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Dos de cada tres pueblos de Granada sufren riesgo de despoblación

Una investigación de la Universidad estudia 68 variables de cada localidad de la provincia andaluza con menos de 20.000 habitantes

España vaciada Granada
Municipio de Orce, en Granada, que sufre un descenso de su población.mik38 (Getty Images/iStockphoto)

Hace alrededor de 1,5 millones de años se asentó en Orce, en el noroeste de la provincia de Granada, el primer homínido conocido de Europa occidental. Hoy, la localidad tiene 1.118 habitantes y es la población con más riesgo de despoblación de la provincia. Y el peligro le llega por cualquiera de los dos criterios que la Unión Europea establece para dictaminar el riesgo de despoblamiento de una localidad. El primero es la densidad de población. Si viven menos de 8 personas por kilómetro cuadrado, el riesgo es extremo. Si hay entre 8 y 12,5 —la estadística acepta medias personas—, el riesgo es intenso. El segundo factor es la pérdida de población: perder por encima del uno por ciento de habitantes en una década te incluye en la franja de peligro. Orce, con 3,54 habitantes por kilómetro cuadrado y una pérdida poblacional superior al 11% en los últimos 10 años, se enfrenta a una situación delicada.

Pero como Orce, otros 115 municipios granadinos —dos de cada tres de los 174 que forman la provincia— sufren un proceso de despoblación. Tres de ellos –Capileira, Lanteira y Huélago–, exclusivamente por su escasa densidad poblacional. 74, solo por el factor de pérdida de población, donde destaca Gobernador, con una disminución del 35%: tenía 322 en 2010 y en 2022 ya solo 210, un ritmo que puede vaciar el pueblo en dos décadas. Los pueblos afectados por ambos condicionantes son 38 y configuran el grupo de los más preocupantes, un 22% del total. Todos estos datos proceden de un estudio sobre el riesgo de despoblación en la provincia de Granada y medidas para la repoblación, realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Granada (UGR), a instancias de la Diputación de la provincia, que quiere conocer la situación para aplicar las medidas correctoras oportunas.

Andrés Navarro, el catedrático de Economía Financiera que ha dirigido el estudio, explica que no solo han estudiado esos dos factores estipulados por la Unión Europea, sino que han valorado 68 variables de cada localidad. “Aunque nos hemos ceñido a las 167 que tienen menos de 20.000 habitantes porque es el tamaño que compete a la diputación y porque entendemos que las de más habitantes no tienen riesgo cercano de despoblación”. Con esas 68 variables —que pueden verse pueblo a pueblo en el estudio completo al que ha tenido acceso EL PAÍS—, los investigadores han definido las características tipo de los pueblos en riesgo de despoblación: suelen estar formados por varios núcleos de población dispersos, tienen un alto porcentaje de población mayor de 65, bajo de menos de 16 y un número elevado de población dependiente, su tasa de paro es importante y, finalmente, se sitúan a bastante distancia de la capital.

José Ramón Martínez, alcalde de Orce (antes por IU, ahora por Para la Gente), protesta un poco porque lo hayan situado el primero en el listado granadino. “Tenemos un municipio enorme, de 325 kilómetros cuadrados, la mayor parte de ello evidentemente no habitado, y eso nos sitúa ahí, pero aunque tenemos ese problema, no sé si seremos los líderes en ese peligro”, comenta, “aunque es cierto que tenemos ese problema”. El origen, como en tantos sitios, se remonta, según el alcalde, a los años 50 y 60 del siglo pasado, con los desplazamientos masivos a las ciudades que, por ahora, no ha sido posible revertir, “pero hemos de hacerlo o, al menos, ralentizarlo”. Orce, “por donde ha pasado todo el mundo desde hace 1,5 millones de años, aunque ahora se quieran ir”, dice con sorna, no tiene industria, pero “tenemos que coger nuestras fortalezas, y me refiero al patrimonio y la agricultura ecológica, y usarlas para que nadie quiera irse y algunos quieran venir”. Además, pide que administraciones como diputación o Junta de Andalucía hagan el esfuerzo de descentralizarse y no establecer todas sus sedes y agencias en la capital. Martínez explica que ya tienen en marcha algunas medidas para evitar la fuga, pero acepta que hay que reforzar este flanco.

