El ‘caso Maracena’ se ciñe al secuestrador y deja fuera a los dos políticos investigados

El juez del caso Maracena ha emitido un auto este miércoles por el que el asunto se queda en lo que fue inicialmente: la detención ilegal de Vanesa Romero, concejala socialista del de esta ciudad granadina de 22.275 habitantes, por parte de Pedro Gómez Rosa, entonces pareja de la alcaldesa socialista de la ciudad entonces, Berta Linares Carmona. El hecho ocurrió el 21 de febrero del año pasado y el rapto —considerado retención ilegal desde el punto de vista legal­— duró algo más de dos horas porque la concejala, que fue abandonada en el maletero de un coche mientras el secuestrador confeso acudía a comprar un cuchillo y otro material para presuntamente continuar su delito, pudo salir del coche y pedir ayuda. Pocas horas después de liberarse, la Guardia Civil detuvo a Gómez Rosa. La investigación comenzó entonces alentando sorpresas de todo tipo, incluida la supuesta implicación de otros miembros del equipo municipal, que, finalmente, han quedado en nada.

La primera de las sorpresas que dio el caso fue la inclusión en la investigación —a partir exclusivamente de la declaración del secuestrador y sin que constaran pruebas— de tres políticos. Así figuraba en un auto dado a conocer tres días antes de las elecciones municipales. Aparecían como investigados el que había sido alcalde socialista de Maracena durante años y en aquel momento —y en la actualidad— número tres del PSOE andaluz, Noel López; la alcaldesa, que se presentaba el 28 de mayo como cabeza de lista a las elecciones municipales; y la mano derecha de esta, su concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva.

Ahora, el juez, “tras la exhaustiva y minuciosa práctica de diligencias tendentes precisamente a verificar o descartar” la verosimilitud del relato del secuestrador, que habló de una reunión entre los tres políticos y él mismo en la que presuntamente se puso en marcha el secuestro, concluye “la ausencia de elemento alguno que corrobore o ampare siquiera de forma mínima la realidad de tal reunión sostenida por el coinvestigado Pedro Gómez”. Si bien el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía —órgano jurisdiccional competente por ser diputado andaluz— ya exoneró a Noel López en junio, ahora el juez deja fuera de la investigación también a Berta Linares y Antonio García Leyva.

De esta forma, desde este miércoles, explica el juez, “el único objeto de la presente acusa lo constituye el presunto delito de detención ilegal y la presunta inducción al mismo”. En definitiva, el auto indica que se sigan actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado contra Pedro Gómez Rosa por un delito de detención ilegal, dos de amenazas, un delito leve de lesiones y otro de lesiones psíquicas. Por otro lado, impide al Ayuntamiento de Maracena, gobernado ahora por el PP, personarse como acusación particular “por carecer de legitimación”.

Según el juez, Pedro Gómez Rosa hizo semanas antes del delito una búsqueda de pistolas de fogueo en Internet y acabó comprando una pistola simulada marca Colt, de color negro, por 36,99 euros, así como un cuchillo. Según el juez, también pintó “con spray negro la pistola para dotarla de mayor apariencia de autenticidad.” Asimismo, adquirió unos guantes, presuntamente para evitar dejar huellas, bridas de plástico, papel de aluminio para envolver los móviles y evitar un posible posterior rastreo, cinta carrocera y otros efectos. Con todo ello, llegó a las inmediaciones del colegio Granada College, cerca de Maracena, donde se hizo el encontradizo con Vanesa Romero y comenzó el secuestro que acabó en la localidad de Armilla, donde Gómez Rosa había alquilado un local y donde dejó a la concejal en el maletero del coche. Según el auto, Romero sufrió lesiones físicas de poca entidad y psíquicas por las que aún recibe tratamiento y está siendo medicada.

Sobre Pedro Gómez Rosa, el juez indica que “según informe forense no consta que sufra trastorno psiquiátrico alguno, presentando presuntamente un patrón generalizado de falseamiento y exageración de síntomas psicopatológicos y neurocognitivos”. Gómez Rosa ingresó en prisión tras el secuestro y fue puesto en libertad provisional el pasado 31 de julio, situación en la que se mantiene aún.

La otra sorpresa de los primeros días fue la derivación de la investigación hacia una serie de expedientes que Vanesa Romero llevaba en su coche. Supuestamente, decía, eran papeles que mostraban casos de corrupción de los tres políticos ya exonerados, López, Linares y García Leyva. El juez abrió investigación por tres asuntos concretos: la instalación de una gasolinera en la entrada de la localidad, los permisos a la instalación de unos talleres mecánicos y una asignación dineraria a los grupos políticos que la edil secuestrada Romero creía ilegal. El juez ahora abandona también esa línea de investigación.

El caso Maracena vuelve a ser, así, lo que aparentaba el día que ocurrió: el rapto a manos de un hombre que, aparentemente, tenía problemas con su pareja y quiso reconquistarla quitando de en medio a una concejala que, presuntamente, le estaba dando problemas y malos ratos. Entre medias, sin embargo, la involucración de los políticos hizo que la alcaldesa dimitiera del cargo y, una vez celebradas las elecciones, no tomara posesión de su puesto en el Ayuntamiento. Además, aunque el PSOE ganó las elecciones no lo hizo con la mayoría de la que había disfrutado largo tiempo y, con la sombra de delito pendiendo sobre la formación en aquel momento, ninguna otra fuerza quiso pactar con ella por lo que, finalmente, el PP encontró aliados para gobernar Maracena. Veinte años después de estar en manos del PSOE, la localidad, colindante con la capital granadina, volvió a tener un Ayuntamiento popular.