El autor confeso del secuestro de la concejal de Maracena, en libertad provisional desde el 31 de julio

Pedro Gómez, el hombre acusado de secuestrar el 21 de febrero a la entonces concejal de Maracena (Granada) Vanessa Romero, quedó en libertad provisional el 31 de julio, tras cinco meses entre rejas. Así lo ha confirmado a este diario su abogado, que explica que el juez instructor justificó la decisión en el tiempo transcurrido en prisión provisional, en que no hay riesgo de fuga y en que las pruebas que faltan por practicarse van a alargar sustancialmente todo el procedimiento. Gómez debe presentarse todos los lunes a firmar en los juzgados, debe acatar una orden de alejamiento de la víctima y tiene prohibido acudir a Maracena.

El secuestro de la edil Romero precipitó un terremoto político que ha acabado con la carrera pública de la antigua alcaldesa, Berta Linares —que en el momento de los hechos era la pareja de Gómez―, también imputada en la causa; con el cese temporal del número tres del PSOE andaluz, Noel López; y con un cambio en el Gobierno municipal, donde los socialistas habían ejercido el poder desde 2007.

Fueron las declaraciones de Gómez —que padece una enfermedad mental— ante el juez las que pusieron el foco en la entonces alcaldesa; el concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva; y López, secretario de Organización del PSOE andaluz y predecesor en el cargo de Linares, de la que también es primo. El secuestrador argumentó, aunque sin aportar ninguna prueba, que había perpetrado la retención ilegal por indicación de los tres que, siempre según su versión —que no ha podido ser confirmada ni por la posición de sus teléfonos móviles, ni por el dueño del local, tal y como consta en los autos judiciales―, se habían reunido en un restaurante a principios de enero y le instaron a que “diera un susto” a Romero por la mala relación que Linares tenía con ella.

La víctima, en su declaración ante el juez, reconoció que durante el tiempo en que permaneció secuestrada, Gómez no paró de recriminarle lo mal que se lo hacía pasar a quien entonces era su novia: “Como lloras, así la he visto yo llorar a ella por tu culpa”, dijo Romero ante el magistrado.

Gómez ingresó en prisión el 24 de febrero, tres días después de que con la excusa de que se le había estropeado su coche, pidiera a Romero que lo llevara hasta el Ayuntamiento. Allí empezó un secuestro que duró unas dos horas en las que él amenazó a la concejal con una pistola falsa, la ató con bridas, la obligó a meterse en el maletero del vehículo, la dejó sola y encerrada a las afueras de Maracena mientras él regresaba al municipio para comprar un cuchillo y cinta aislante negra en una ferretería. También le dio tiempo hasta de cortarse el pelo en una peluquería cercana. En ese intervalo, Romero consiguió salir del coche y pidió ayuda. Gómez fue detenido al poco tiempo.

El secreto de sumario del caso se levantó tres días antes de las elecciones municipales, conociéndose que el juez solicitaba la apertura de una pieza separada ante el Tribunal Superior de Justicia para López, Linares y García Leyva por entender que al ser el primero aforado y estar los tres vinculados en su supuesta implicación en el secuestro debía instruirse de manera conjunta. Ninguno de los tres había sido llamado a declarar en todo ese tiempo. El TSJA descartó imputar al dirigente del PSOE andaluz y remitió la causa al juzgado de instrucción que, finalmente, llamó a declarar como imputados a la exalcaldesa y al concejal, que en junio defendieron su inocencia.

Fuentes conocedoras del caso señalan a este diario que el juez instructor ha pedido practicar más de 60 pruebas a raíz de las declaraciones de Linares y García Leyva, cuya ejecución llevará mucho tiempo, según ha trasladado la policía judicial al magistrado y que explicaría su decisión de autorizar la libertad condicional a Gómez. La medida, explica su abogado, se solicitó a mediados de julio y se ejecutó el 31 de ese mes, fecha en la que salió de la cárcel. Gómez es, hasta ahora, el uno de los investigados que ha permanecido en prisión.

Paralelamente a la investigación que rodea al secuestro de la concejal de Maracena, el juez ha abierto otra causa para investigar supuestos ilícitos urbanísticos de los que también se tuvo conocimiento a raíz de las declaraciones de Romero, en las que sostuvo que sus sospechas sobre ciertos expedientes contribuyeron a la enemistad existente entre ella y la entonces alcaldesa.