La llave de la justicia para Lucía Garrido

En este juicio —cuyo veredicto se conocerá esta semana— casi todo ha girado en torno a una llave. Suelta, sin llavero, plateada, de cabeza redonda, de unos cuatro centímetros. Es la llave que abría la puerta exterior de la Finca de los Naranjos, en Alhaurín de la Torre (Málaga). Fue encontrada por agentes de la policía judicial de la Guardia Civil tirada en el suelo, detrás de una tinaja de barro, junto a la puerta de entrada a la vivienda, donde el 30 de abril de 2008 los asesinos de Lucía Garrido, de 48 años, la atacaron por la espalda. Sucedió a plena luz del día, hacia las 14.30, según los cálculos forenses. Su cuerpo, con un fuerte golpe en la cabeza y una herida de arma blanca en la yugular, fue hallado tres horas más tarde flotando en la piscina. Hasta allí la arrastraron sus agresores, la arrojaron al agua y la apuñalaron en el cuello para asegurarse de su muerte, según el análisis forense y la inspección ocular.

Junto a la puerta de la casa quedaron esparcidas las bolsas de la compra que Lucía traía ese día, una cartera color rosa y esa llave. Una objeto que cobró importancia para los agentes cinco días más tarde, cuando rescataron del fondo de la piscina, además del cuchillo con el que fue apuñalada, su llavero y las llaves de su coche, que se le habían caído del bolso. ¿De quién era entonces esa otra copia de la llave de entrada a la finca? ¿Cómo había llegado hasta allí y por qué estaba tirada, junto a las cosas que llevaba Lucía, en la puerta de la casa? ¿Alguien pudo entrar con esa llave con el único objetivo de esperarla y matarla, ya que no hubo robo? ¿Pero por qué iban a querer matar a una mujer separada con una niña de 12 años a su cargo a la que no llegó a recoger en el colegio ese día?

Comenzó así una investigación llena de obstáculos que fue culminada por el servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil (SAI), y que destapó una red de narcotraficantes entre los que había guardias civiles, hoy expulsados del cuerpo, procesados y algunos condenados. Dos de esos guardias, Amador Pérez Luque y José Antonio Baena, fueron absueltos en la primera edición de este juicio (en 2019), repetido en las dos últimas semanas por no respetarse las mayorías necesarias en las votaciones del jurado. Al mismo grupo delincuencial estaban ligados los dos únicos acusados del crimen que quedan hoy: el marido de Lucía, Manuel Alonso (64 años), presunto “cooperador necesario” del asesinato; y un ciudadano colombiano llamado Ángel Vaello, que por aquel entonces contaba 24 años y hoy, con 39, se sienta en el banquillo como presunto “autor material”. El análisis de los restos de ADN hallados en aquella llave tirada junto a la compra de Lucía le descubrió. Los investigadores también encontraron material genético de una segunda persona que, debido a la escasez de la muestra lograda, no ha podido ser identificada.

A sabiendas de que en esa llave está la mayor prueba de cargo del caso, las defensas —con sus peritos particulares— han tratado de desacreditarla poniendo en duda la cadena de custodia y los análisis de criminalística, y creando un suerte de teoría de la conspiración supuestamente urdida por los agentes de Asuntos Internos contra los dos investigados.

El primer acusado, Alonso, había estrechado relaciones con la Guardia Civil porque guardaba en su finca de Los Naranjos los anímales exóticos (leones, tigres, pumas, cerdos vietnamitas...) que le traían, tras haberlos incautado, agentes del Seprona, (servicio de protección de la Naturaleza del instituto armado). Él los vendía, los agentes implicados se los volvían a incautar a los nuevos propietarios y se los volvían a traer, y así tenían montado un negocio circular, según se explicó en el juicio. Además, según los atestados policiales, el hombre utilizaba esa suerte de zoológico para ocultar alijos de droga bajo las jaulas, es decir, usaba su finca como guardería, conocida y frecuentada por guardias civiles corruptos y narcos, según los investigadores.

El segundo acusado, Vaello, conocido como “el Rana” por sus ojos saltones, es un delincuente con una ristra de antecedentes policiales y que había ejercido también de confidente de algunos miembros de la Guardia Civil ligados a la trama: “Nos daban información y seguridad para trasladar el hachís”, declaró la semana pasada un testigo protegido sobre la relación que mantenían con los agentes.

Los dos investigados, aunque han sido condenados por otros delitos y han estado en la cárcel, llevan años viviendo en libertad y estos días entraban y salían del juzgado acompañados de familiares, amigos y abogados.