La situación de la provincia de Granada, cuenta el responsable del informe, no es especialmente más preocupante que la de muchas otras, por lo que han investigado, “aunque no existen estudios provincializados en España porque el nuestro es el primero”. Sí hay datos, quizá menos exhaustivos, por comunidades. Ahí, dice, “las comunidades más despobladas son Castilla La Mancha y Castilla-León”.

El grupo de investigadores de la UGR no ha querido quedarse solo en el diagnóstico y ha hecho propuestas. “Conocida la enfermedad, se trataba de ofrecer actuaciones que puedan remediar el mal y, además, no se trata de hacer propuestas genéricas, sino, actuaciones que, a partir de esas 68 variables, se puedan adaptar y aplicar según el caso”. Para ello, han hecho un barrido de lo propuesto y realizado en diferentes sitios y han escrito 50 medidas, distribuidas en cinco ejes estratégicos. Entre ellas, por ejemplo, una que se sugiere para los jóvenes con cierta frecuencia, pero jamás para los mayores de 65: “servicio de transporte de vecinos por carretera (ida y vuelta en el día) a la ciudad de Granada y a otros municipios como los de la costa tropical, con la regularidad y horarios que faciliten la pernoctación en el municipio objeto de subvención”. Y si puede ser, gratuito, explica Navarro. “Eso permitiría a mucha gente, sobre todo a quienes tienen que ir a médicos u hospitales con cierta frecuencia, vivir en sus pueblos y viajar gratis y con horarios adaptados a la capital. Ahora, muchos viven en la capital solo por esa cercanía médica”, concluye.

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Francisco Rodríguez, presidente popular de la diputación provincial, justifica la exhaustividad del informe en la necesidad de “analizar primero la situación y evitar tomar medidas al azar”, como se ha hecho antes. También, recuerda, la provincia de Granada presenta algunas dificultades extras a tener en cuenta en lo que a movilidad y transporte se refiere. En primer lugar, “Granada es la provincia con más municipios de Andalucía”. También que “con Sierra Nevada y la Alpujarra, un porcentaje elevado de la provincia tiene una orografía especialmente complicada”. En la Alpujarra, en concreto, una zona de acceso cuanto menos complicado, 20 de los 24 pueblos pierden población. Alguno, sin embargo, ha encontrado solución al problema explotando sus fortalezas. Pórtugos, explica Rodríguez, progresa con cada vez más niños y aulas en el municipio porque “ha encontrado su solución en la industria del jamón que, con sus empresas y secaderos, está fijando a muchas familias a la zona”. Esa es parte de la solución, encontrar la fortaleza local y desarrollarla.

Además de la orografía, en la provincia hay otro problema añadido, explica el presidente de diputación, la existencia de localidades con población diseminada aquí y allá. Un ejemplo evidente es el de Loja (20.555 habitantes), del que dependen 18 núcleos de población. Algunos de ellos, con 2.000 habitantes, resultan finalmente más grandes y con más habitantes que otras localidades con autonomía propia.

Rodríguez, seguro de que “con medidas políticas podemos retener a la población en los pueblos”, ha tomado ya medidas concretas para intentar corregir ese problema, entre otras, nuevas subvenciones y más presupuesto para obras y servicios en los pueblos en riesgo de población y, específicamente, a los que tienen núcleos de población diseminados. La perseverancia en estas medidas y la evaluación de la efectividad de las medidas ofrecerá en un cinco o diez años nuevos indicadores para saber si se va en la dirección correcta o no.

Industria de la dependencia

Orce, con un fuerte patrimonio paleontológico y natural, y con la mayor superficie de la provincia —”que no rendimiento”, aclara su alcalde—, ha encontrado su particular mina de oro, sin embargo, en la vejez. La mayor empresa de Orce, explica José Ramón Martínez, es la de la dependencia. “Más de 20 personas trabajan en el cuidado de las personas mayores a partir de la ley de dependencia. Sé que es una industria pública, en tanto que los fondos proceden de la administración, pero es trabajo y, por tanto, riqueza y población que permanece aquí y también apostamos por ello”.

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