenado y dijeron que no nos podían echar porque parecía que llevábamos tiempo viviendo allí. Él se fue y no le hemos vuelto a ver”, dice. Explica que se van a quedar en el habitáculo hasta que les echen o encuentren una opción mejor, aunque es pesimista con su situación personal y con la del mercado de la vivienda en la isla. Durante el recorrido por el sótano, otros vecinos se acercan a explicar su situación y el temor que tienen a tener que abandonar el único sitio que, dicen, pueden pagar a día de hoy.

La sanción impuesta al policía local, y que le fue notificada a mediados de enero, contempla un periodo de un mes para plantear un recurso de reposición, que el agente aún no ha interpuesto, y de dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo. La Ley Balear de Vivienda contempla sanciones de entre 30.001 euros y 90.000 euros por infracciones muy graves como la que se atribuye al propietario de estas 68 infraviviendas y en este caso se le ha impuesto la mínima fijada en la normativa. La Consejería de Vivienda explica que la resolución de la sanción requiere al policía el cese de la conducta que ha sido objeto de la multa, lo que podría derivar en el desahucio de los inquilinos en un futuro.