La Audiencia no ve delito urbanístico e impide al juez investigarlo en el caso del secuestro de la concejal de Maracena

Vanessa Romero, concejal de Maracena (Granada, 22.293 habitantes), fue secuestrada en febrero pasado por quien era pareja de Berta Linares, entonces alcaldesa socialista de la localidad. Romero consiguió escapar y la retención duró unas pocas horas. En su declaración ante la policía y el juez, manifestó su creencia de que el secuestro era la manera de callarla porque Berta Linares y su equipo cercano sabían que quería denunciarlos por presuntas irregularidades urbanísticas. El juez dio validez a las creencias de Romero y ordenó investigar, en otro procedimiento, esos hechos. Ahora, la Audiencia Provincial de Granada insta a cesar esa investigación porque, explica, “no se aprecian indicios de la existencia de un actividad delictiva” y abrir esa vía equivale a “una investigación prospectiva”, es decir, sería investigar para ver si aparecen los indicios que no existen y que deberían tenerse ya antes de comenzar.

Aquella mañana del 21 de febrero, cuando fue secuestrada tras dejar a sus hijos en el colegio, Romero llevaba varios expedientes municipales en su coche. Hacía tiempo que iban con ella en el vehículo y en el ayuntamiento corría el runrun de que ella había amenazado a la alcaldesa con denunciarla por presuntas irregularidades. También a Antonio García Leyva, entonces concejal de Urbanismo, y a Noel López, exalcalde de Maracena y ahora y entonces número tres del PSOE andaluz, aunque dejó de serlo temporalmente tras este incidente. El secuestrador, Pedro Gómez, era pareja de la alcaldesa y sufría un cierto trastorno mental. Los indicios –la investigación del secuestro aun continúa y no hay datos firmes– parecen ratificar la idea de que retuvo a la concejala bajo la creencia muy subjetiva de que con ello podría congraciarse con Linares en un momento en el que las cosas no iban del todo en la pareja.

Las declaraciones judiciales tanto de Pedro Gómez como de Vanessa Romero dejaban caer la sensación de que los presuntos delitos urbanísticos del equipo de gobierno ­–relacionados con un gimnasio, una gasolinera, un centro de salud y un taller­– y la posibilidad de que acabaran en un juzgado estaban detrás del secuestro. Las pesquisas policiales resultaron en informes que reconocían no tener datos suficientes pero consideraban oportuno seguir investigando esa posibilidad. Con esos informes y lo que había oido a secuestrador y secuestrada, el 25 de mayo, tres días antes de las últimas elecciones municipales, el juez ordenó investigar a la alcaldesa, al exalcalde y a su concejal por “la presunta comisión de la presunta existencia [sic] de hechos de carácter penalmente relevantes derivados de los documentos intervenidos”. Linares, que optaba a la alcaldía, se retiró de la carrera y el PSOE, aunque ganó las elecciones , no consiguió armar una mayoría. En este momento gobierna el PP gracias a acuerdos postelectorales.

En el auto de la Audiencia Provincial de Granada, los jueces explican que ya la policía “afirma que tal documentación no es suficiente para determinar la existencia de irregularidades en la tramitación de los correspondientes expedientes”. Se refiere a la investigación realizada sobre los expedientes aparecidos en el vehículo de la secuestrada. La Audiencia desgrana caso a caso los cuatro casos urbanísticos analizados y en todos los casos llega a conclusiones como que no existe “indicio alguno con relevancia penal que sobrepase el ámbito de la sospecha que la testigo sugiere”, “Se trata de sospechas … a partir de las manifestaciones de la testigo”, “la afirmación [policial] de que ‘se observa inacción en el Ayuntamiento’, además de constituir una apreciación subjetiva, no aporta indiciariamente relevancia penal sin más” o “son suposiciones o sospechas obtenidas en exclusiva de las declaraciones de la Sra. Romero”.

Los cuatro jueces que firman la sentencia escriben que “las conclusiones policiales, por tanto, se basan exclusivamente en la testifical de la Sra. Romero, que no establece sino sospechas y suposiciones que no encuentran corroboración en los documentos que portaba”. En definitiva, afirman, no aprecian “la existencia de indicios que permitan afirmar la posible comisión de hechos con relevancia penal y que justifique la apertura de un nuevo proceso penal para su esclarecimiento”.

Ahora, a punto de cumplirse nueve meses de un secuestro del que se derivaron diversas actuaciones judiciales en paralelo –por el secuestro propiamente dicho, una derivación del caso ante el Tribunal Superior andaluz por ser Noel López aforado como parlamentario andaluz o esa investigación por presuntos delitos urbanísticos– el caso queda circunscrito desde el punto de vista judicial estrictamente a un secuestro, con el presunto secuestrador en casa desde el 31 de julio pasado tras acordar el juez la medida por no ver riesgo de fuga y ante la tardanza de ciertas pruebas. Fuentes cercanas al caso explican que el juez aun está practicando pruebas y que desconocen cuándo terminará la investigación y se dará paso al juicio oral por el secuestro.