Han pasado nada menos que 15 años de aquel asesinato clasificado como de violencia de género, aunque las denuncias de Lucía cayeran en saco roto en la comandancia de la Guardia Civil, donde se encontraban los “amigos” de su marido, y nunca fuese protegida. Su hija, que vivió con ella su calvario matrimonial, tiene ahora 27 años y declaraba esta semana que no tiene ninguna duda de que su padre está detrás del asesinato de su madre. “Dos semanas antes de su muerte le dijo a mi tía Rosa que si le pasaba cualquier cosa se quedara conmigo. A mí me sentó para decirme: prepárate, que puede pasar cualquier cosa”, contó, oculta por un biombo en el juicio.

En este largo tiempo sin justicia, Manuel Alonso ha matado de dos certeros tiros de escopeta —asegura que “en defensa propia”— a dos hombres colombianos que entraron en su finca de Los Naranjos el 25 de abril de 2009, justo un año después del asesinato de Lucia. Ese juicio, “el de los colombianos”, en el que también se investiga a Vaello, sigue pendiente de fecha. En todo este tiempo esperando justicia, ha muerto de cáncer la hermana de Lucía, Rosa, que abanderó la lucha por que se conociera la verdad oculta detrás de su asesinato junto al guardia civil Ignacio Carrasco, secretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Málaga. Además, se celebró un juicio en 2019, con tantas irregularidades que fue anulado. Justo antes fueron asesinados a quemarropa otros dos colombianos del mismo grupo de narcos (conocidos como ”Los niños de Fuengirola”), cuando empezaron a querer colaborar con los investigadores de Asuntos Internos. Un tercero, hoy el testigo protegido, se libró de la muerte porque se le proporcionó una nueva identidad y su declaración (por videoconferencia) esta semana en el juicio ha sido crucial, ya que ha desvelado la vinculación entre Alonso y Vaello, pese a que ellos negaron conocerse. Por si había pocos muertos en este turbio asunto, un agente relacionado con los guardias corruptos se suicidó. Y todo el caso ha sido desgranado con sus oscuros protagonistas en una multipremiada serie documental de RTVE Play, Lucía en la telaraña, dirigida por Tomás Ocaña.

Llegado este punto, un jurado de diez miembros, siete hombres y tres mujeres de entre 30 y 50 años, debe dirimir entre hoy y mañana —cuando se espera el veredicto— si, como defienden los investigadores, la Fiscalía y los abogados de la acusación, Manuel Alonso hizo llegar la copia de aquella llave de la entrada de la finca al presunto sicario Ángel Vaello para que matara a su ya entonces exesposa, a quien un juez había otorgado el uso de la vivienda familiar y la custodia de su hija tras su separación. El presunto móvil: Lucía Garrido sabía demasiado y era un estorbo para la continuación de sus ilícitos y boyantes negocios. En cualquier momento podía delatarle a él y a sus cómplices. Los testimonios de la hija, las amigas y los familiares en el juicio, aparte de las denuncias y las sentencias judiciales, apuntan a que, desde la ruptura como matrimonio, Manuel le hizo la vida imposible a su mujer con tal de echarla de la finca: las dejó sin agua y sin luz a ella y a su hija, dejó de alimentar a las fieras para aumentar su agresividad, no le pasaba la pensión por la niña ni pagaba el colegio ni ninguno de los gastos que le correspondían, la amenazaba de muerte. La médica de familia de Lucía le diagnosticó un “cuadro agudo de ansiedad”, según declaró en el juicio. Sus amigas contaron que Lucía, muerta de miedo, no se fue de aquella casa porque creía que era la única manera de tener algo y no quedarse con su hija a la intemperie. Alonso montó supuestamente una coartada para estar fuera de Málaga el día del crimen, haciendo un viaje en coche y guardando todos los tickets.

La otra versión de esta muerte que tendrá que contemplar el jurado es la de las defensas, que sostienen que aquí hay un complot policial contra los acusados y que se habrían fabricado pruebas falsas para incriminarles. Sin embargo, en este juicio —repetido tras anularse el de 2019— dos guardias han cambiado su versión y, en lugar de decir que no se conservó la muestra de ADN obtenida de aquella llave en el laboratorio tras un primer análisis, han reconocido que sí se conservó (los agentes serán juzgados por falso testimonio este 13 de noviembre). Fue ese segundo análisis, con ocho años de diferencia respecto al primero y con técnicas más avanzadas, el que desveló el perfil de Vaello e hizo que un crimen de violencia de género destapara todo un entramado de narcotráfico y corrupción policial. Esa llave es la de la justicia para Lucía Garrido.