La expulsión del Reino Unido de una ciudadana española resucita las tensiones del Brexit

La expulsión del Reino Unido de una ciudadana española el pasado 26 de diciembre, al intentar regresar al país donde reside después de una breve visita familiar a Málaga, ha vuelto a poner sobre la mesa la inseguridad jurídica que sufren muchos ciudadanos comunitarios en territorio británico en la era pos-Brexit. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reclamado una explicación a Londres, “por la expulsión de una ciudadana española, pese a que contaba con la documentación para entrar al país en el que residía junto a su marido”.

Albares confía en que se trate de un “hecho puntual”, y no ha querido echar más leña al fuego, pero lo sucedido ha resucitado la permanente tensión que ha dejado tras de sí el divorcio entre el Reino Unido y la UE. Fuentes de Exteriores han señalado que la Embajada de España en Londres está realizando gestiones ante el Foreign Office y el Home Office (ministerios de Exteriores e Interior) para aclarar la situación de la ciudadana española.

María (nombre ficticio, porque la española no ha querido revelar su verdadera identidad) fue detenida en el aeropuerto londinense de Luton, donde pasó la noche, antes de ser devuelta a España por las autoridades británicas. Vive en el condado de Bedfordshire (al norte de Londres), junto a su marido y a su familia política. Había viajado a Málaga para una breve visita familiar. “Fui a casa porque mi hermana acababa de tener una niña. Cuatro días más tarde, en el aeropuerto de Luton, me metieron en la sala de detenciones, confiscaron mi teléfono y me dijeron que esperara. Pasé allí toda la noche hasta que me embarcaron en un avión de regreso”, ha contado en Málaga al diario The Guardian.

La situación de María es peculiar, pero no única. Tiene que ver con la flexibilidad mostrada por el Gobierno británico con aquellas personas que han intentado acogerse, fuera de plazo, al permiso de asentamiento —”EU settlement scheme”, en inglés― que se puso en marcha antes de que entrara en vigor el Brexit, para que todos los ciudadanos comunitarios que residían entonces en el Reino Unido (y pudieran demostrarlo) preservaran sus derechos de residencia, trabajo y acceso a servicios públicos como sanidad o ayudas sociales. 376.370 españoles tienen ya su permiso de asentamiento o preasentamiento (el primero se obtiene a los cinco años de iniciar el programa, o si el solicitante llevaba ya más de cinco años viviendo en territorio británico cuando lo reclamó). En total, 5,7 millones de ciudadanos comunitarios se han acogido a este esquema.

El plazo para solicitar el permiso concluyó el 30 de junio de 2021, pero Londres sigue aceptando solicitudes que “presenten bases razonables”, y responde a todas ellas. El problema de estos casos es que su situación jurídica tiene algo de limbo y de incertidumbre. La española expulsada había vivido en el Reino Unido entre 2014 y 2018, y viajó después a Sudáfrica para acompañar a su marido, que iba a finalizar su doctorado. Solo una vez finalizada la pandemia pudieron regresar a territorio británico. Una vez de vuelta, María solicitó su permiso de asentamiento. Estaba fuera de plazo, pero convencida de poder demostrar que el tiempo pasado en Sudáfrica no había sido lo suficientemente largo como para invalidar los derechos de residencia que le otorgaba el Acuerdo de Retirada firmado entre Londres y Bruselas.

Presentó los papeles en 2023, mientras se preparaba para dar un vuelco en su carrera profesional, abandonar el diseño y comenzar a trabajar con animales. En junio recibió la respuesta: fue denegada su solicitud, con el argumento de que no había sido capaz de presentar las pruebas necesarias para demostrar su tiempo de residencia en suelo británico. Solicitó una revisión del caso, y recibió un Certificado de Tramitación —CoA, Certificate of Application—. Ese era el documento que le permitía respirar tranquila, porque preservaba su derecho de estancia, para trabajar, estudiar o recibir prestaciones sociales, mientras el expediente fuera resuelto definitivamente. Ese era el documento que presentó en el aeropuerto, a su regreso a Londres, confiada en que su situación estaba en regla.

“Me dijeron que estaba malgastando mi tiempo, que no era verdad que yo pudiera trabajar [en el Reino Unido]”, explica la española.

El Ministerio británico del Interior no comenta casos individuales, pero su portavoz ha explicado que “la prioridad número uno del Cuerpo de Fronteras es mantener nuestras fronteras seguras, y nunca haremos concesiones en este sentido”.

“Los agentes pueden detener a cualquier pasajero que llegue para realizar un examen más detallado si no están convencidos en primera instancia de que cumple los requisitos de entrada. Esta decisión se toma basándose en la información que proporciona el pasajero, no en su nacionalidad”, ha añadido el portavoz.

Sin embargo, las autoridades británicas no consideran que el CoA sea un visado de entrada, y se reservan el derecho a exigir a la persona, durante el control fronterizo, que demuestre que residía en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020, el día antes de que el Brexit entrara en vigor. Es un modo de evitar posibles fraudes. María permanece en Málaga a la espera de que se resuelva su situación.